ANSA/ Chile: Contrapunto del gobierno al duro informe de la U

SANTIAGO DE CHILE, 13 DIC - El gobierno chileno replicó hoy al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos con que "es necesario precisar y aclarar una serie de afirmaciones y conclusiones que no están adecuadamente representadas o contienen información errada".
En una declaración pública, la subsecretaría de Derechos Humanos dependiente de ministerio de Justicia de Chile recapituló la situación vivida desde el estallido social del 18 de octubre y apuntó que, paralelamente a las demandas de la ciudadanía, se vivió un alto grado de violencia.
Justamente eso, afirma, fue "lo que obligó a decretar el estado de emergencia por 10 días".
La administración del presidente conservador Sebastián Piñera recalcó también que fue el gobierno el que pidió a la Alta Comisionada, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, que enviara una misión a Chile.
En esa línea, dijo que "el Estado lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas y el gran número de personas lesionadas que se han producido en este contexto de violencia extrema, afectando en muchos casos la integridad física o psíquica de civiles y funcionarios de la fuerza pública".
Mencionó el compromiso de "prestar asistencia a las personas que han denunciado ser víctimas de la violencia".
También dio cuenta de la institucionalidad del país y de la separación de poderes, "que han ejercido su función en forma independiente, imperando en Chile el ejercicio pleno de los derechos y libertades fundamentales".
Dicho eso, hizo algunas precisiones a las afirmaciones contenidas en el Informe.
De las 26 muertes ocurridas en el contexto de las protestas, señaló que, de ellas, cuatro podrían atribuirse a agentes del Estado, tal como lo señala el Informe.
Los demás casos corresponden a fallecimientos atribuibles a otras causas, la mayoría de los cuales ocurrieron en el contexto de saqueos e incendios "y no tienen relación alguna con las manifestaciones pacíficas.
Todos los cuales están siendo investigados por el Ministerio Público".
Respecto de las lesiones oculares, advirtió que "el Informe no incluye las cifras entregadas por el Ministerio de Salud, proporcionadas por la Unidad Trauma Ocular del Hospital El Salvador".
Detalló que entre el 18 de octubre y 02 de diciembre se han atendido a 239 pacientes, de los cuáles 16 han sufrido pérdida total de la visión un ojo y 75 tienen visión normal.
148 pacientes están en evaluación de recuperabilidad.
Adicionalmente, declaró, "el Gobierno lamenta profundamente el caso de dos personas que han perdido completamente la visión en sus dos ojos".
Sobre las ejecuciones extrajudiciales de las que habla el informe, interpeló que "no corresponde utilizar esta figura en un país donde funciona plenamente el Estado de Derecho, pretendiendo involucrar a dos agentes del Estado imputados como autores del delito de homicidio y cuya investigación está en manos del Ministerio Público.
Sólo se establecerá su veracidad en la sentencia judicial correspondiente".
De la libertad de la prensa y defensores de derechos humanos, respondió el gobierno que "el informe no entrega antecedentes que demuestren la existencia de represalias o restricciones al trabajo de los defensores de derechos humanos y al ejercicio de libertad de expresión y de prensa, por parte del Estado".
La subsecretaría aseguró que "la colaboración ha sido total y permanente, lo cual ha sido públicamente reconocido por las instituciones involucradas".
Finalmente, el Gobierno concluyó que el informe que "en algunos casos, afirma la existencia de violaciones de derechos humanos antes de que concluyan las investigaciones en curso".
"En ese sentido, el Gobierno reitera la importancia de validar las fuentes de información, pues se han corroborado un gran número de noticias falsas profusamente divulgadas pese a ser descartadas por el Ministerio Público o los Tribunales de Justicia", subrayó.
No obstante, la administración de Sebastián Piñera agradeció al Alto Comisionado "la celeridad con la que concretó su visita y por la disposición que tuvo su Misión para recabar informaciones, tanto del Gobierno como de la sociedad civil".
Asimismo, concluyó, "las orientaciones y recomendaciones son bienvenidas, ya que tienen como objetivo mejorar prácticas en materia de derechos humanos, siendo estos una prioridad para el Estado de Chile.
Sus recomendaciones contribuirán al análisis integral a que estamos abocados".
(ANSA).