Fernandez critico el criterio centralista de la Corte que quita dinero a los que mas necesitan

El presidente Alberto Fernández defendió hoy el federalismo en la asignación de los recursos y renovó sus críticas a la Corte Suprema por expresar un "criterio centralista" y la acusó de "quitarle dinero a los que más lo necesitan" en favor de la ciudad "más opulenta del país", en referencia al fallo que benefició al distrito porteño en la disputa por la coparticipación.
Al inaugurar el 141° período de sesiones ordinarias, el mandatario señaló que "la intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria" del Estado nacional es "definitivamente inadmisible", en referencia al fallo de la Corte en la controversia iniciada por los fondos coparticipables que Mauricio Macri redireccionó a favor de la Ciudad de Buenos Aires en 2016.
Esta alusión generó cruces airados con la bancada opositora de Juntos por el Cambio, en particular con el legislador del PRO Fernando Iglesias, y el abandono de algunos diputados del recinto.
En su discurso, el Presidente planteó que "los episodios recientes en la disputa por los recursos nacionales y su coparticipación con nuestras provincias hicieron evidente cuál es el bloque de intereses tradicionales que pretenden consolidar las enormes asimetrías que aún existen en la Argentina".
Así, advirtió que "mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable, la Corte Suprema aseguró a la Ciudad Autónoma recursos coparticipables que no le corresponden, contrariando la ley de coparticipación vigente".
Ante la presencia del presidente del tribunal, Horacio Rosatti, y del juez Carlos Rosenkrantz, el jefe de Estado denunció al más alto estamento judicial del país por "quitarle dinero a los que más necesitan" para destinarlo a la "ciudad más opulenta".
Si bien se definió "orgullosamente porteño" luego advirtió que "no puede ser indiferente" al ver las "asimetrías que separan a esta maravillosa ciudad de rincones de la Patria".
Tras afirmar que su Gobierno está "obligado éticamente" a "poner fin a tanta desigualdad", el mandatario señaló que "los recursos coparticipables se distribuyen de acuerdo a las formas establecidas por una ley convenio que han firmado cada una de las provincias y el Estado nacional".
Fernández insistió en que el fallo de la Corte sobre el litigio por la coparticipación es una de las cuestiones más graves, porque implica que el tribunal asumió funciones que no le competen.
"La intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria es definitivamente inadmisible", puntualizó, y recordó que los recursos coparticipables se reparten entre los Estados provinciales de acuerdo a una ley convenio del que no forma parte la CABA.
"La Ciudad Autónoma no forma parte de ese convenio y no tiene derechos sobre esos recursos. Debe recibirlos del Estado nacional cuando éste le transfiere un servicio que hasta ese momento prestaba. Esa decisión es parte de la gestión administradora del Poder Ejecutivo nacional y no puede ser sustituida por otro poder", subrayó.
Para Fernández, el fallo del año pasado del máximo tribunal "excede sus facultades, olvida la regla jurisprudencialmente fijada que reconoce 'cuestiones políticas no judiciables' y pone en riesgo la lógica redistributiva de la Ley de Coparticipación Federal, causando un severo daño al equilibrio de las cuentas públicas".
El 21 de diciembre del año último, la Corte Suprema dispuso que el Gobierno nacional le pagara al Gobierno porteño el 2,95 por ciento de la masa de impuestos coparticipables en el marco de la disputa entre ambas administraciones.
El máximo tribunal no resolvió la cuestión de fondo sino que avaló la medida cautelar que había sido solicitada por el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta luego de que el Estado nacional y la CABA no se pusieran de acuerdo en el costo que implica el mantenimiento de la función policial.
Esa controversia llegó a la Justicia a partir del incremento que dispuso Mauricio Macri en los fondos que recibe la Ciudad basándose en la transferencia al distrito porteño de la estructura de comisarías de la Policía Federal.
Después de que el Gobierno hiciera a fines de año una presentación para que el propio alto tribunal suspendiera los efectos de su propio fallo, el Presidente anunció el 1° de enero último y junto a un grupo de gobernadores el envío de un proyecto de juicio político a Rosatti para que se investigue tanto su conducta en el "desempeño de sus funciones" como la del resto de los integrantes.
De todos modos, en ese mismo anuncio el mandatario aclaró que hasta que se resuelva la cuestión de fondo el Estado nacional cumplirá la medida cautelar pagando con bonos.
Y explicó que, como los fondos para los pagos ordenados por la Corte no estaban contemplados en los presupuestos de 2022 ni 2023, los únicos recursos disponibles que se podían reasignar para tal fin eran bonos del Tesoro Nacional en pesos ajustables, conocidos como "bonos TX31".
La transferencia con esos bonos comprenderá los montos correspondientes a 90 días de vigencia de la medida cautelar, "a la espera del fallo definitivo o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes", aclaró el Presidente en esa oportunidad. (Télam)