Barrancos: "Las escuchas ilegales en Melchor Romero fueron una forma de tortura"

La socióloga y asesora presidencial Dora Barrancos, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), analizó hoy que "las escuchas ilegales en la alcaidía de Melchor Romero fueron una especie de tortura", luego de que el organismo se presentó esta semana como querellante institucional en la justicia federal de Lomas de Zamora en la causa por espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri.
"La Comisión tiene obligaciones indelegables porque ha sido designada como Mecanismo Local de Prevención contra la Tortura, y en esta malla de espionaje ilegal, en esta avería republicana tan grave, donde se encontraron dispositivos de escucha en la sala de visita de la alcaidía de Melchor Romero, también podemos decir que ese accionar configuró una forma de tortura", dijo Barrancos.

Agregó que estas prácticas son "absolutamente ilegales porque la Ley de Inteligencia 25.520 dice expresamente que no se puede injuriar a quienes están detenidos con lo que sería un exceso, en este caso, sería más que un exceso, una forma de tortura, meterle dispositivos para controlar qué dicen las personas privadas de la libertad en diálogo con sus abogados".
"Entendemos que ha sido brutal el incumplimiento de la ley y por esa razón la Comisión se ha tornado como querellante en el Tribunal de Lomas de Zamora, porque se trata de una obligación que no podemos declinar", insistió.
El martes pasado la CPM hizo la diligencia como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, debido a que en allanamientos se encontraron dispositivos de escuchas en salas de visita de la Alcaidía de Melchor Romero, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
"La injerencia arbitraria sobre la privacidad de las personas está prohibida por la Ley de inteligencia y viola garantías y pactos internacionales de derechos humanos. Más grave aún resulta si, además, ocurre cuando se trata de detenidos y detenidas bajo la tutela del Estado", precisaron fuentes del organismo.
Agregaron que "las circunstancias por la que las personas detenidas pierden su libertad, no anulan ni deben menoscabar sus derechos humanos de ningún orden, menos aún los civiles y políticos".
En el mismo sentido se pronunció Roberto Cipriano García, secretario de la CPM.
"Hace 17 años la Comisión lleva adelante el monitoreo y control de los lugares de encierro, así como del accionar de las fuerzas de seguridad", explicó y dijo que se presentaron como querellantes también en la "causa iniciada en los tribunales federales Comodoro Py por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño".
"Lo que se investiga son acciones de espionaje ilegal y el actuar de integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense en la vieja unidad 29", añadió.

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El secretario de la CPM contó que obra en las investigaciones que "funcionarios de la AFI del gobierno anterior, ingresaron con vehículos de la propia AFI a realizar la instalación ilegal de los cableados así como la instalación de los micrófonos en dependencias donde las personas detenidas recibían a sus abogados, con el fin de escuchar las conversaciones".
"De lo que se desprende de la causa se cree que el objetivo era escuchar a gente vinculada con los (sindicalistas Hugo y Pablo) Moyano, a los que pensaban detener y llevar allí. La idea era escuchar a determinados detenidos, también pensaban escuchar a una persona vinculada con La Salada y a (Víctor) Schillaci", condenado por el Triple Crimen de General Rodríguez, relató Cipriano García.
Las irregularidades fueron detectadas cuando bajo la administración anterior "un funcionario del Ministerio de Justicia llama a la directora de la unidad y le dice que va a ir personal a trabajar en la sala de abogados pero que no había que registrar esos ingresos. A la directora le pareció raro porque todos se registran, por lo que igual, cuando estas personas se presentaron, fueron registradas junto al vehículo. Todos eran de la AFI, fue en el 2017", precisó.
También contó que hoy en la causa se investiga "a un agente del Servicio Bonaerense Penitenciario que incluso se fue luego a trabajar en comisión a la agencia de inteligencia".
Cipriano relató que por el momento "no se sabe qué habrán escuchado ni por cuánto tiempo funcionaron los cableados".
"Es una causa muy voluminosa, con muchos querellantes, un poco desordenado para poder acceder a las pruebas", dijo, y recordó que todavía no fueron aceptados como querellantes porque "está demorada por el cambio de juez", en relación al traspaso de la investigación que pasó de Federico Villena a Juan Pablo Auge.
Consultado sobre si existen antecedentes de hechos de espionaje de este tipo en democracia, recordó que la Comisión surgió en "1998 cuando se descubren los archivos secretos de la Policía Bonaerense que había realizado espionaje entre la década del 50 y 1998 a través de la entonces llamada DIPBA (Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires) destinada al espionaje político y social".
"En esta causa hay similitudes con aquella situación excepto por lo tecnológico ya que antes todo era en papel y ahora son formatos digitales, pero en ambos casos hubo claramente espionaje político y social, metiéndose en la vida de las personas para luego extorsionarlas", dijo.

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Sobre el lugar elegido para desarrollar el espionaje, Cipriano explicó que se trata de una zona donde "hay mucho flujo de detenidos porque por ahí ingresan al sistema. Circula bastante gente, por eso tampoco sabemos la cantidad de afectados por este accionar".
"En junio pasado se hizo un allanamiento y se quitaron todos los cables, y los pasos a seguir por nuestra parte son ahora esperar para poder acceder a la causa y proponer medidas de prueba y controlar los actos judiciales que se van ordenando", aseveró.
Asimismo indicó que desde la CPM vieron "bien" el traspaso de la causa al juez Juan Pablo Auge, porque el anterior magistrado "no podía seguir con la investigación porque también, en otras causas, había dispuesto acciones de inteligencia"; y valoró la decisión del presidente Alberto Fernández de "intervenir la AFI y eliminar el carácter de fondos reservados".
"También celebramos que efectivamente se investiguen estos actos de inteligencia ilegal, ya que un régimen democrático no tiene nada que ver con estas prácticas, que se asemejan más a tiempos de dictadura", finalizó. (Télam)