Presentan un proyecto para derogar el decreto que habilita la importación de basura

Fernanda Vallejos, diputada nacional por el FpV-PJ, presentó un proyecto de ley donde pide derogar el Decreto Nacional 591/2019 publicado el 26 de agosto, con el cual el Gobierno nacional permitió la importación de basura y residuos de otros países para ser reutilizados en el país, sin control de toxicidad de origen.

El proyecto que fue acompañado por los diputados Roberto Salvarezza, Verónica Mercado, Alicia Soraire, Cristina Álvarez Rodríguez y Jorge Romero, manifiesta que “el nuevo decreto viola dos principios elementales del derecho vigente: uno es el de no regresión ambiental que indica que no se puede retroceder en el derecho, y el otro es el principio de progresividad para buscar aumentar la protección jurídica”.

En torno a esto, se establece que a través del Decreto 591/2019 se modifica sustancialmente el 181/1992 que definía que para la importación de residuos se debía pedir una autorización de la autoridad ambiental. Con ese cambio se les libera de un control a materiales reciclables como cartón, papel y plásticos, con el que se habilita la importación indiscriminada, al eliminar el requerimiento del certificado “de inocuidad sanitaria y/o ambiental”.

De acuerdo a la iniciativa presentada por Vallejos, además de avanzar sobre los esquemas jurídicos de protección ambiental, la medida afecta el desarrollo de las economías populares. Por ese motivo, organizaciones ambientales y de trabajadores recicladores rechazaron la aprobación del Gobierno y señalaron que el ingreso de material reciclado convierte al país en “basurero del mundo”.

Además, en el escrito presentado se indica que “importar residuos resulta doblemente nocivo para el país: por un lado, gastamos recursos escasos para traer bienes que no nos reportan beneficio alguno, e incluso perjudican a los que menos tienen; por el otro, adquirimos elementos de peligrosidad elevada que generan externalidades negativas, costos económicos, sociales y de salud muy importantes, que el Estado argentino deberá afrontar”.