Aprueban préstamos del Banco Mundial para políticas sociales

El gobierno avaló tres contratos de financiamiento del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, del grupo Banco Mundial, por US$ 1.250 millones para políticas de desarrollo inclusivo, protección de niños y jóvenes.

Economía13 de diciembre de 2018 Redaccion GLP
El gobierno avaló tres contratos de financiamiento del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, del grupo Banco Mundial, por US$ 1.250 millones para políticas de desarrollo inclusivo, protección de niños y jóvenes, .

Los contratos fueron aprobados mediante los decretos 1129, 1130 y 1131/2018 publicados hoy en el Boletín Oficial.

Uno de ellos, por US$ 500 millones, estará destinado a financiar el “Primer Préstamo Programático para Políticas de Desarrollo Inclusivo”, destinado a apoyar políticas públicas clave para el crecimiento con equidad.

En este sentido, indica que apunta a fortalecer las bases para el crecimiento liderado por el sector privado, a través del aumento de la inversión privada; fortalecer el régimen anticorrupción, que mejore a su vez el marco institucional y los sistemas procesales y judiciales y reforzar las redes de seguridad social y mejorar la equidad fiscal, estableciendo una política fiscal compartida en forma equitativa.
Los empréstitos obtenidos tienen como principal fin avanzar en las distintas problemáticas.

Otro préstamo, por US$ 450 millones, será para el “Financiamiento Adicional para el Proyecto para la Protección de Niños y Jóvenes”, que apunta a expandir la cobertura de los Programas de Asignaciones Familiares; y mejorar la transparencia de los programas de protección social implementados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Finalmente, se aprobó un préstamo por US$ 300 millones para financiar parcialmente el “Apoyo del Proyecto de Cobertura Universal de Salud Efectiva en Argentina”, cuya finalidad es incrementar la cobertura efectiva y equitativa de los servicios sanitarios clave suministrados a la Población Elegible; y aumentar la capacidad institucional de las carteras de Salud y Desarrollo Social.

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