
Diputados tratará el miércoles el proyecto de Ficha Limpia
La iniciativa, respaldada por La Libertad Avanza y parte de la oposición, busca inhabilitar a condenados por corrupción para ocupar cargos públicos.
El senador de Unidad Ciudadana, Gustavo Traverso cruzó a la administración provincial por la crisis en Salud y reclamó por la asistencia de IOMA.
Legislativas02 de marzo de 2018 Redaccion GLPEl senador bonaerense de Unidad Ciudadana Gustavo Traverso, solicitó informes al Ejecutivo provincial por la situación actual del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) frente a la suspensión de prestaciones a los afiliados y la falta de pago a profesionales y proveedores.
“Nos reunimos con los diferentes prestadores de salud del IOMA y en todos los casos hemos notado un profundo malestar y angustia por la falta de pagos, hace más de 40 días que no depositan un solo peso en la cuenta de los prestadores”, explicó Traverso.
|"Nos reunimos con los diferentes prestadores de salud del IOMA y en todos los casos hemos notado un profundo malestar y angustia por la falta de pagos"
“La preocupación es que hoy peligra la atención médica y de salud de la población bonaerense y por eso queremos saber hacia dónde va el sistema sanitario de los y las trabajadores de la Provincia de Buenos Aires” reclamó el legislador.
Traverso precisó que “desde IOMA alegan que el atraso en los pagos se debe a un cambio en el sistema de liquidación. Nuestra preocupación más grande es saber si lo que hay detrás de esto no es un intento de vaciamiento del IOMA, generando una crisis para volver al viejo sistema de las gerenciadoras al que tanto nos tienen acostumbrados estos gobiernos neoliberales”.
El pedido de informes se da con motivo de las protestas realizadas por prestadores de servicios de salud, quienes ante la falta de pago por parte del IOMA se ven obligados a suspender los servicios, poniendo en riesgo el acceso al sistema de salud de las y los trabajadores del Estado provincial.
La crisis en el pago de prestaciones por parte de IOMA se arrastra desde el año pasado, por lo que los más de 700.000 de los 2 millones de afiliados de esa obra social enfrentan un grave riesgo de quedar sin cobertura.
La iniciativa, respaldada por La Libertad Avanza y parte de la oposición, busca inhabilitar a condenados por corrupción para ocupar cargos públicos.
La oposición kirchnerista rechazó la medida y la tildó de inconstitucional, mientras que desde el oficialismo defienden que pondrá fin a la “puerta giratoria”.
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