Oficina anticorrupción: lo que opina Vidal y lo que dice la constitución

Tal como se estableció en la Constitución Nacional en el año 1994, los delitos graves contra el Estado que conlleven enriquecimiento, constituyen un atentado contra el sistema democrático. Lo repetimos: un atentado contra el sistema democrático. En el mismo sentido, nuestra Constitución Provincial ha previsto que esos actos agravian y lesionan la sustancia del orden constitucional.

A partir de esa definición fundamental, según nuestra Constitución una ley deberá crear el Tribunal Social de Responsabilidad Política, que tendrá a su cargo examinar los actos de corrupción de los funcionarios de los poderes públicos provinciales y municipales.

Cuando participé en la Convención Constituyente provincial del año 1994, no solamente receptamos en el texto de nuestra Constitución local el reclamo social contra los actos de corrupción, sino que además se estableció un organismo específico, que tal como lo indican su denominación, finalidad y ubicación sistemática, no puede depender directamente de ninguno de los poderes públicos. Por su naturaleza jurídica, debe ser un órgano con autonomía institucional y funcional, integrado por ciudadanos de reconocida trayectoria personal, probada honestidad y compromiso democrático, que se ocupen de una función específica: recibir denuncias de corrupción, hacer las investigaciones pertinentes y activar los procedimientos ante los poderes públicos, a fin de que cada uno de ellos cumpla a su vez con su propia misión constitucional. Fundamentalmente, el Poder Judicial.

Esta responsabilidad no puede ser asumida por una oficina dependiente del Poder Ejecutivo. La misma podrá existir, pero no para desempeñar la función que la Constitución ha ordenado, ya que carecería de la independencia indispensable para cumplir con su cometido. Por lo tanto resulta respetable la opinión de la gobernadora Vidal, pero nuestra Constitución dice otra cosa.

Las Constituciones han dejado hace tiempo de ser un mero repertorio de buenas intenciones, y se han transformado en un cuerpo normativo plenamente obligatorio para los funcionarios, que constituye el programa indispensable que se apoya en el principio de la soberanía popular. Ni más, ni menos.

Por ello, diversos bloques políticos de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires nos encontramos comprometidos a concluir el diseño de ese Tribunal Social de Responsabilidad Política previsto por el artículo 3º de la Constitución Provincial. A tal fin venimos trabajando en distintas comisiones, de modo que en poco tiempo podamos darle a la Provincia esta herramienta legal contra la corrupción. Las iniciativas en trámite establecen, por una parte, un conjunto de normas éticas que hacen al correcto desempeño de la función pública, complementarias de las normas penales de fondo, lo que constituye el espacio de las conductas prohibidas. Y por otra parte, crean el organismo específico encargado de velar por su cumplimiento y en su caso, efectuar las denuncias pertinentes.

Sería muy conveniente que esta iniciativa se cristalizara con la participación tanto del oficialismo como de la oposición. Se trata de una política de Estado que trasciende las identificaciones partidarias, y que como hemos dicho encuentra su apoyo en la propia Constitución Provincial. Por ello convocamos al oficialismo y a la propia Gobernadora a participar del dictado de esta ley, para que cuente con todo el respaldo político que la lucha contra la corrupción necesita.

De esa manera estaremos conformando un organismo que goce de la credibilidad y confianza indispensables como para llevar adelante investigaciones confiables, de manera independiente, así como para impulsar procesalmente las mismas ante los poderes públicos, de manera sostenida y no espasmódicamente. Entonces podremos afirmar que hemos dado un paso adelante en la lucha contra la corrupción.

Por Patricio García, Senador bonaerense por el Bloque Peronista