
Milei ajusta su estrategia tras una semana adversa en el Congreso
Revés parlamentario, marcha de la CGT y tensiones internas: Milei enfrenta un cierre de año complicado y apuesta al Presupuesto para sostener el rumbo.

La ministra buscó “impedir que el Tribunal nos diera la razón”, dijo la legisladora de izquierda Celeste Fierro, que impulsa el expediente judicial.
Política21 de febrero de 2024
Con información de Agencia de Noticias
Ante el desplazamiento del juez Sebastián Casanello de la causa contra el protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la diputada de la Ciudad Celeste Fierro (MST-FITU) anunció la apelación de la medida, a la que calificó de “escandalosa”.
La legisladora de izquierda señaló que “minutos antes de la reanudación de la audiencia en la causa contra el protocolo antiprotestas, una medida judicial llamativamente firmada por un solo integrante de la Cámara Federal, el juez (Eduardo) Farah revoca la competencia de Casanello”.
“Esta decisión evidentemente política, viciada de ilegalidad (no fuimos informados en tiempo y forma), completa una secuencia de ocho recursos distintos en la última semana, promovidos por el ministerio de Bullrich para intentar bloquear la continuidad de una causa que estaba dejando en evidencia la inconstitucionalidad e ilegalidad del engendro represivo llamado protocolo”, se quejó.
Y agregó: “La medida desesperada y sobre la hora, tuvo el propósito de impedir que el Tribunal presidido por Casanello nos diera la razón, como todo indicaba que iba a suceder”.

“Esta claro que desenmascaramos lo que era insostenible: el protocolo viola la Constitución, pactos internacionales, y el ministerio se arroga la facultad de legislar, modifica el código penal. Un mamarracho de autoritarismo. De hecho, ninguna medida judicial, en ninguna instancia hasta ahora, expresó que el protocolo fuera legal”, insistió la legisladora.
Y cerró: “Nuestro equipo legal ya está preparando la apelación de la medida del juez Farah, y la ministra Bullrich que no festeje por anticipado, porque su protocolo está condenado a ser enterrado como la Ley Ómnibus. Más que nunca, a seguirla en todos los terrenos. En el judicial, y en las calles el próximo 1 de marzo, cuando seguramente seremos miles frente al Congreso en el inicio de las sesiones legislativas”.

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