El Gobierno nacional adjudicó el 90% de la empresa por US$340,2 millones y fijó el 13 de noviembre como límite para firmar el contrato. Kicillof cuestiona las condiciones del traspaso, mientras se acumulan reclamos judiciales por las inversiones, la cobertura del servicio y los aumentos que llegarán a una audiencia pública.