AySA entra en la recta final de su privatización: la Provincia prepara su ofensiva por las obras y las tarifas

El gobierno de Javier Milei dio este jueves 22 de octubre un paso decisivo en la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) al adjudicar el 90% de las acciones estatales por US$340,2 millones. La operación acerca el cambio de control de la empresa que abastece de agua potable y cloacas a la Ciudad de Buenos Aires y a 26 municipios bonaerenses, pero también profundiza el enfrentamiento con la administración de Axel Kicillof, que prepara impugnaciones y exige garantías sobre tarifas, obras y obligaciones ambientales.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, y establece el 13 de noviembre como plazo para suscribir el contrato de compraventa. Aunque la adjudicación ya es oficial, la transferencia de las acciones todavía requiere completar las condiciones previstas en la licitación.

La novedad llega después de una serie de presentaciones judiciales vinculadas con la tasación de la compañía, el acceso a información pública y la continuidad de las inversiones. A esos cuestionamientos se suma la audiencia tarifaria del 26 de octubre, en la que el gobierno bonaerense anticipó que reclamará contra los aumentos y exigirá compromisos de infraestructura. El conflicto combina así dos discusiones: quién administrará AySA y bajo qué condiciones deberá prestar un servicio esencial.

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Una adjudicación millonaria bajo cuestionamientos

El consorcio ganador está integrado por Rowing SA, Arcos Saneamento e Participações SA, PHX Aqua AR BV y Transclor SA. Su propuesta de US$340,2 millones superó los US$285 millones ofrecidos por el grupo encabezado por Roggio, el otro competidor que había llegado a la instancia económica. La diferencia entre ambas ofertas fue de US$55,2 millones.

El paquete adjudicado comprende 135.000 acciones Clase A, equivalentes al 90% del capital y de los votos de AySA. El 10% restante corresponde a los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada. El Estado nacional perderá así su participación accionaria directa cuando se concrete la transferencia.

La operación se inscribe en el programa de privatizaciones habilitado por la Ley Bases 27.742. El Gobierno nacional sostiene que la incorporación de un operador privado permitirá mejorar la eficiencia, reducir la dependencia de fondos públicos y ampliar la cobertura. La adjudicación representa un avance dentro de ese esquema, aunque no implica que las inversiones proyectadas ya estén realizadas.

Uno de los cuestionamientos apunta a la tasación oficial elaborada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Economía consideró razonables las dos propuestas económicas respecto de esa valuación, pero el acto de adjudicación no difundió su monto concreto. Legisladores opositores reclamaron judicialmente conocer ese documento y cuestionaron que se mantuviera reservado durante el procedimiento.

La controversia alcanza tanto al valor de venta como a las condiciones del futuro contrato. La Provincia y los organismos que intervienen en los expedientes buscan establecer qué garantías respaldarán la prestación, qué ocurrirá con las obras inconclusas y cómo se preservarán las obligaciones asumidas antes del cambio de administración.

Tarifas en aumento y una disputa por las obras

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, encabeza la respuesta política del Ejecutivo provincial. El funcionario cuestionó que se avance con la privatización después de que AySA alcanzara el equilibrio operativo y advirtió que los aumentos tarifarios no estuvieron acompañados por una expansión equivalente de las redes.

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Según las cifras expuestas por Katopodis, durante los últimos tres años las tarifas aumentaron 555% en términos nominales, mientras la recaudación creció 135% real y las inversiones en obras registraron una caída del 75% en términos reales. El ministro utilizó esos indicadores para cuestionar las prioridades de la gestión nacional y advertir sobre las consecuencias de transferir la compañía sin garantías suficientes de infraestructura.

El problema de la cobertura continúa siendo significativo. De acuerdo con los datos presentados por el funcionario, 3,7 millones de personas del AMBA carecen de acceso al agua de red y 5,5 millones no cuentan con cloacas. Esos déficits atraviesan barrios donde la extensión de las conexiones domiciliarias, el tratamiento de efluentes y el mantenimiento de instalaciones siguen siendo necesidades centrales.

El Ministerio de Economía, por su parte, estableció un programa de inversiones para la futura concesión, prevista por 30 años. Entre 2027 y 2031 contempla un Plan de Acción de aproximadamente $2,89 billones, calculados a valores de diciembre de 2025 y sin IVA. El esquema incluye partidas para expansión de infraestructura, mantenimiento, mejoras operativas y funcionamiento de los sistemas.

Las metas nacionales prevén alcanzar en 2031 una cobertura mínima del 75,3% en agua potable y del 63,9% en cloacas, con objetivos superiores hacia el final de la concesión. Estos compromisos forman parte del marco previsto para el futuro operador, pero no eliminan los reclamos bonaerenses por el destino de los proyectos pendientes y las responsabilidades anteriores al traspaso.

La tensión también alcanza a las facturas. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) convocó a una audiencia pública para el lunes 26 de octubre, a las 10, destinada a tratar una propuesta de modificación del régimen tarifario y de los coeficientes zonales utilizados para calcular el servicio.

El esquema podría generar aumentos para alrededor del 60% de los usuarios residenciales, mientras otro 20% tendría reducciones y el resto mantendría sus valores. Se trata de una propuesta sometida a discusión, no de una modificación ya aprobada. Katopodis anticipó que la Provincia participará para impugnar las subas y reclamar un plan de obras de expansión y mantenimiento.

La cautelar que sigue vigente y el plazo del 13 de noviembre

La disputa judicial tiene un antecedente inmediato. El 16 de octubre, la Defensoría del Pueblo bonaerense, conducida por Guido Lorenzino, presentó un nuevo pedido para exigir que AySA acreditara el cumplimiento de una medida cautelar destinada a preservar las inversiones, las obras de saneamiento y los estándares de calidad del servicio.

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La resolución fue dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, a cargo de Mariano López, y confirmada posteriormente por la Cámara de Apelación. Comprende obligaciones relacionadas con el abastecimiento de agua, el tratamiento de efluentes, la protección ambiental y la continuidad de proyectos comprometidos.

La cautelar no suspende automáticamente la privatización ni impide por sí misma la adjudicación. Establece condiciones que deben respetarse durante el procedimiento. La Defensoría sostiene que todavía no se acreditó suficientemente el cumplimiento de esas obligaciones y reclama que la Justicia requiera información antes de que se concrete el cambio de operador.

El conflicto también tiene alcance municipal. Distritos como La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús, Moreno, Merlo, Morón y Tigre dependen de las redes y de las inversiones de AySA. En esos territorios, las obras necesarias para ampliar el acceso al agua y las cloacas representan un componente relevante de la infraestructura sanitaria.

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, también promovió acciones judiciales por las posibles consecuencias de la privatización sobre los trabajos pendientes. Los reclamos convergen en una preocupación: cómo asegurar que la transferencia accionaria no modifique las obligaciones de inversión, mantenimiento y saneamiento asumidas con anterioridad.

La adjudicación abre ahora una etapa con dos fechas determinantes. El 26 de octubre se discutirá la propuesta tarifaria y el 13 de noviembre vence el plazo para firmar la compraventa de acciones. Entre ambos acontecimientos, el Gobierno nacional continuará con el procedimiento de transferencia y la Provincia buscará avanzar con sus objeciones administrativas y judiciales.

La discusión excede el precio ofrecido por los compradores. El resultado definirá quién controla AySA, qué compromisos deberá ejecutar el nuevo concesionario y bajo qué condiciones millones de usuarios accederán al agua potable y al saneamiento. Mientras Milei avanza con la venta, Kicillof mantiene abierto un frente de disputa que todavía deberá resolverse en los ámbitos administrativos, regulatorios y judiciales.