Diputados de UxP pedirán comisión para investigar visita de legisladores de LLA a represores

El bloque de Unión por la Patria (UxP) presentará este miércoles en la Cámara de Diputados un pedido para la conformación de una comisión que investigue la visita de seis legisladores de La Libertad Avanza (LLA) a genocidas condenados por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza.

La propuesta contará con el respaldo de los bloques del PRO y Hacemos Coalición Federal, según adelantó el periodista David Cayón.

Los diputados Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro y María Fernanda Araujo se reunieron el 11 de julio con represores como Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti y Adolfo Donda.

Esta acción ha generado un fuerte repudio entre los organismos de derechos humanos, quienes han anunciado una manifestación en el Congreso para expresar su descontento.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la referente de Madres de Plaza de Mayo, Taty Almeida, estarán presentes en la protesta, junto a miembros de la Unión Cívica Radical, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, y el Partido Socialista.

En el encuentro se debatirá si los legisladores involucrados cumplen con las condiciones necesarias para ser diputados de la Nación. De no ser así, la Cámara de Diputados podría expulsarlos.

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El exagente de inteligencia del Batallón 601, Raúl Guglielminetti, condenado a 20 años de prisión en 2011 por delitos de lesa humanidad, habría entregado a los legisladores un borrador de un proyecto de ley que busca conceder prisión domiciliaria a los genocidas mayores de 80 años.

La abogada María Laura Olea y el excamarista Eduardo Riggi también han sido mencionados en las versiones que circulan en el Congreso como asesores de los diputados de LLA.

Un abogado involucrado en las causas de lesa humanidad admitió haber mantenido contacto con Beltrán Benedit.

En Diputados, se mencionan contactos con Eduardo Riggi, quien negó pertenecer a un grupo de WhatsApp con los legisladores, pero admitió conocer a algunos de ellos. "Yo los conozco, como conozco a varias personas", declaró Riggi a Página/12.

La visita al penal de Ezeiza es solo la punta del iceberg. Benedit ha sido señalado como el organizador de la excursión y ha mantenido reuniones con abogados defensores de acusados por crímenes de lesa humanidad.

Según Rocío Bonacci, Benedit recibió de Guglielminetti un papel con "ideas para la prisión domiciliaria". Guillermo Montenegro, exmano derecha de Victoria Villarruel y cofundador de la fundación Oíd Mortales, fue quien explicó el hecho a sus pares en la última reunión del bloque oficialista, calificándolo como una "visita humanitaria".

Benedit y Montenegro han estado en el centro de la controversia desde que se conoció la visita a Ezeiza. En marzo, Benedit y Alida Ferreyra visitaron Campo de Mayo, refiriéndose a los condenados como "patriotas".

Benedit es dirigente de la Sociedad Rural Argentina y está ligado a la Unión de Promociones, una asociación que impugna los procesos por crímenes de la dictadura.

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Por otra parte, la petición de Olea y Ricardo Saint Jean para la excarcelación de los detenidos por lesa humanidad fue rechazada por la Cámara de Casación en marzo.

El presidente del tribunal, Mariano Borinsky, celebró esta decisión en un encuentro con organismos de derechos humanos. Este rechazo fue un golpe para los grupos que reclaman la libertad de los represores.

La conferencia de prensa de este lunes, que se llevará a cabo en el segundo piso del Anexo "C" de la Cámara baja, contará con la presencia de legisladores de UxP y miembros de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S., y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Además de la denuncia por la visita a Ezeiza, se abordarán temas como el vaciamiento de los Sitios de Memoria y el asesinato de Susana Beatriz Montoya, madre de un militante de H.I.J.O.S. en Córdoba.

La sesión del miércoles promete ser intensa, con la posibilidad de que la Cámara de Diputados expulse a los legisladores de LLA si se determina que no cumplen con los requisitos para ser diputados de la Nación.

La presión de los organismos de derechos humanos y la atención mediática serán determinantes en el desarrollo de los acontecimientos.

Los legisladores involucrados enfrentan una situación delicada, con la posibilidad de que sus acciones tengan consecuencias severas.

La Cámara de Diputados se prepara para un debate que podría definir el futuro de estos representantes y sentar un precedente en la lucha contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad en Argentina.