Despidos masivos en puerta: ATE denuncia riesgo para 65.000 empleados

El 23 de septiembre, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) celebrará un plenario federal de delegados en el Anfiteatro Eva Perón, con una concurrencia estimada de más de mil referentes de base. El encuentro tiene como objetivo delinear las próximas medidas de lucha frente a una nueva ola de despidos y el ajuste salarial impulsado por el gobierno de Javier Milei.

La amenaza de despidos masivos en la Administración Pública Nacional

El contrato de 65.000 trabajadores del Estado Nacional vence a fin de mes, lo que ha generado una enorme preocupación entre los empleados. Las vinculaciones laborales, caracterizadas por una fuerte precarización, se vienen prorrogando cada tres meses desde que asumió el actual gobierno. Según denunció el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, “a pesar de que la Justicia nos dio la razón, el Gobierno sigue adelante con despidos ilegales, afectando el derecho a la estabilidad en el empleo público”.

Ajuste salarial y paritarias congeladas

Otro de los grandes ejes del plenario será la respuesta al reciente ajuste salarial. El gobierno dispuso un aumento del 2% en septiembre y 1% en octubre, lo que fue considerado insuficiente por el gremio. “Debemos quebrar la voluntad del Ejecutivo de congelar las paritarias. No podemos aceptar que la administración pública siga siendo la más golpeada”, advirtió Aguiar.

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El panorama se agrava con la reciente presentación del Presupuesto 2025, en el que el Ejecutivo ratificó un recorte de 60 mil millones de dólares que afectará áreas clave como Salud y Educación, además de paralizar la obra pública.

Criminalización de la protesta

En medio de estas tensiones, el gobierno también ha recurrido a la justicia. La Secretaría de Transporte anunció una denuncia penal contra Aguiar, acusándolo de infundir temor público tras sus declaraciones sobre la falta de seguridad en los aeropuertos durante las protestas. Según Franco Mogetta, secretario de Transporte, Aguiar será investigado por violar el artículo 211 del Código Penal, lo que podría implicar una pena de 2 a 6 años de prisión.

Sin embargo, Aguiar no se amedrenta y redobló sus críticas: “La criminalización de la protesta busca silenciar nuestras voces, pero no van a lograrlo. Seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores frente a este ajuste brutal”.

El futuro de la lucha sindical

El plenario del lunes será decisivo para definir las próximas medidas. Aguiar adelantó que no descartan nuevas movilizaciones y paros nacionales en las próximas semanas. “Es hora de ponerle un freno a las políticas de ajuste que afectan a miles de trabajadores y trabajadoras del Estado”, concluyó el dirigente sindical.