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Desastre en Valencia y Cataluña: inundaciones mortales, críticas al gobierno y despliegue del ejército. La respuesta oficial bajo la lupa pública.
Mundo04 de noviembre de 2024Pamela OrellanaValencia y Cataluña han sido devastadas por lluvias torrenciales, causando la muerte de al menos 217 personas y la movilización de 7.500 soldados para enfrentar la catástrofe. La situación desató una fuerte indignación social y críticas al manejo de la crisis por parte del gobierno.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) emitió una alerta roja en Cataluña, mientras que en la Comunidad Valenciana el nivel es amarillo. Más de 30 kilómetros de retenciones afectan a carreteras valencianas, y los accesos a la ciudad registran serias dificultades, provocando suspensión de clases y restricciones de tráfico en varios puntos clave. Además, Protección Civil activó una alerta masiva a móviles de los vecinos del Baix Llobregat, Maresme, Vallès Occidental y Oriental por lluvias continuas.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, criticó la tardanza en la respuesta del gobierno. En una entrevista reciente, Mazón aseguró que la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, desactivó tres veces la alerta hidrológica el martes pasado. Según el funcionario, los mensajes de advertencia a la población llegaron media hora después de que se detectara el peligro.
Ante el descontento popular, el gobierno ha enviado a 7.500 soldados a la región oriental de España para participar en las labores de ayuda y rescate. El despliegue incluye un buque de guerra con suministros básicos y 104 soldados de infantería, además de camiones cargados con alimentos y agua para los damnificados.
“Desde el fin de semana, el ejército ha estado distribuyendo alimentos, limpiando calles y protegiendo propiedades de saqueos”, explicó la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la radio estatal RNE. A esta ayuda se suman 5.000 soldados que ya estaban en el lugar y 2.500 más que se añadirán a las labores. En el centro comercial Bonaire, equipos de rescate inspeccionan vehículos bajo tierra para descartar la presencia de cuerpos.
Los efectos de la inundación son devastadores. En Paiporta, uno de los barrios más afectados de Valencia, las imágenes de calles cubiertas de lodo y agua estancada son la prueba del alcance del desastre. Residentes en Paiporta, frustrados con lo que consideran una respuesta lenta del gobierno, incluso lanzaron barro al presidente Pedro Sánchez y al rey Felipe VI al visitarlos, exclamando “¡Asesinos, asesinos!”.
En Barcelona, los vuelos han sido desviados y el servicio de trenes de cercanías suspendido debido a los riesgos de desplazamiento. Además, en la capital catalana se emitió una advertencia para que los residentes tomen precauciones, eviten traslados innecesarios y se mantengan alejados de ríos y barrancos, ya que se espera que el temporal continúe.
A los riesgos estructurales y emocionales de la tragedia se suma la amenaza sanitaria. El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, advirtió sobre las infecciones que podrían surgir por el contacto con agua contaminada. “Estamos en un momento crítico: el riesgo de enfermedades infecciosas es real, y el agua estancada fomenta la proliferación de vectores como mosquitos y roedores”, explicó Padilla. El epidemiólogo José María Martín-Moreno enfatizó que el riesgo de gastroenteritis, neumonía y otras infecciones aumenta a partir de las 72 horas tras el desastre.
La decisión de desactivar la alerta hidrológica en tres ocasiones antes del inicio de las lluvias intensas ha sido uno de los focos de crítica. Mazón defendió su petición de activación de ayuda militar antes de que las lluvias comenzaran. Sin embargo, reconoció que los militares actúan bajo criterios propios y no de los políticos. La confusión creció cuando Mazón publicó un mensaje en X asegurando que la intensidad de la tormenta disminuiría, información basada en un reporte de Aemet que luego resultó obsoleto.
A medida que pasan los días, el descontento entre la población crece y los cuestionamientos sobre la gestión del desastre aumentan. La crisis desatada por las lluvias se ha convertido en un caso que marca un punto de inflexión en la relación del gobierno con sus ciudadanos, quienes esperan respuestas más eficaces y contundentes ante catástrofes de esta magnitud.
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