Pamela Orellana
La privatización de IMPSA, histórica empresa metalúrgica argentina, se convirtió en la primera venta de una empresa estatal bajo la gestión de Javier Milei. La compañía fue adjudicada a ARC Energy, un grupo estadounidense liderado por Jason Arceneaux, empresario con vínculos con Donald Trump. La operación, que promete una capitalización progresiva y la reestructuración de una deuda millonaria, genera tanto expectativas como interrogantes sobre el futuro de la empresa y su impacto en la política económica del Gobierno.
IMPSA, fundada en 1907 por la familia Pescarmona, se destacó durante décadas por su producción de turbinas, reactores y equipos industriales. Sin embargo, crisis financieras derivadas de proyectos fallidos en Brasil y Venezuela la dejaron al borde de la quiebra. En 2021, el Estado, bajo la administración de Alberto Fernández, decidió estatizarla para evitar su colapso, asumiendo el 63,7% de las acciones.
Tres años después, el gobierno de Milei puso en marcha su plan de privatizaciones con IMPSA como punta de lanza. El traspaso de acciones al consorcio IAF, cuyo principal socio es ARC Energy, se formalizó el martes en un acto que contó con la presencia del secretario de Industria y Comercio, Esteban Marzorati, y autoridades del gobierno provincial de Mendoza.
ARC Energy es una compañía estadounidense con base en Houston, Texas, especializada en la industria del petróleo y gas. Fundada en 2011 por Jason Arceneaux, la empresa ha crecido rápidamente, expandiéndose a sectores energéticos clave y estableciendo presencia en varios estados de EE.UU. y en Egipto.
El interés de ARC Energy por IMPSA radica en su capacidad para fabricar turbinas, un componente esencial en proyectos energéticos. Con el mercado estadounidense en plena expansión en infraestructura eléctrica, la adquisición de la empresa mendocina representa una oportunidad estratégica.
Según el acuerdo de privatización, ARC Energy invertirá 27 millones de dólares en una secuencia de pagos hasta 2026 y se hará cargo de la renegociación de una deuda de 576 millones de dólares. Se comprometió también a mantener los 650 puestos de trabajo de la empresa, aunque persisten dudas sobre su viabilidad financiera.
Uno de los puntos más controvertidos de la privatización fue la falta de competencia en la licitación. A pesar de los intentos del Gobierno por atraer interesados, ARC Energy fue el único oferente. Se mencionó en su momento a Jorge Mas, empresario vinculado al club Inter Miami, pero su interés nunca se materializó.
La ausencia de otras ofertas puso al Gobierno en una posición de necesidad: o aceptaba la propuesta de ARC Energy o la privatización fracasaba. Desde el oficialismo defendieron la operación argumentando que IMPSA necesitaba un rescate financiero inmediato, mientras que sectores opositores cuestionaron la falta de opciones y las posibles implicancias políticas de la venta a un empresario ligado a Trump.
Uno de los desafíos más grandes para ARC Energy será la renegociación de la millonaria deuda de IMPSA. Los principales acreedores incluyen al Banco Provincia, Banco BICE, Banco Hipotecario y organismos internacionales como la Corporación Andina de Fomento y Export Development Canadá.
El plan de la nueva administración apunta a recuperar contratos internacionales en el sector energético y ampliar su participación en proyectos de infraestructura en EE.UU. Sin embargo, queda por verse cómo impactará la salida del Estado en los compromisos que IMPSA mantenía con empresas y organismos argentinos, como YPF y el Ministerio de Defensa.
El caso de IMPSA podría sentar un precedente clave en la política de privatizaciones de Milei. Si bien el Gobierno celebra la operación como un avance en su objetivo de achicar el Estado, la falta de oferentes y la incertidumbre sobre el futuro de la empresa dejan abiertos varios interrogantes.
El oficialismo espera que esta privatización sea la primera de muchas, con Aerolíneas Argentinas y otras empresas en la mira. No obstante, la resistencia de sectores sindicales, la incertidumbre económica y las dificultades para atraer inversores podrían complicar el proceso.
