El campo bonaerense llega a la nueva campaña entre suelos gastados, impuestos altos y una ley que divide al agro

La foto del campo bonaerense, a días de empezar a definir buena parte de la campaña 2026/2027, está lejos de ser lineal. En el norte de la provincia, la última cosecha dejó realidades muy distintas incluso entre localidades cercanas; en paralelo, un relevamiento fiscal volvió a ubicar a Buenos Aires como una de las jurisdicciones más pesadas para producir; y, como si faltara algo, el debate por la Ley de Suelos reabrió una discusión sensible: hasta dónde puede avanzar el Estado sobre las decisiones productivas.

En el norte bonaerense, el ingeniero Leandro Vatti, asesor de la Cooperativa Agropecuaria de La Violeta, describió en una entrevista reciente un escenario muy desigual. “Vas a encontrar productores de 10 quintales de soja en Ramallo, y otros qué cosecharon 30 en La Violeta, y un poco más allá en Arrecifes, 40 quintales. Entonces, los ánimos, financieramente, son totalmente distintos”, graficó.

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Ese punto de partida condiciona la planificación. La mayoría de la superficie se trabaja bajo arrendamiento y el margen para equivocarse es mínimo. Según Vatti, la decisión de sembrar trigo volvió a aparecer más por necesidad que por comodidad: “El agricultor tiene que sembrar por una cuestión de una magra cosecha de soja, más que nada en la costa del Paraná”. El precio de los fertilizantes, que venía complicando la cuenta, dio algo de aire, aunque el propio técnico advirtió que no está claro si esa baja se sostendrá.

Trigo, arveja y cuentas ajustadas

El trigo aparece como una vía para generar liquidez hacia fin de año, pero no alcanza para ordenar todo el tablero. La arveja, cultivo importante en la rotación con maíz, quedó en una situación mucho más delicada. Vatti fue tajante: “La arveja hoy es la más golpeada en la rotación, porque los precios internos se han deteriorado a valores que yo nunca he visto, porque hay una cosecha y media guardada que no hay quien la compre”.

Con márgenes negativos, la legumbre pierde lugar en la planificación y obliga a recalcular estrategias: más maíz temprano si el clima acompaña, o coberturas como vicia para aportar nitrógeno. El problema de fondo, sin embargo, excede al cultivo elegido.

Vatti describió campos “lamentablemente gastados por la gran cantidad de años de agricultura” y planteó que la única forma de revertir ese deterioro es fertilizar no solo para el cultivo inmediato, sino para reponer lo extraído durante “50 o 60 años de agricultura”. El límite vuelve a ser económico: “Hoy para eso necesitas plata, y necesitas rentabilidad de los cultivos, que lamentablemente en ninguno de los dos están”.

A ese cuadro productivo se suma la presión tributaria provincial. Un informe de Inteligencia Colaborativa para el Desarrollo, conducida por Juan Pérez Naufel, estimó que una chacra agrícola de escala media en Buenos Aires puede enfrentar una carga fiscal equivalente al 13,1% de sus ingresos anuales. El contraste es fuerte: 3,25% en Mendoza, 1,02% en Córdoba y 0,93% en Santa Fe, bajo los supuestos analizados.

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El principal peso aparece en el Inmobiliario Rural, con una incidencia que puede rondar el 11,54% de los ingresos anuales. El informe también marcó distorsiones por valuaciones, coeficientes y tramos. Dos chacras casi idénticas, separadas por apenas $100.000 de valuación fiscal, pueden pasar de tributar $600.800 a $900.621. Para Pérez Naufel, el sistema se vuelve “menos transparente y más imprevisible, especialmente para los productores agropecuarios”.

La Ley de Suelos y el fantasma de más burocracia

En ese clima, el anteproyecto de Ley de Suelos impulsado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires volvió a encender discusiones. La iniciativa propone declarar de interés público la protección del suelo y el agua destinados a la producción agropecuaria y forestal, crear distritos de cuidado, definir áreas críticas y exigir planes de uso y manejo con una vigencia mínima de cuatro campañas agrícolas, firmados por profesionales matriculados.

Desde sectores rurales y políticos opositores surgieron rechazos fuertes. CARBAP cuestionó que el texto avance sobre la propiedad privada e imponga controles, sanciones y burocracia. En el Congreso A Todo Trigo, Gabriel Vázquez Amábile, integrante del Movimiento CREA, dijo estar de acuerdo con cuidar el recurso, pero avisó: “La preocupación es la direccionalidad, que esto no se convierta en un impuesto. Tememos que esto se convierta en una VTV”.

El diputado bonaerense Luciano Bugallo, agrónomo general y referente de la Coalición Cívica, también había advertido que el proyecto “suena muy lindo, pero es muy malo” y que, “en manos equivocadas puede volverse una herramienta de persecución”.

En la misma línea, el diputado nacional de La Libertad Avanza Alberto Benegas Lynch rechazó la propuesta por considerarla una avanzada sobre la propiedad privada y cerró su crítica con una frase que se viralizó: “Búsquense un laburo honesto, muchachos”.

Desde el CIAFBA rechazaron esas lecturas. Guillermo Studdert, integrante de la Comisión de Conservación de Suelos, sostuvo que “los suelos de la provincia sufren degradación intensa a pasos agigantados” y defendió la necesidad de una legislación específica.

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También participó Sebastián Mazzilli, del INIA de Uruguay, quien explicó la experiencia del país vecino con planes de uso implementados gradualmente desde 2010, con unas 1,7 millones de hectáreas bajo manejo regulado.

El ex ministro de Agroindustria bonaerense Leonardo Sarquís pidió equilibrio y admitió la resistencia del productor frente a nuevas exigencias: “El productor no quiere que alguien venga y le haga un mapa de suelo o le ponga más exigencias”.

Horacio Repetto, expresidente del CIAFBA, respondió a Benegas Lynch con una definición áspera: “Al final, cada uno contribuye desde donde puede: algunos generando valor y resolviendo problemas; otros generando declaraciones”.