Ley de suelos: el agro bonaerense se divide entre controles ambientales y temor a otra caja política
“Puede transformarse en una VTV del campo”, advirtieron productores durante el Congreso A Todo Trigo. El proyecto impulsado por ingenieros agrónomos para regular el uso de los suelos ya enfrenta rechazo ruralista, críticas políticas y una pelea que escala en Buenos Aires.
Pamela Orellana
La discusión por una posible Ley de Suelos en la provincia de Buenos Aires volvió a exponer una fractura profunda dentro del agro bonaerense.
El debate, que ya venía escalando desde fines del año pasado con fuertes cuestionamientos de entidades rurales y dirigentes opositores, sumó ahora un nuevo capítulo durante el Congreso A Todo Trigo realizado en Mar del Plata, donde la Federación de Acopiadores decidió poner sobre la mesa uno de los temas más sensibles para el sector: hasta dónde puede avanzar el Estado sobre las decisiones productivas.
El disparador fue el anteproyecto elaborado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de Buenos Aires (CIAFBA), que busca implementar un esquema inspirado en el modelo uruguayo de manejo y conservación de suelos.
La propuesta incluye planes obligatorios de uso y rotación por períodos mínimos de cuatro años, supervisados por profesionales matriculados, además de estímulos, sanciones y delimitación de áreas críticas.
El planteo reactivó viejas alarmas en buena parte del ruralismo bonaerense, que viene denunciando desde 2025 que la iniciativa podría convertirse en una herramienta de control estatal, sumar costos y abrir una nueva estructura burocrática sobre el sector productivo.
“Nos preocupa que esto se transforme en un impuesto”
Uno de los momentos más calientes del panel se produjo cuando Gabriel Vázquez Amábile, integrante del Movimiento CREA y administrador de una empresa agrícola-ganadera del sudeste bonaerense, planteó sus reparos frente al proyecto.
“En la intención estamos súper alineados. El suelo es el primer recurso que tenemos”, señaló. Pero enseguida advirtió: “La preocupación es la direccionalidad, que esto no se convierta en un impuesto. Tememos que esto se convierta en una VTV”.
La comparación no pasó desapercibida entre los asistentes. Según planteó, existe temor a que la futura normativa derive en un sistema permanente de monitoreos, certificaciones y costos obligatorios para poder producir.
Vázquez Amábile sostuvo además que el proyecto “no parte de diagnósticos claros” y cuestionó que se instale la idea de que los problemas de degradación obedecen exclusivamente a malas decisiones del productor. “Nos parece que estamos simplificando que la problemática es por falta de planificación o ignorancia del productor. Eso es injusto”, afirmó.
En ese marco, recordó que el abandono de las rotaciones con pasturas tuvo un fuerte componente económico y político. “Desde los 60 no hubo gobierno que no interviniera en el precio de la carne. Abandonamos la rotación no por convencimiento sino por necesidad”, explicó.
La postura de CREA se suma a la resistencia que desde hace meses vienen expresando CARBAP, sociedades rurales del sudeste bonaerense y la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR), que consideran que el proyecto avanza sobre la propiedad privada.
El diputado bonaerense Luciano Bugallo, agrónomo general y referente de la Coalición Cívica, había sido uno de los primeros en salir al cruce del anteproyecto cuando ingresó a la Comisión de Asuntos Agrarios del Senado bonaerense.
En un extenso comunicado, sostuvo que la iniciativa “suena muy lindo, pero es muy malo” y alertó que “en manos equivocadas puede volverse una herramienta de persecución”.
Bugallo cuestionó especialmente que el proyecto declare al suelo y al agua de interés público, lo que —según sostuvo— habilitaría mayor intervención estatal sobre campos privados. También criticó la obligatoriedad de planes firmados por ingenieros agrónomos matriculados en CIAFBA, la creación de consorcios y la implementación de “un sistema de premios y castigos estatal”.
Los ingenieros agrónomos hablan de “un momento crítico”
Desde el CIAFBA rechazan las acusaciones y aseguran que la discusión está siendo desvirtuada. Guillermo Studdert, integrante de la Comisión de Conservación de Suelos del Colegio, defendió la necesidad de avanzar con una legislación específica para frenar el deterioro del recurso.
“Los suelos de la provincia sufren degradación intensa a pasos agigantados”, afirmó durante el encuentro en Mar del Plata. Según explicó, existen evidencias crecientes de erosión hídrica y eólica, pérdida de materia orgánica, compactación y procesos de sodificación por riego con aguas no aptas.
“Sabíamos que algo teníamos que hacer para recuperar los suelos o reducir la incidencia de esos procesos de degradación”, sostuvo.
El anteproyecto prevé la creación de distritos de conservación, identificación de áreas críticas y planes de manejo supervisados técnicamente. También establece responsabilidades compartidas entre propietarios y productores.
En respaldo de esa mirada expuso Sebastián Mazzilli, integrante del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) de Uruguay, quien relató la experiencia del país vecino, donde los planes de uso del suelo comenzaron a implementarse gradualmente desde 2010.
“Allí la erosión estimada anual tiene que ser menor a la tolerancia del suelo”, explicó. Según detalló, actualmente existen unas 1,7 millones de hectáreas bajo manejo regulado y el sistema logró consolidarse “por ser gradual, comunicado e institucionalizado, con controles efectivos”.
Mazzilli reconoció que uno de los conceptos más resistidos fue considerar al suelo como “un bien social”, aunque aseguró que el esquema terminó logrando respaldo académico y técnico.
En una posición más moderada, el ex ministro de Agroindustria bonaerense Leonardo Sarquís admitió que existe una resistencia lógica entre productores frente a cualquier regulación. “Nadie duda de que hay que tener un control”, dijo, aunque remarcó que “Buenos Aires tiene esa burocracia y esa desconfianza”.
“El productor no quiere que alguien venga y le haga un mapa de suelo o le ponga más exigencias”, explicó. Y dejó una definición que sintetizó buena parte del clima del encuentro: “Hay que marketinearla bien a la ley, mostrar que no es una invasión. Tiene que haber un equilibrio real”.
Studdert cerró el intercambio con una advertencia dirigida a todo el sector: “Estamos en un momento crítico y si no hacemos algo vamos a perder a la gallina de los huevos de oro”.
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