El campo después de las promesas de Milei: retenciones, rutas y la pelea por quién recibe el alivio

Javier Milei volvió a presentar en la Exposición Rural un horizonte de liberación para el agro, pero los productores bonaerenses respondieron con una agenda bastante más terrenal: retenciones que todavía pesan sobre los márgenes, tributos provinciales y municipales, rutas deterioradas y falta de reglas permanentes. 

En esa discusión aparece, además, un punto que el discurso presidencial suele dejar relegado: una rebaja general no impacta de la misma manera sobre un gran establecimiento que sobre un pequeño productor. 

Durante la inauguración de la 138ª Exposición Rural de Palermo, el Presidente aseguró que su gestión fue quitando “una por una las capas de estatismo” acumuladas sobre el sector. Destacó el levantamiento parcial del cepo cambiario, la reducción de aranceles para insumos y maquinaria, la apertura de mercados y distintas desregulaciones. “Se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos”, prometió.

La deuda de Vidal vuelve a los tribunales: qué había cerrado la Provincia y por qué un holdout abrió un nuevo juicio

Promesas nacionales y cuentas bonaerenses

La eliminación de los derechos de exportación, sin embargo, volvió a quedar planteada como una meta futura. Milei admitió que el agro todavía carga con ese gravamen y sostuvo que la quita avanzará a medida que el equilibrio fiscal genere recursos. Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, respaldó la orientación general, aunque reclamó que las retenciones desaparezcan “por ley y para siempre”.

Desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Ignacio Kovarsky bajó la discusión al terreno de los costos. El presidente de Carbap pidió eliminar por completo las retenciones al trigo y otros cultivos de fina, al considerar que su recaudación es reducida y que la medida favorecería la rotación y el cuidado de los suelos. Para la soja y el maíz describió márgenes “muy, muy finos”.

Kovarsky también dirigió reclamos a la administración de Axel Kicillof. Cuestionó la quinta cuota del Impuesto Inmobiliario Rural, los cambios en las bases imponibles que habrían provocado fuertes subas en Ingresos Brutos y la cantidad de rutas provinciales que continúan esperando reparaciones. Su planteo alcanzó a los dos niveles del Estado: bajar gastos para reducir impuestos y recuperar competitividad.

El agro frente a los regímenes especiales

La entidad rural ya había advertido que la reducción anunciada por el Gobierno nacional no resolvía la desigualdad tributaria. Su cuestionamiento apuntó contra la proliferación de tasas municipales, los tributos provinciales y los beneficios concedidos a otras actividades mediante el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones y otros esquemas promocionales.

Carbap sostuvo que mientras varios sectores acceden a exenciones o a la eliminación de derechos de exportación, la producción agropecuaria conserva una carga diferencial que restringe su crecimiento. Por eso reclamó acelerar la rebaja y llevar la decisión al Congreso, para que no dependa de decretos o resoluciones del Ejecutivo. El pedido coincide con Pino en un aspecto: cualquier alivio debería quedar respaldado por una norma estable.

La diputada bonaerense Silvina Vaccarezza, del bloque UCR + Cambio Federal, extendió ese reclamo tanto a Nación como a Provincia. “El campo necesita menos fotos y más soluciones”, afirmó tras la exposición, y pidió que la voz de los productores sea escuchada durante todo el año, no solamente en los grandes eventos.

La pelea por quién recibe el alivio

El gobierno bonaerense abrió otra discusión. En Rosario, durante la asamblea anual de Agricultores Federados Argentinos, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, planteó avanzar hacia retenciones segmentadas, una fórmula emparentada con la propuesta que la Federación Agraria sostuvo durante el conflicto de 2008. “Un productor más chico tiene que terminar pagando proporcionalmente menos que uno grande”, afirmó.

Rodríguez sostuvo que la rentabilidad agropecuaria no depende solamente de los derechos de exportación, sino también de los precios internacionales, los insumos, el tipo de cambio, las tasas de interés, el combustible y la estructura tributaria.

Como ejemplo, señaló que mientras el Gobierno nacional redujo dos puntos las retenciones al trigo, el combustible aumentó más de un 25%. “Si sólo se mira el porcentaje de retenciones se corre el riesgo de quedar entrampados”, advirtió.

El funcionario también rechazó presentar al campo como un bloque uniforme y pidió diferenciar entre regiones, producciones y escalas. Recordó que la sequía de 2023 provocó pérdidas estimadas en más de USD 20.000 millones, mientras la mejora climática de 2024 y 2025 permitió recuperar rindes y volúmenes.

Su planteo no coincide con la eliminación total reclamada por las entidades, pero desplaza la discusión hacia quién recibe el alivio y en qué condiciones puede sostener la producción.

Vaccarezza sumó al debate una batería de proyectos sobre seguridad rural, caminos, seguimiento de obras financiadas con el Inmobiliario Rural, culminación de la Ruta del Cereal, patrullas especializadas y una nueva regulación para los fitosanitarios. También reclamó un vínculo permanente entre la gestión provincial y los productores. “El campo necesita reglas claras y permanentes para poder invertir y producir”.