Desmantelamiento de salud: despidos, recortes y movilización

El jueves 27 de febrero, una gran movilización se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires, con una marcha que partirá desde el Ministerio de Salud hacia la emblemática Plaza de Mayo, en defensa de la salud pública. Esta movilización es impulsada por decenas de organizaciones sindicales, sociales y políticas que denuncian la política sanitaria implementada por el gobierno de Javier Milei y su Ministro de Salud, Daniel Lugones. Los trabajadores de la salud, los usuarios del sistema público y las organizaciones que defienden los derechos de las poblaciones más vulnerables se han unido en una cruzada que busca visibilizar la crisis que atraviesa el sector.

Un plenario de lucha: contra el desmantelamiento y los despidos

El 13 de febrero, en las puertas del Hospital Garrahan, se llevó a cabo un plenario que reunió a numerosas organizaciones sindicales y sociales. Entre ellas, se destacan la Junta Interna de ATE del Garrahan, la Asociación de Profesionales, Fesprosa, la AGD-UBA, y varias seccionales opositoras de la CICOP. También se hicieron presentes agrupaciones como el Frente VIH, Hepatitis y Tuberculosis, y colectivos de jubilados y jubiladas, entre otros. Todos ellos coincidieron en que las políticas de Milei y Lugones no solo afectan a los trabajadores de la salud, sino también a la población en general, que depende del sistema público para acceder a la atención médica.

La precarización de la salud pública: despidos y recortes

Uno de los principales focos de la protesta es el desmantelamiento de áreas clave del Ministerio de Salud, como la Dirección de Vacunación y la Dirección de Respuesta al VIH, Hepatitis Virales y Tuberculosis (DRVIHVyT). Los despidos en estas áreas han dejado vacíos importantes, como el control de enfermedades inmunoprevenibles y el seguimiento de epidemias. La pérdida de profesionales y especialistas, junto con el recorte de recursos, pone en peligro la capacidad del sistema sanitario para hacer frente a emergencias sanitarias y controlar brotes de enfermedades.

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María Victoria Juárez, excoordinadora de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, advirtió que el vaciamiento de estas áreas compromete la capacidad del sistema para garantizar el acceso a la salud pública. “El desmantelamiento no solo ataca los derechos laborales de los trabajadores, sino que también afecta a los sectores populares que dependen del sistema público de salud", afirmó Juárez.

Desabastecimiento y crisis en el suministro de medicamentos

La situación se agrava con la falta de medicamentos esenciales para el tratamiento de enfermedades como el VIH, la hepatitis viral y la tuberculosis. Las denuncias apuntan a que los recortes han reducido drásticamente la distribución de medicamentos, poniendo en riesgo la salud de miles de personas. El programa Remediar, encargado de proveer medicamentos a los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS), también enfrenta una crisis, ya que los despidos y la falta de estrategia en las compras amenazan con dejar sin suministros a miles de CAPS en todo el país.

Además, los sectores más vulnerables, como los jubilados, también se ven gravemente afectados por la falta de acceso a medicamentos esenciales a través del PAMI. Esta situación genera una enorme preocupación entre los profesionales de la salud, quienes advierten que las políticas de ajuste neoliberal no solo afectan los derechos laborales de los trabajadores del sector, sino que también aumentan la desigualdad en el acceso a la salud pública.

La falta de respuesta sindical y la movilización popular

A pesar de la magnitud de la crisis, las centrales sindicales más grandes no han convocado una respuesta unificada. La ausencia de UPCN y ATE en la lucha es vista como una complicidad con el ajuste. En contraste, las organizaciones más combativas, como la AGD-UBA, ATE Sur, y otros colectivos de trabajadores de la salud, han decidido tomar la iniciativa para convocar a una gran movilización el 27 de febrero.

Desde los sectores en lucha se denuncia que, a pesar de los esfuerzos de las organizaciones sindicales, muchas de estas han sabotajeado las asambleas y negociaciones. Sin embargo, el desafío ahora es convertir esta movilización en un fenómeno masivo y popular, que logre visibilizar la crisis y exigir un cambio en las políticas sanitarias del gobierno.

La salud no es un negocio: el reclamo por un sistema de salud público y de calidad

Las movilizaciones también están enmarcadas en un reclamo central: la salud es un derecho, no un negocio. La desfinanciación del sistema de salud pública y el intento de mercantilizar servicios esenciales para la población no son opciones viables en un país donde millones dependen de la atención pública. Desde la perspectiva de los organizadores de la marcha, el desmantelamiento del sistema de salud está directamente relacionado con un ajuste neoliberal que prioriza el ajuste fiscal sobre la vida de las mayorías.