La Justicia frenó el decreto que disolvía Vialidad Nacional

La Dirección Nacional de Vialidad seguirá existiendo, al menos por seis meses. Así lo resolvió la jueza federal de San Martín, Martina Isabel Forns, quien suspendió los efectos del decreto 461/2025 que había firmado el presidente Javier Milei para disolver el organismo y transferir sus funciones a otras áreas del Estado.

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La decisión fue en respuesta a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina), que alertó sobre la amenaza a la estabilidad laboral de cientos de trabajadores. La jueza hizo lugar al planteo y ordenó al Poder Ejecutivo que se abstenga de ejecutar cualquier medida derivada del decreto: reubicaciones, traslados, cesantías o eliminaciones de estructuras.

Los fundamentos del fallo: derechos laborales y peligro en la demora

En su resolución, Forns argumentó que el decreto avanzaba sobre derechos protegidos por la Ley de Contrato de Trabajo, la Constitución Nacional y convenios internacionales. Remarcó que cualquier modificación en las condiciones laborales debe surgir de la negociación colectiva, no de decisiones unilaterales del Ejecutivo.

“Se vulneran las normas y garantías laborales vigentes”, sostuvo la jueza, al citar el artículo 33 del decreto, que colocaba los movimientos de personal bajo el control exclusivo de la Secretaría de Transformación del Estado, encabezada por Federico Sturzenegger.

Además, Forns destacó que la urgencia del caso justificaba el dictado de una medida cautelar: “La falta de una protección jurisdiccional inmediata ante el riesgo cierto de un daño inminente e irreparable puede derivar en un perjuicio efectivo”, advirtió.

Qué pasa ahora: seis meses de suspensión y posible apelación

La medida tiene una vigencia inicial de seis meses, mientras se resuelve la cuestión de fondo: si es legal o no la disolución de Vialidad Nacional tal como lo propuso el Gobierno. Durante ese período, la administración de Milei no podrá avanzar con reestructuraciones ni traslados dentro del organismo.

Desde el entorno presidencial anticipan que apelarán el fallo ante la Cámara Federal de San Martín. No obstante, el revés judicial representa un freno importante para la “motosierra” de La Libertad Avanza, que ya había encontrado resistencias sindicales y políticas por otras reformas impulsadas por decreto.

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La Dirección Nacional de Vialidad, creada como entidad autárquica, es clave en la planificación y ejecución de obras viales en todo el país. Su eventual cierre había generado alarma no solo en el sector gremial, sino también entre gobernadores y actores del sector productivo.