Diputados avanza con la moción de censura contra Guillermo Francos

La tensión entre el Congreso y la Casa Rosada sumó un nuevo capítulo esta semana. La Cámara de Diputados aprobó un emplazamiento para que las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento se reúnan el próximo martes 14 de octubre a las 13 horas. 

El objetivo será tratar la moción de censura e interpelación contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por negarse a ejecutar la Ley de Emergencia en Discapacidad, vigente tras haber sido ratificada por ambas cámaras.

El debate fue impulsado por el diputado Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), quien recordó que el Congreso insistió en la validez de la norma con más del 70% de los votos, luego del veto presidencial de Javier Milei.

“Ahí el Gobierno no cumple, no entra al juego constitucional como corresponde y además saca un decreto estableciendo el no cumplimiento”, señaló el legislador cordobés.

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Agost Carreño justificó el uso de una herramienta inédita: “Esta herramienta no se usó nunca, pero tampoco pasó nunca que se saque un decreto donde el jefe de Gabinete diga que no va a aplicar la ley con su propia firma y que por otro lado diga que no va a reasignar partidas cuando el propio Gobierno permitió que no haya presupuesto durante dos años seguidos”.

El diputado remarcó que Francos “es un hombre dialoguista”, pero subrayó que “el principal valor que tiene que esperar el Congreso nacional del jefe de Gabinete es que cumpla la ley”.

Una interpelación con final abierto

La moción de censura —prevista en el reglamento parlamentario pero nunca aplicada— comenzará con una interpelación formal al funcionario, que requerirá mayoría absoluta. Si durante esa instancia las respuestas de Francos no resultan satisfactorias, la Cámara podrá votar su remoción.

Sin embargo, desde la Casa Rosada ya anticiparon su estrategia: si el Congreso decide desplazar a Francos, Milei lo restituirá al día siguiente mediante decreto, una maniobra que promete profundizar el conflicto institucional.

El foco de la discusión es la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue vetada por el Ejecutivo y luego ratificada por el Parlamento. La norma contempla un aumento en los aranceles por prestaciones a personas con discapacidad y la reasignación de partidas presupuestarias específicas para su cumplimiento.

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Además del emplazamiento, la Cámara baja aprobó por 119 votos a favor, 67 en contra y 8 abstenciones el proyecto que declara “nula de nulidad absoluta e insanable la cláusula suspensiva del decreto 681/25 sobre emergencia en materia de Discapacidad”.

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La autora de la iniciativa, la diputada Marcela Pagano (Desarrollo y Coherencia), ex integrante de La Libertad Avanza, celebró el respaldo parlamentario y criticó duramente al Gobierno: “Me hubiera encantado discutirlo en el Presupuesto, pero (José Luis) Espert no nos permitió”, señaló.

Pagano explicó que la suspensión de la ley es “ilegal porque había cumplido todos los trámites constitucionales para ser promulgada automáticamente”.

En el recinto, lanzó una pregunta que resonó entre oficialismo y oposición: “¿Para qué debatimos leyes si después por decreto se habilita la suspensión? ¿Para qué juramos la Constitución si después vamos a permitir que se desobedezca?”.

La legisladora definió la maniobra del Ejecutivo como “un avasallamiento a la institución del Congreso y una afrenta a la soberanía de la República”.