La CGT advierte sobre un "ataque" al sistema de salud sindical por la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un crítico y extenso informe técnico en el que califica la reforma laboral impulsada por el Gobierno como un "ataque" directo y deliberado contra el sistema de obras sociales sindicales. Según la central obrera, el proyecto no busca una modernización normativa, sino una "transformación estructural regresiva" cuyo objetivo político es el desfinanciamiento de uno de los pilares del modelo sindical argentino.

El documento, elaborado por el secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), sostiene que las obras sociales no representan un privilegio corporativo, sino una garantía del derecho a la salud basada en una lógica solidaria: quienes más aportan sostienen a quienes más lo necesitan.

El impacto directo: la quita de contribuciones patronales

Uno de los puntos más alarmantes del informe radica en el análisis del artículo 161 del proyecto oficial. Esta norma propone reducir la contribución patronal destinada a las obras sociales del 6% al 5%.

Lejos de ser un simple alivio para los empleadores, la CGT advierte que esta medida implica una pérdida de recursos crítica para el sistema de salud laboral. De acuerdo con las estimaciones oficiales citadas en el texto, esta rebaja representaría una caída de entre 679 y 700 millones de dólares anuales, lo que equivale aproximadamente al 0,1% del Producto Bruto Interno (PBI).

Para la central, este ajuste no es un dato técnico menor, sino una "transferencia directa de recursos desde el trabajo hacia el capital". Esta quita se traduciría inevitablemente en menos prestaciones y un deterioro progresivo de la calidad del servicio médico para los trabajadores y sus familias.

Mecanismos de desfinanciamiento indirecto

El informe detalla que el ataque al sistema se complementa con otros mecanismos de la reforma que generan inestabilidad estructural:

Fin de la ultraactividad: La reforma elimina la ultraactividad de las cláusulas obligacionales de los convenios colectivos.

Esto significa que los aportes y contribuciones con destino sindical y a obras sociales cesarían automáticamente al vencer el convenio, salvo acuerdo expreso.

Voluntarización de aportes: La eliminación de mecanismos de retención automática fragmenta la recaudación y erosiona la previsibilidad de los recursos.

Reducción de la base de aportantes: La CGT señala que la expansión del monotributo, la exclusión de trabajadores de plataformas, la tercerización y la caída del empleo registrado reducen sistemáticamente el número de personas que aportan al sistema, mientras aumenta la población precarizada que requiere atención.

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La estructura del sistema de salud en Argentina

El documento de la central obrera también precisa las diferencias fundamentales entre los tres subsistemas de salud que conviven en el país, subrayando la presión que recae sobre los sindicatos:

Sistema Privado (Prepagas): Los usuarios actúan como clientes y abonan cuotas según su carga familiar.

Sistema Público: Hospitales nacionales, provinciales y municipales que se encuentran "completamente desfinanciados".

Obras Sociales Sindicales: Se sostienen con un aporte del 3% a cargo del trabajador y, hasta ahora, un 6% a cargo del empleador.

Bajo este esquema, el 3% va directamente a la obra social (sujeto a auditorías y límites estrictos de gastos administrativos), mientras que el 6% se deriva al Fondo Solidario de Redistribución. Este fondo, de unos 55 millones, destina 50 millones exclusivamente a cubrir discapacidad y enfermedades de alta complejidad. Además, las obras sociales deben integrar entre el 15% y el 20% a dicho fondo y están obligadas a cubrir el Programa Médico Obligatorio (PMO), así como a recibir a monotributistas y jubilados, cargas que las prepagas no asumen de la misma manera.

Una crisis terminal y el "ajuste" salarial

La CGT denuncia que el sistema ya atraviesa una situación crítica. "Si las prepagas manifiestan que entrarán en quiebra, ¿qué queda para las obras sociales que tienen ingresos que dependen directamente de un porcentaje del salario?", interpela el informe.

La crisis se ve agravada por la licuación de los sueldos y el aumento de los pagos no remunerativos (que no generan aportes). Mientras las obras sociales perciben porcentajes sobre salarios devaluados, deben enfrentar costos de mercado donde los medicamentos han triplicado su valor. Según el documento, muchos sindicatos hoy están derivando fondos propios para poder mantener los servicios básicos.

Conclusión del movimiento sindical

El informe concluye con una postura tajante: defender las obras sociales es defender la dignidad de quienes viven de su trabajo. "No hay modernización posible si se construye sobre la pérdida de derechos", sentencia el texto, advirtiendo que la reforma profundiza la desigualdad social al transferir recursos hacia los sectores que concentran el poder económico.