El caso del médico suspendido por la Provincia y los límites éticos en la salud pública
La decisión tras los posteos en X abrió un debate político y sanitario: investigación administrativa, causa federal y el rol del sistema público frente al odio.
Política13 de enero de 2026
Pamela Orellana

La suspensión del médico residente del Hospital San Martín de La Plata no fue solo una respuesta administrativa frente a mensajes antisemitas: también dejó al descubierto una definición política del gobierno bonaerense sobre los límites éticos en el sistema de salud.
Tras la viralización de publicaciones de extrema violencia en la red social X, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires resolvió apartar de sus funciones a Miqueas Martínez Secchi y activar una investigación administrativa paralela a la causa judicial ya en curso.
La medida fue confirmada este lunes por el ministro Nicolás Kreplak, quien sostuvo que “cualquier mensaje agresivo o de falta de respeto por la vida humana es incompatible con la práctica sanitaria y particularmente de la medicina”. El funcionario dejó en claro que el caso será evaluado por un comité ético, técnico y profesional que deberá definir si el residente puede o no retomar su proceso de formación.

La decisión llegó luego de que se difundieran capturas de mensajes atribuidos al médico, considerados de extrema violencia y con contenido antisemita. Uno de ellos fue especialmente señalado por su gravedad: “No hay que cortarles el prepucio. Hay que cortarles las yugulares y las carótidas de lado a lado”. La frase fue interpretada como una incitación explícita al homicidio y generó un inmediato repudio público.
Quién es el médico suspendido y cómo se originó la denuncia
Martínez Secchi se desempeñaba como residente en el Hospital San Martín, uno de los centros de referencia del sistema público bonaerense. El caso tomó estado público luego de un relevamiento realizado por el analista internacional Daniel Lerer, quien expuso los mensajes en X antes de que el profesional eliminara su cuenta (@Miqveas). Las capturas fueron preservadas y luego incorporadas como prueba documental en la causa judicial.

La denuncia penal fue presentada por el abogado Jorge Monastersky y quedó radicada en el Juzgado Federal N° 6 de Comodoro Py, subrogado por la jueza María Eugenia Capuchetti. En el escrito se solicita que se investigue la posible comisión de delitos como instigación a cometer delitos, apología del crimen y violación de la Ley Antidiscriminatoria (23.592).
En declaraciones radiales, Monastersky advirtió que “la permanencia del acusado en un área crítica como la terapia intensiva representa un peligro latente”. Y planteó una pregunta que sintetizó el eje del reclamo: “¿Con qué tranquilidad una persona que es de la colectividad judía se va a dejar atender con esa persona?”.

El mensaje, su simbolismo y el impacto institucional
El abogado también explicó el contexto del mensaje que motivó la denuncia, descartando cualquier interpretación metafórica. “Esto tiene que ver con la tradición judía; al octavo día a los hijos varones se les hace la circuncisión. Entonces, bajo el conocimiento médico, lo que dice es directamente que hay que asesinarlos, porque cuando habla de la carótida es dar muerte”, afirmó.
Desde el Ministerio de Salud, Kreplak remarcó que la salud es “uno de los bienes esenciales de la sociedad” y sostuvo que es indispensable “ser tajante en contra de todo hecho de discriminación y de racismo”. Aclaró además que el mismo criterio se aplica frente a cualquier expresión discriminatoria contra comunidades mapuches, originarias, islámicas o cualquier etnia, identidad sexual o religiosa.
La repercusión en redes sociales también puso el foco en la contradicción del perfil público del médico, quien se presentaba como defensor de la universidad pública y exhibía su título de la Facultad de Medicina de la UBA. Ese discurso de inclusión contrastó con los mensajes que derivaron en su suspensión y en una causa judicial que ahora avanza en paralelo a la investigación administrativa.

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