Cierre de FATE y estatización en debate: el reclamo obrero que interpela a la Provincia

El anuncio del cierre definitivo de FATE y el despido de sus 920 trabajadores abrió un nuevo frente de conflicto industrial en la provincia de Buenos Aires, con impacto político, sindical y productivo. Aunque el Gobierno nacional y la administración bonaerense dictaron una conciliación obligatoria por 15 días, la medida no logró desactivar la tensión: los operarios resolvieron sostener una ocupación pacífica de la planta de Virreyes, en San Fernando, y elevaron un reclamo de máxima al Ejecutivo provincial encabezado por Axel Kicillof: que el Estado intervenga y avance en la estatización de la fábrica bajo control de los trabajadores.

La desconfianza hacia la empresa es total. Desde el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), su secretario general Alejandro Crespo fue contundente: “Si nos vamos de acá, de defender nuestros puestos de trabajo, ¿qué va a pasar? Tiene que haber una propuesta de continuidad laboral. Queremos que se den tareas”. 

El conflicto se profundizó cuando los trabajadores denunciaron que las autoridades de FATE no se presentaron a la conciliación obligatoria y abandonaron la fábrica. Claudio Mora, operario de la planta, explicó que la permanencia dentro del establecimiento apunta a preservar las instalaciones y los equipos: “Mantenemos una presencia pasiva para cuidar la seguridad e integridad de las máquinas”.

LA PROVINCIA DICTÓ LA CONCILIACIÓN OBLIGATORIA EN EL CONFLICTO DE FATE

El Ministerio de Trabajo a cargo de @waltercorreaok dictó la conciliación obligatoria en el conflicto con FATE S.A.I.C.I., retrotrayendo la situación al inicio y dejando sin efecto los 920 despidos anunciados pic.twitter.com/gdjLuLJwEH

— Trabajo PBA (@TrabajoPBA) February 18, 2026

Según relataron los empleados, el cierre podría esconder una maniobra empresarial. FATE forma parte de un holding y, desde la óptica sindical, no se descarta un “cambio de firma” para reestructurar la compañía y reemplazar al personal.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, los trabajadores subrayan que la fábrica está en condiciones de producir: hay materia prima, maquinaria operativa y personal capacitado. Aun así, denuncian deudas pendientes —como el bono de fin de año— y la ausencia de paritarias desde hace más de 14 meses. En ese marco, el pedido de estatización aparece como una salida defensiva frente a un cierre que consideran injustificado.

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El rol de Kicillof y la crítica al modelo nacional

Desde Lobos, durante la reapertura del Museo Casa de Perón, Kicillof llevó el conflicto de FATE al centro de su discurso político. El gobernador calificó el cierre como “otro desastre producido por el gobierno de Javier Milei” y cuestionó que casi mil familias se enteraran de la clausura “por un cartelito en la puerta”. También destacó que la propia empresa reconoció que la decisión está ligada a la apertura importadora y a la caída de la demanda.

Para el mandatario bonaerense, el caso FATE no es aislado: “Es gravísimo, pero no es el primero ni el más relevante cuantitativamente”. En su análisis histórico, recordó que la compañía nació en los años ’40 y se transformó en un emblema de la industria nacional, capaz de sobrevivir a ciclos de ajuste y políticas económicas adversas. En contraste, afirmó que el actual rumbo económico favorece la especulación financiera y castiga a la producción.

Kicillof fue más allá al cuestionar el discurso oficial sobre la “reconversión”: “Cierran fábricas y dejan trabajadores en la calle. ¿Dónde van a encontrar trabajo?”. En su lectura, el cierre de FATE sintetiza el impacto de un modelo que golpea a la industria, las economías regionales y el empleo formal.

Rechazo transversal en la Legislatura bonaerense

El anuncio del cierre generó una reacción poco habitual en la política provincial. Legisladores de distintos bloques —desde La Libertad Avanza hasta Unión por la Patria y el Frente de Izquierda Unidad— coincidieron en cuestionar la decisión empresaria del grupo encabezado por Javier Madanes Quintanilla.

Desde Unión por la Patria, la senadora Malena Galmarini vinculó el cierre con el rumbo económico del Gobierno nacional y advirtió sobre sus consecuencias sociales. “Jóvenes sin futuro cercano, padres sin trabajo, madres sin tranquilidad y familias sin recursos para afrontar el inicio de clases”, enumeró, y remarcó: “Noviembre 2023: 2100 trabajadores. Febrero 2026: cero. Todo marcha de acuerdo al plan”.

En la misma línea, el senador Federico Fagioli, referente de Patria Grande dentro de UxP, relacionó el conflicto con la agenda laboral que impulsa el Ejecutivo nacional. “Acá tenés la ‘modernización laboral’. El gobierno de Milei está destruyendo la industria nacional y encima quiere avanzar con una reforma que va a facilitar los despidos y los cierres de empresas”, sostuvo.

La diputada Mayra Mendoza advirtió sobre el impacto inmediato en casi mil familias “angustiadas en la previa del comienzo de clases”.

Desde la Cámara de Diputados bonaerense, la legisladora Mayra Mendoza señaló que el cierre implica “920 nuevos desocupados del modelo económico de Milei” y advirtió sobre el impacto inmediato en casi mil familias “angustiadas en la previa del comienzo de clases”.

Por su parte, la diputada del Frente Renovador Ayelén Rasquetti puso el foco en el efecto económico local del cierre: “Son 920 familias que se quedan sin ingresos y dejan de inyectar recursos en las economías de sus barrios. Hoy no saben cuál es su futuro”.

Desde una mirada gremial, la diputada Soledad Alonso recordó que FATE “atravesó crisis y distintos gobiernos durante más de 80 años”, pero advirtió que “desde la asunción de Milei lo único que creció fue la cantidad de despidos”.

Estatización, ¿una salida posible?

El pedido de los trabajadores no se limita a frenar los despidos. Reclaman que la Provincia intervenga y ponga a producir la planta bajo control obrero. En ese sentido, argumentan que la ecuación económica es viable: “El kilo de neumático cuesta alrededor de 6 dólares producirlo y se vende a 15. Si se elimina el costo empresario, se puede competir con cualquiera”, sostienen.

La discusión sobre la estatización de FATE reabre un debate de fondo sobre el rol del Estado provincial frente al cierre de empresas estratégicas, en un escenario nacional marcado por la apertura importadora y el retiro del sector público de la actividad productiva. Para Kicillof, el conflicto expone los límites del modelo libertario; para los trabajadores, es una pelea por la supervivencia; y para la política bonaerense, un caso testigo que anticipa nuevas tensiones entre Nación, Provincia y mundo del trabajo.

Mientras tanto, la planta sigue ocupada y el desenlace permanece abierto. Entre la conciliación obligatoria, la presión sindical y el debate por la estatización, el futuro de FATE se convirtió en una postal nítida de la crisis industrial que atraviesa la Argentina.