Más de 100 despidos, acampe y conflicto abierto: el caso Caromar y la reforma laboral de Milei

El cierre de cuatro sucursales del mayorista Caromar a fines de noviembre abrió un conflicto laboral que ya lleva más de 40 días y dejó a más de 100 trabajadores sin empleo en la provincia de Buenos Aires. En Mar del Plata, la situación derivó en un acampe permanente sobre la Ruta 88, donde 15 familias reclaman el pago de salarios adeudados y de las indemnizaciones correspondientes, que la empresa aún no abonó.

Desde el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA) aseguran que el caso no es aislado y lo vinculan de manera directa con la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. Según plantean, la estrategia empresarial apunta a llevar la negociación al límite para evitar el pago de indemnizaciones y sentar un precedente en línea con el proyecto que se debate en el Senado.

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Un conflicto que no encuentra salida

Los trabajadores despedidos sostienen un acampe desde hace más de un mes frente a la sucursal cerrada de Caromar en Mar del Plata. El reclamo comenzó por el pago de salarios atrasados y derivó rápidamente en una exigencia más amplia: el cumplimiento íntegro de las indemnizaciones tras el cierre definitivo del local.

“Desde el primer momento la oferta fue cero. No querían pagar nada de indemnización”, afirmó Esteban Fraysse, secretario gremial del SECZA. Según explicó, la medida de fuerza fue determinante para forzar a la empresa a sentarse a negociar: “Si algo se logró con los 40 días de acampe es que se hayan sentado en una mesa en la que no querían estar”.

El conflicto no se limita a Mar del Plata. El cierre de las cuatro sucursales dejó a más de un centenar de empleados en la calle y abrió negociaciones paralelas en otras localidades, todas atravesadas por la misma falta de propuestas concretas por parte de la patronal.

Audiencias, acuerdos parciales y tensión

En las últimas semanas se realizaron distintas audiencias en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. La más reciente, llevada a cabo la semana pasada en La Plata, derivó en un acuerdo parcial con una de las plantas más grandes de la firma, que contempla el pago del 50% de las indemnizaciones en tres cuotas.

Desde el sindicato calificaron la propuesta como “inaceptable” y denunciaron que la empresa intentó utilizar ese acuerdo para dar por caída la negociación con el resto de los trabajadores y avanzar en la judicialización del conflicto. La intervención del Ministerio permitió establecer un cuarto intermedio y mantener abierta la mesa de diálogo.

Mientras tanto, en Mar del Plata el acampe continúa. “Hace 40 días que estamos ahí. Estuvimos el cuerpo de delegados, la comisión directiva del sindicato y los trabajadores de Caromar. La empresa tiene mercadería en el lugar y esa es parte de la presión que ejercemos, aunque el propio candado lo puso la empresa”, sostuvo Fraysse.

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El eje político y la reforma laboral

Desde el SECZA insisten en que el caso Caromar funciona como un “caso testigo” directamente vinculado con la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. En ese sentido, Fraysse apuntó contra el estudio jurídico que asesora a la empresa: “El estudio de abogados Foglia, que asesora a la empresa, es uno de los que escribió la reforma laboral que está en el Senado”.

Según el dirigente gremial, la maniobra apunta a fortalecer el artículo que propone reemplazar las indemnizaciones por un fondo de cese laboral. “Ellos plantean un escenario de no pago de indemnizaciones para fortalecer el artículo que habla del fondo de cese laboral”, afirmó.

Y advirtió que este esquema podría replicarse en otros conflictos laborales: “Esto va a pasar en muchos otros lugares. Llevan la negociación al límite para no pagar y convencer a los trabajadores de que el fondo de cese laboral es lo que conviene, porque supuestamente garantiza la disponibilidad de la indemnización”.