Denuncias por abusos en el Senado: investigan un posible encubrimiento

La causa judicial que investiga a la presunta secta “La Orden de la luz”, integrada y liderada por dos empleados del Senado bonaerense, sumó en las últimas horas nuevas medidas de prueba que apuntan a una posible maniobra para evitar que las denuncias llegaran a la Justicia. La fiscal Betina Lacki, a cargo del expediente, ordenó avanzar sobre el rol de una funcionaria mencionada por varias víctimas.

La investigación tiene como principales imputados a Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, quienes permanecen detenidos desde diciembre y están procesados por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, en al menos cuatro hechos que habrían ocurrido entre 2015 y 2019. Él está acusado como autor y ella como partícipe necesaria.

Martínez: "Trabajamos para que el acceso a la tierra sea una oportunidad real"

El foco en una exfuncionaria y un abogado citado

En este tramo de la causa, la fiscal citó a declarar al abogado Claudio Yacoy, secretario de Derechos Humanos del municipio de Avellaneda. Su testimonio es considerado clave para determinar si existió una maniobra de encubrimiento atribuida a Melina Gaudino, militante del movimiento “La Capitana” de La Plata y exdirectora en un área del Ministerio de Seguridad bonaerense.

Gaudino fue mencionada por tres denunciantes, quienes coincidieron en que habría intentado “tapar los hechos o evitar que las denuncias llegaran a la Justicia”. Según consta en el expediente, una de las víctimas la contactó en enero de 2017 en busca de ayuda. “Yo la conocía de la militancia. Ella nos presenta primero a una abogada que no podía tomar la causa, entonces después nos termina presentando a Yacoy”, relató.

Las denunciantes afirmaron que pusieron a disposición de Gaudino y del abogado una gran cantidad de material probatorio, entre ellos mensajes de Telegram y WhatsApp, más de 250 correos electrónicos y fotografías. Durante meses, según los testimonios, Gaudino les aseguró que el abogado había presentado escritos, solicitado una perimetral y mantenido reuniones con la fiscal y el juez Pablo Raele.

Sin embargo, al consultar en la fiscalía, las víctimas descubrieron que ninguna de esas actuaciones existía.
“Nos anoticiamos de que no se había presentado ningún escrito. Tampoco existía fecha de indagatoria ni de preventiva”, denunciaron. Posteriormente, al contactar directamente a Yacoy, este negó haber tenido reuniones con la fiscal Betina Lacki o con el juez Raele, a quien aseguró no conocer.

El abogado estaba citado a declarar el miércoles pasado, pero no se presentó. Según confirmó la fiscal, el próximo paso será verificar si recibió la notificación y, de corresponder, volver a convocarlo.

Cómo funcionaría la secta según la fiscalía

De acuerdo con la acusación fiscal, la organización tenía una estructura piramidal. Rodríguez era presentado como el líder máximo, autodenominado “Dios Kiei”, con supuestos poderes sobrenaturales. A su lado, Silva Muñoz actuaba como “Sensei” o facilitadora, utilizando su rol de confidente para persuadir a las víctimas y sostener vínculos sexuales bajo la idea de una “trieja”.

En el 2025, Arrieta fue el parlamentario que presentó mayor cantidad de propuestas en el PARLASUR

Los testimonios indican que muchas víctimas fueron captadas en ámbitos de militancia política, espacios universitarios y encuentros de mujeres. En algunos casos, se habría generado dependencia económica y psicológica. Según el expediente, Silva Muñoz persuadía a las víctimas para concurrir al domicilio o incluso a oficinas del Senado, donde quedaban encerradas con Rodríguez.

Estado de la causa y próximos pasos

El abogado de las víctimas, Ignacio Fernández Camillo, confirmó que el expediente se encuentra en plena investigación. “Hay un montón de prueba para proveer. Hay por lo menos 16 declaraciones testimoniales”, sostuvo. También indicó que algunos abusos habrían ocurrido dentro del Senado y que se investiga el uso de armas blancas para generar sometimiento.

La fiscalía tiene plazo hasta el 29 de enero para solicitar la prisión preventiva, mientras que el 22 de enero se realizará la apertura de teléfonos y dispositivos secuestrados en allanamientos. Además, se investiga la posible existencia de más víctimas, que podrían ser al menos 20, aunque muchas aún no se animaron a denunciar y participarían como testigos.