La disolución del PROFIDE suma presión política y alertas empresarias

La eliminación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial (PROFIDE) abrió un nuevo frente de tensión política entre el gobierno de Axel Kicillof, la oposición y el sector de la construcción. Mientras senadores de La Libertad Avanza reclaman explicaciones formales al Ejecutivo, la Cámara de la Vivienda y Equipamiento Urbano de la República Argentina (CAVERA) advierte por obras en riesgo, pagos pendientes y un posible impacto laboral y judicial en la provincia.

La polémica se intensificó luego de que legisladores libertarios presentaran un pedido de informes para que el Gobierno detalle el estado de las obras, la situación patrimonial del Fondo y las consecuencias derivadas de su disolución, dispuesta en el marco del Presupuesto 2026 mediante la Ley 15.557.

La iniciativa fue impulsada por el senador Matías de Urraza y acompañada por el presidente del bloque en la Cámara alta, Carlos Curestis. El planteo solicita precisiones sobre las obras en ejecución al 31 de diciembre de 2025, el destino del personal afectado al Consejo de Administración y la individualización de activos y pasivos del PROFIDE al momento de su liquidación.

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“La Ley 15.557 determina su liquidación y disolución, siendo de efecto inmediato la cesación en los pagos del Fondo. Empresas privadas que habían proyectado sus finanzas en base a pagos que debían recibir del fondo ya se encuentran utilizando vías legales para el reclamo de sus saldos a favor”, advirtió De Urraza.

Reclamos, atrasos y riesgo judicial

Desde la oposición alertaron que la interrupción del esquema de pagos podría derivar en juicios contra la Provincia, con impacto directo sobre los recursos públicos. “Perjudicando así a todos los bonaerenses, que perderán recursos públicos con posible afectación a necesidades colectivas, para saldar sanciones administrativas y judiciales”, sostuvo el legislador.

El pedido de informes también apunta a identificar a las autoridades responsables del proceso de disolución y conocer el estado actual de la liquidación del Fondo. En los fundamentos, De Urraza recordó que el PROFIDE fue creado en el año 2000 por la Ley 12.511 con el objetivo de financiar obras públicas y promover la participación privada en proyectos de infraestructura, bajo distintas modalidades de ejecución y financiamiento.

Además, advirtió que no solo deben cancelarse los certificados de obra ya presentados, sino que el vencimiento de los plazos de pago activa actualizaciones diarias a través del Valor Unidad de Vivienda (VUV), lo que podría incrementar el costo final para las arcas provinciales.

La advertencia del sector empresario

En paralelo al debate político, CAVERA expresó su “profunda preocupación” por la disolución del PROFIDE. En una nota dirigida al gobernador Axel Kicillof, la entidad alertó que la medida pone en riesgo inmediato la continuidad de 1.647 viviendas en ejecución en distintos puntos del Conurbano y el Gran Buenos Aires.

Según la cámara, el impacto laboral sería significativo: alrededor de 4.200 puestos de trabajo podrían perderse solo en el segmento de vivienda social, afectando obras en distritos como La Matanza, Berazategui, Florencio Varela, La Plata, Ensenada, Presidente Perón y Escobar. La advertencia se da en un contexto de fuerte retracción del sector, que ya arrastra la pérdida de más de 60.000 empleos en la provincia tras la paralización de la obra pública nacional.

Desde CAVERA reclamaron garantizar el restablecimiento de los flujos financieros, el pago de certificados adeudados y la finalización de los proyectos en marcha, al considerar que la continuidad de las obras es clave tanto para atender la demanda habitacional como para sostener la actividad económica y la paz social.

La respuesta oficial

Desde el Ejecutivo bonaerense buscaron llevar tranquilidad frente a los cuestionamientos. Voceros de Gobernación aseguraron que, pese a la disolución del Fondo, “se continúan efectuando los pagos y las obras continúan”, y remarcaron que la medida apunta a eliminar estructuras administrativas que generaban costos para la Provincia.

El Presupuesto 2026 dispuso además que el Instituto de la Vivienda absorba las obras, operatorias y responsabilidades del PROFIDE durante el proceso de liquidación, con el compromiso de garantizar la continuidad administrativa hasta su cierre definitivo.