Mariana Portilla
Una denuncia penal presentada en la Justicia de Bahía Blanca puso bajo la lupa a dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) por el presunto uso indebido de datos personales de personas con discapacidad en el distrito de Tres Arroyos. La acusación apunta a determinar si se utilizaron con fines proselitistas padrones del programa Incluir Salud, que protege información altamente sensible.
La presentación fue realizada por el secretario de Desarrollo Social del municipio, Martín Garate, y la coordinadora del Área de Discapacidad, Andrea Elgart, ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°16, a cargo del fiscal Gabriel Lopazzo.
El eje central de la denuncia son capturas de chats de WhatsApp difundidas públicamente el 9 de enero, atribuidas a Franca Grippo, concejala de LLA en Bahía Blanca y coordinadora del espacio libertario en la Sexta Sección Electoral.
En esos mensajes, Grippo afirma tener en su poder “el padrón de Incluir Salud de toda la Sexta, dividido localidad por localidad, para que puedan hacer territorio”. En otras intervenciones, remarca que se trata de “información reservada” y que sería entregada “en mano” y en formato papel durante una actividad partidaria.
“Me la dieron en papel y se las voy a dar en mano a ustedes”, señala uno de los mensajes. En otro, agrega: “Los que vayan a la inauguración de Tres Arroyos me avisan y se las llevo”.
Según consta en la denuncia, los mensajes habrían sido enviados el 17 de junio de 2025, apenas días antes de la inauguración de un local de La Libertad Avanza en Tres Arroyos, que finalmente se realizó el 20 de junio.
Medios locales documentaron que Grippo estuvo presente en el acto, donde tomó contacto con referentes del espacio, concejales en funciones y candidatos que luego competirían en las elecciones del 7 de septiembre. Para los denunciantes, esa coincidencia temporal resulta clave para investigar si los datos fueron efectivamente utilizados con fines políticos.
El planteo judicial solicita que se investigue una posible violación al artículo 157 bis del Código Penal, que sanciona el acceso ilegítimo y la revelación indebida de datos personales, con el agravante de que los responsables podrían ser funcionarios públicos.
“Queremos saber si los dirigentes libertarios de Tres Arroyos que asistieron a ese acto tenían esa información”, sostuvo Andrea Elgart en diálogo con Página/12. Y agregó: “Si la usaron sabiendo que nuestros vecinos podían sentirse amenazados o perder la pensión, la Justicia tiene que investigarlo”.
Entre los nombres mencionados en la denuncia figuran el coordinador local de LLA, Alejandro Finocchio, y los concejales Omar Bartneche y Eduardo Giordano, todos presentes en la inauguración del local partidario de la calle Rivadavia al 200.
