Mariana Portilla
La foto dejó más preguntas que certezas. Tras la apertura de sesiones ordinarias, el oficialismo bonaerense quedó atravesado por dos planos que se superponen: una interna que no termina de suturar y la necesidad de ordenar una agenda legislativa que, inevitablemente, tendrá impacto electoral.
En ese contexto, el gobernador Axel Kicillof avanzará en los próximos días en una reunión clave con el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara; el titular del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli; y el vicepresidente del cuerpo, Alexis Guerrera. El objetivo: definir prioridades y evitar que la tensión interna paralice el funcionamiento legislativo.
La reunión se da luego de que el discurso del mandatario expusiera diferencias con sectores del kirchnerismo duro y del Frente Renovador. La falta de menciones a Cristina Fernández de Kirchner no pasó inadvertida en La Cámpora, mientras que el massismo volvió a marcar distancia en materia salarial y electoral. Pero más allá de las señales políticas, el oficialismo necesita avanzar.
Durante la Asamblea Legislativa, Kicillof anticipó una serie de proyectos que buscará enviar o reimpulsar este año. Entre ellos, la creación de un laboratorio provincial en el marco de la ley de Producción Pública de Medicamentos, una iniciativa que ya había perdido estado parlamentario. Según el Ejecutivo, el objetivo es reducir costos y garantizar el acceso en todo el territorio bonaerense.
También anunció un proyecto para regular el trabajo en plataformas digitales. La propuesta contempla un Plan Integral y un Registro Provincial de Trabajo en Plataformas, con exigencia de seguros obligatorios, reglas claras sobre condiciones laborales y mayor transparencia en el uso de algoritmos.
En materia de seguridad, el gobernador insistió con la necesidad de avanzar en la ley de Formación del Personal Policial y en modificaciones a la Ley de Seguridad Pública.
La señal es clara: gestión y orden normativo como respuesta a una oposición que insiste con que la Provincia discute política mientras los problemas estructurales siguen abiertos.
Sin embargo, el tema que sobrevuela cada conversación es la posible modificación de la ley que limita las reelecciones. La norma vigente —sancionada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal con impulso del Frente Renovador de Sergio Massa— impide que quienes fueron electos en 2019 y reelectos en 2023 puedan competir nuevamente en 2027.
Más de 80 intendentes de distintas fuerzas quedarían fuera de carrera si no hay cambios. En el peronismo, la presión es explícita.
Desde el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el armado político que referencia al gobernador, sostienen que la limitación restringe la voluntad popular. En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el intendente de Bragado, Sergio Barenghi, defendió la posibilidad de revisar la ley bajo el argumento de que “la gente debe poder elegir”.
Pero la interna complica el escenario. Como adelantó este medio, La Cámpora no acompañaría una habilitación amplia para intendentes, mientras que el Frente Renovador ya adelantó que votará en contra. Sin esos votos, el oficialismo necesita acuerdos externos para alcanzar la mayoría simple en Diputados. El poroteo es fino y el margen, escaso.
En paralelo, la oposición libertaria presiona para instalar la Boleta Única de Papel (BUP) en la Provincia. Los bloques de La Libertad Avanza en la Legislatura mantienen conversaciones internas para acompañar una eventual reforma de reelecciones, pero condicionan cualquier acuerdo a que el paquete incluya la implementación de la boleta única.
El espacio que en la provincia conduce Sebastián Pareja argumenta que la experiencia nacional reciente bajo ese sistema demostró mayor transparencia. Desde el Ejecutivo, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, consideró “prematuro” modificar el esquema actual.
En el oficialismo reconocen que 2026 —sin elecciones provinciales— aparece como la ventana para discutir reformas estructurales. Pero también saben que cada movimiento tiene impacto directo en la construcción rumbo a 2027, año en el que Kicillof no podrá buscar un nuevo mandato.
La relación con los intendentes es estratégica: el gobernador necesita músculo territorial si aspira a proyectarse a nivel nacional. Los jefes comunales, a su vez, necesitan una definición que despeje su futuro político.
La reunión con las autoridades de la Cámara será, en ese marco, más que un gesto institucional. Será el primer intento formal de ordenar prioridades en medio de una interna que, lejos de apagarse, redefine cada paso legislativo.
