La UCR bonaerense y una pregunta incómoda: ¿Cuánto más puede tensarse la cuerda?

La crisis interna de la Unión Cívica Radical (UCR) de la provincia de Buenos Aires sumó en las últimas horas un nuevo capítulo que profundiza la incertidumbre sobre el futuro del partido. El presidente del Comité de Contingencia del radicalismo bonaerense, Miguel Fernández, resolvió suspender la reunión que estaba prevista para este miércoles “hasta tanto se resuelvan las cuestiones planteadas en sede judicial”.

La decisión fue comunicada a los plenaristas a través de una nota en la que el dirigente explicó que el encuentro no podía realizarse mientras continúe abierto el conflicto judicial que atraviesa el partido. Según argumentó, existen presentaciones realizadas tanto por miembros del propio Comité de Contingencia como por afiliados radicales que todavía deben ser resueltas.

El movimiento de Fernández no es menor. Llega en medio de una disputa política que enfrenta a distintos sectores del radicalismo bonaerense y que tiene como telón de fondo el adelantamiento de las elecciones internas partidarias.

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El conflicto escaló cuando el juez federal con competencia electoral en La Plata, Alejo Ramos Padilla, rechazó una medida cautelar que había sido presentada por el sector encabezado por Fernández para frenar el adelantamiento de las elecciones internas.

El magistrado consideró que las medidas cautelares en materia electoral deben ser aplicadas de manera excepcional y que, en este caso, aún no cuenta con todos los elementos necesarios para determinar la validez de la reunión partidaria que modificó el calendario electoral.

En consecuencia, el juez decidió no suspender el nuevo cronograma, que fija la elección de autoridades para el 7 de junio, aunque tampoco convalidó de manera definitiva la legalidad de la decisión. Esto dejó la disputa en una zona gris: el adelantamiento de los comicios sigue vigente por ahora, pero su legitimidad todavía está bajo análisis judicial.

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Fue una jornada de compromiso, reflexión y, sobre todo, de convicción sobre el rol que… pic.twitter.com/D9lyYV1LMB

— Maxi Abad (@MaxiAbad) February 21, 2026

Tras rechazar la cautelar, Ramos Padilla abrió una nueva etapa en el expediente. El juez dispuso correr traslado de la demanda por cinco días al partido para que sus apoderados respondan una serie de puntos clave.

Entre ellos figuran: la validez de la autoconvocatoria del 6 de marzo, la interpretación del artículo 74 de la Carta Orgánica sobre quién puede convocar reuniones, la legalidad de la resolución que adelantó las elecciones al 7 de junio, y la posibilidad de modificar el cronograma electoral aprobado en octubre de 2025

Es decir, la discusión entra ahora en el terreno de fondo: determinar si el acto partidario que cambió la fecha de la elección fue legal o no.

El origen del conflicto: una reunión que cambió el calendario

La disputa comenzó el 6 de marzo, cuando un grupo de integrantes del Comité de Contingencia del radicalismo bonaerense se autoconvocó en La Plata y resolvió adelantar la elección de autoridades partidarias.

El cronograma original establecía que los comicios internos debían realizarse el 6 de septiembre de 2026, pero la reunión decidió mover la fecha al 7 de junio.

El cambio fue impulsado por dirigentes cercanos al senador nacional Maximiliano Abad, junto a sectores vinculados al ex intendente de San Isidro Gustavo Posse y al espacio Evolución Radical, referenciado en Martín Lousteau.

Entre quienes votaron a favor del adelantamiento estuvieron: Walter Carusso, Sofía Gambier, Ariel Martínez Bordaisco, Miguel Ángel Bazze y Josefina Mendoza

En tanto, se abstuvieron el intendente de Tandil Miguel Lunghi y la dirigente Josefina Ignacio, cercana al histórico referente radical Federico Storani. Posteriormente, la Convención de Contingencia ratificó esa decisión con nueve votos a favor y uno en contra.

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Desde el sector que conduce Miguel Fernández sostienen que la reunión del 6 de marzo carece de validez reglamentaria. El dirigente argumenta que la presidencia del Comité de Contingencia ya había convocado formalmente a una reunión para el 12 de marzo, cumpliendo con los plazos establecidos en la normativa partidaria. Por ese motivo, considera que la autoconvocatoria que adelantó las elecciones no tiene sustento legal.

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— Grupo La Provincia (@LaProvinciaBsAs) February 25, 2026

Una ruptura política detrás del conflicto

Más allá de la discusión jurídica, el episodio revela un reordenamiento político dentro del radicalismo bonaerense. Fernández dejó entrever su malestar con el nuevo esquema de alianzas internas que se consolidó en los últimos meses dentro del partido.

“Lo paradójico es que el año pasado la discusión era Abad–Lousteau enfrentados, y hoy Abad y Lousteau han hecho una alianza”, señaló el dirigente. Además, rechazó las versiones que lo ubican alineado con otros sectores del radicalismo.

“Algunos suponen que el otro es el empleado. Yo no soy empleado de nadie”, lanzó, en un mensaje que muchos dentro del partido interpretaron como una ruptura política con el abadismo.

Pero la disputa actual es apenas el último capítulo de una crisis institucional que la UCR bonaerense arrastra desde octubre de 2024, cuando las elecciones internas dejaron un escenario de empate entre dos listas.

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Por un lado, la lista Adelante, encabezada por Miguel Fernández. Por el otro, Futuro, liderada por Pablo Domenichini. Las diferencias en la interpretación de los resultados terminaron judicializando el proceso y bloquearon la asunción de nuevas autoridades partidarias.

Para evitar una parálisis total, el radicalismo creó una conducción provisoria integrada por un Comité de Contingencia y una Convención de Contingencia, estructuras destinadas a ordenar la transición institucional. Sin embargo, lejos de cerrar el conflicto, el nuevo enfrentamiento por el calendario electoral demuestra que el partido sigue atrapado en una interna permanente.

En la provincia más grande del país, el radicalismo continúa intentando resolver su propia conducción mientras las tensiones internas, las alianzas cambiantes y la intervención de la Justicia mantienen abierto un escenario de incertidumbre política.