Celulares en cárceles: del parche de la pandemia al nuevo frente político por la seguridad

El ingreso de celulares a las cárceles bonaerenses, habilitado en marzo de 2020 como respuesta excepcional a las restricciones por la pandemia, se transformó en uno de los puntos más sensibles de la agenda legislativa. 

Lo que nació como una herramienta para sostener el vínculo entre internos y sus familias hoy aparece en el centro de un consenso político inusual: oficialismo y oposición coinciden en que el sistema se desbordó y requiere una revisión urgente.

En ese marco, el bloque de HECHOS —referenciado en los hermanos Passaglia— avanzó con un nuevo proyecto de ley que propone prohibir el ingreso, la tenencia y el uso de teléfonos celulares en todas las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense. La iniciativa ya fue presentada en ambas cámaras y buscará ser tratada en las próximas semanas.

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El texto apunta directamente a desarmar el esquema vigente, al considerar que la extensión de aquella medida excepcional “se prolongó más allá de su justificación inicial y sin un análisis de sus consecuencias”. En la práctica, los legisladores sostienen que el uso de celulares dejó de ser un recurso extraordinario para convertirse en una práctica habitual dentro de los penales.

Del delito intramuros a la presión legislativa

El trasfondo del proyecto está marcado por un dato concreto: el crecimiento sostenido de delitos coordinados desde el interior de las cárceles. Según información del Ministerio de Seguridad bonaerense, las denuncias por estafas aumentaron un 77,7% en el primer año de implementación del uso de celulares, un indicador que alimenta la preocupación transversal en la política provincial.

Casos recientes reforzaron esa alarma. La investigación por la muerte del soldado Rodrigo Andrés Gómez, de 21 años, expuso el funcionamiento de redes delictivas que operan desde unidades penitenciarias. Según la causa, el joven fue víctima de una extorsión que se inició a través de una aplicación de citas y derivó en una maniobra que incluyó la suplantación de identidad de un policía, audios falsos y amenazas. En menos de 24 horas, le sustrajeron $1,4 millones mediante transferencias a billeteras virtuales.

Uno de los principales sospechosos es Tomás Francavilla, detenido y condenado previamente por robo a mano armada, quien habría liderado la operatoria desde prisión con la colaboración de terceros fuera del penal.

Este tipo de episodios consolidó una idea que atraviesa los distintos proyectos: el celular como herramienta clave en la cadena delictiva intramuros. El fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, ya había advertido sobre la “reiteración del patrón —mando intramuros y ejecución extramuros con el dispositivo celular como nexo operativo esencial—”.

Coincidencias políticas y modelos en disputa

El proyecto de HECHOS se suma a una batería de iniciativas que, desde distintos espacios, buscan restringir o eliminar el uso de dispositivos móviles en cárceles. En el oficialismo provincial, el Frente Renovador impulsó una propuesta en la misma línea, con la senadora Malena Galmarini como principal vocera.

“El sistema penitenciario no puede seguir siendo una oficina desde donde se cometen delitos. Las cárceles no pueden funcionar como call centers del delito”, afirmó Galmarini al presentar su iniciativa, que también incluye la instalación obligatoria de inhibidores de señal y controles tecnológicos permanentes.

En paralelo, sectores de la oposición avanzaron con proyectos similares. Desde La Libertad Avanza, el diputado Oscar Liberman propuso la denominada “Ley Rodrigo”, que plantea limitar las comunicaciones de los internos a dos horas diarias y bajo estricta supervisión. En tanto, el PRO y la UCR también promovieron iniciativas orientadas a prohibir celulares y reforzar los controles penitenciarios.

El proyecto de HECHOS recoge varios de esos puntos: plantea derogar cualquier normativa que haya habilitado el uso de celulares, implementar sistemas de inhibición, bloqueo o detección de señal, y establecer sanciones severas ante incumplimientos, incluyendo posibles responsabilidades penales.

A la vez, mantiene un aspecto que aparece como denominador común en todos los espacios: garantizar el derecho a la comunicación de las personas privadas de libertad, pero exclusivamente a través de canales oficiales, supervisados y registrados por las autoridades penitenciarias.

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Desde el bloque impulsor remarcaron que “el Estado no puede permitir que quienes están privados de libertad continúen delinquiendo mediante herramientas tecnológicas no controladas”, y advirtieron que la proliferación de estafas, amenazas y extorsiones afecta especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad bonaerense.

En ese sentido, insistieron en que el objetivo central es “restablecer reglas claras, con control efectivo y en resguardo de la seguridad pública”, en un contexto donde el sistema penitenciario quedó expuesto como un eslabón crítico en la prevención del delito.