Kicillof activa la botonera institucional por FATE mientras Milei deja correr el conflicto

A un mes exacto del cierre de la planta de FATE en San Fernando, el conflicto por los más de 900 puestos de trabajo en riesgo sumó un nuevo capítulo que dejó en evidencia la fractura política y de gestión entre el gobierno bonaerense y la administración nacional. Mientras la Casa Rosada optó por no renovar la conciliación obligatoria ni convocar a nuevas audiencias, la gestión de Axel Kicillof decidió intervenir y dictar una nueva instancia por 15 días para intentar frenar la escalada.

La resolución del Ministerio de Trabajo bonaerense ordena retrotraer la situación al inicio del conflicto y obliga tanto a la empresa como al gremio a suspender cualquier medida de fuerza. En términos políticos, la medida no solo busca abrir una ventana de negociación, sino también marcar diferencias con la estrategia nacional, que dejó caer la instancia previa sin continuidad.

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Desde el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) interpretaron el movimiento como un cambio de escenario. “En este momento, cuando termina la conciliación obligatoria, nos acaba de llegar la conciliación obligatoria de provincia de Buenos Aires”, señaló su secretario general, Alejandro Crespo, quien remarcó que a partir de ahora “va a ser mayor la incidencia de la provincia de Buenos Aires”.

Un conflicto que ya es político

Lo que comenzó como un conflicto laboral se transformó en un caso testigo sobre el rumbo de la política industrial. La disputa entre el gobierno nacional y sectores del empresariado, sumada a la inacción oficial en la resolución concreta del caso, dejó a los trabajadores en el centro de una tensión mayor.

Crespo fue directo al cuestionar la postura de la administración libertaria: “No se buscó en ningún momento solucionar el problema. Terminó la conciliación, no nos dieron ni una audiencia”. En la misma línea, acusó a Javier Milei de sostener una lógica de no intervención: “Al Presidente no le importa lo que pase con los 900 trabajadores, ya lo dijo”.

El trasfondo de esas declaraciones remite a los dichos recientes de Milei contra empresarios como Javier Madanes Quintanilla, a quienes calificó de “prebendarios”, en medio de un enfrentamiento discursivo que no logró traducirse en soluciones concretas para la planta.

Desde la Provincia, en cambio, el enfoque apunta a sostener la producción y evitar un impacto social mayor. El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, ya había advertido que el conflicto excede lo gremial y pone en discusión el modelo productivo. “Hay que defender a la industria nacional como buenos peronistas que somos”, sostuvo días atrás.

El conflicto también tuvo su correlato en el Congreso nacional. El viernes se realizó una audiencia pública en el Anexo A de la Cámara de Diputados en respaldo a los trabajadores de FATE, convocada por legisladores del Frente de Izquierda y Unión por la Patria junto al SUTNA.

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En ese ámbito, Crespo insistió con una salida concreta alineada con la estrategia que se impulsa en la provincia de Buenos Aires: “Estamos planteando una ocupación temporánea de la planta para interrumpir el intento de desmantelamiento, mantener la producción y garantizar los puestos de trabajo”. 

La audiencia sumó además cuestionamientos al rumbo económico del Gobierno nacional. Desde el FIT advirtieron que “no se está discutiendo una indemnización, se está defendiendo la continuidad de 920 puestos de trabajo”. Romina Del Plá sostuvo que el caso FATE “es la punta de un iceberg de fábricas que vienen cerrando”.

La Legislatura, nuevo escenario de presión

En paralelo a la conciliación obligatoria, el conflicto se trasladará este jueves a La Plata, donde el SUTNA convocó a una movilización masiva frente a la Legislatura bonaerense. El objetivo es acelerar el tratamiento de un proyecto de ley que permita la “ocupación temporánea” de la planta para garantizar su continuidad.

La iniciativa propone que el Estado provincial asuma de manera transitoria el control del establecimiento hasta que la empresa presente un plan productivo viable. Según explicó Crespo, se trata de una medida excepcional y sin costo para la Provincia, que se revertiría una vez que FATE garantice su funcionamiento.

El gremio busca respaldo político amplio y anticipa una jornada con fuerte presencia sindical, social y estudiantil. La presión no es menor: los trabajadores llevan un mes dentro de la planta, sin cobrar salarios y sin señales de reactivación por parte de la empresa.

“El cierre se comunicó con un simple cartel mientras muchos compañeros estaban de vacaciones y pone en riesgo a más de mil familias y a la única fábrica del país que produce cubiertas para camiones y colectivos”, advirtió Crespo.

La dimensión del conflicto también tiene impacto territorial. En San Fernando, donde la planta representa una porción significativa de la actividad económica, el freno productivo ya empieza a sentirse en comercios y servicios vinculados.

En ese contexto, el sindicato insiste en que la actividad del neumático es estratégica, especialmente en un escenario internacional complejo que exige capacidad de autoabastecimiento. “Defender la mano de obra argentina es defender a nuestras familias”, sostienen desde el SUTNA, mientras redoblan la presión política y social para evitar el cierre definitivo.