Interna radical: la Justicia avaló el adelantamiento electoral y empuja una disputa abierta por la conducción

La interna de la Unión Cívica Radical bonaerense sumó un capítulo decisivo con impacto directo en el calendario político y en la pulseada por el poder interno. El juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla rechazó la impugnación presentada por el sector que encabeza Miguel Fernández y convalidó el adelantamiento de las elecciones partidarias al 7 de junio de 2026. La resolución no sólo ordena el cronograma, sino que redefine el tablero de alianzas y acelera una disputa que ya venía escalando.

El fallo se inscribe en una crisis que arrastra el radicalismo bonaerense desde las internas de octubre de 2024, parcialmente anuladas por irregularidades y aún sin resolución definitiva. Desde entonces, el partido funciona con un esquema excepcional: un Comité de Contingencia presidido por Fernández y una Convención de Contingencia liderada por Pablo Domenichini. Ese diseño transitorio, que se extendió más de lo previsto, fue uno de los argumentos centrales de quienes impulsaron adelantar los comicios.

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Un fallo que valida mayorías y acelera la interna

La decisión judicial le dio la razón al sector que se anticipó en marzo y resolvió, con quórum y mayoría, modificar la fecha originalmente prevista para septiembre. Ramos Padilla fue claro al sostener que “cualquier vicio que pudiera haber existido en la convocatoria (…) se sanea si la realización de la reunión funciona con quórum legal”, respaldando así la legalidad del encuentro del 6 de marzo que definió el nuevo cronograma.

El magistrado también descartó uno de los ejes centrales del planteo de Fernández: la supuesta desventaja que implicaría adelantar la elección. Según el fallo, no se acreditó “un perjuicio real y concreto”, sino apenas cuestionamientos genéricos sin impacto comprobable en la equidad del proceso electoral interno.

La resolución ratificó que los órganos transitorios tienen facultades para convocar elecciones y modificar fechas, y que no existe obligación de unanimidad para tomar decisiones. En ese marco, el juez aplicó el principio de mayoría como criterio rector del funcionamiento partidario.

El dictamen fiscal previo ya había anticipado esa línea, al considerar que los órganos transitorios actuaron dentro de sus atribuciones y con las mayorías requeridas. La sentencia, en ese sentido, termina de cerrar el frente judicial inmediato, pero deja abierto —y más intenso— el conflicto político.

La presión territorial y la advertencia de ruptura

El fallo llega en un momento de máxima efervescencia interna. El sector referenciado en Fernández y la diputada Alejandra Lordén viene mostrando músculo político con encuentros seccionales y una fuerte demostración en Saladillo, donde confluyeron intendentes, legisladores y dirigentes de peso territorial.

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En este contexto, la discusión no giró sólo en torno a la fecha de la elección, sino al reparto del poder partidario. En juego están la conducción del Comité Provincia, los comités distritales y la Convención, espacios clave para definir la estrategia electoral de 2027.

Tal como adelantó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el mensaje que bajaron desde ese armado fue directo: si no hay integración real en una lista de unidad, competirán con candidato propio. La advertencia apunta a los sectores alineados con Maximiliano Abad y Martín Lousteau, a quienes acusan de intentar un acuerdo cerrado que los deje afuera del reparto.

En ese marco, incluso se analiza impulsar una figura “nueva y joven” para disputar la conducción, en una jugada que combine renovación y posicionamiento interno, aun en un escenario de derrota.

El trasfondo: crisis, liderazgo y falta de acuerdos

Más allá del calendario, la interna radical expone una crisis más profunda de liderazgo y estrategia. El desgaste de las conducciones y la fragmentación interna se reflejan en posicionamientos divergentes: desde quienes exploran acuerdos con La Libertad Avanza hasta los que sostienen vínculos con el peronismo o promueven una construcción autónoma.

En ese contexto, la judicialización del proceso aparece como síntoma de un problema mayor. El intendente de Saladillo, José Luis Salomón, lo planteó sin rodeos en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM: “Cuando la justicia tiene que intervenir, es porque de alguna manera perdimos la capacidad de hacerlo con nuestros propios medios”.

El jefe comunal evitó tomar partido sobre la fecha, pero dejó una advertencia que resuena puertas adentro del radicalismo: “Los procesos electorales se deben convocar en consenso, me parece que no es lo más conveniente generar una discusión, inclusive judicial, para ver cuándo tenemos que hacer la selección. Si no nos podemos poner de acuerdo para hacer una elección, menos nos vamos a poner de acuerdo después de un resultado electoral”.