A caballo de la autonomía municipal, la oposición se abroquela y reabre la disputa por el poder local

En un contexto de creciente presión sobre los gobiernos locales, la Legislatura bonaerense volvió a poner sobre la mesa una discusión de fondo que lleva décadas postergada: la necesidad de actualizar la Ley Orgánica de las Municipalidades, una norma clave que regula el funcionamiento de los 135 distritos de la provincia y que, para distintos sectores políticos, ya no logra dar respuesta a la complejidad actual de la gestión.

El nuevo capítulo se abrió con la presentación del senador bonaerense Marcelo Leguizamón, del bloque Hechos-UCR Identidad, quien propuso la creación de una comisión bicameral encargada de redactar un anteproyecto de reforma integral. La iniciativa no aparece aislada: se suma a un proyecto similar impulsado por el legislador de la Coalición Cívica Andrés de Leo, y a una estrategia más amplia del radicalismo que busca reordenar el esquema de poder en el territorio bonaerense.

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El eje del planteo es claro: la ley vigente, sancionada en 1958, responde a una lógica institucional que poco tiene que ver con la actualidad. Tanto Leguizamón como De Leo coinciden en que el marco normativo quedó desfasado frente a los desafíos que hoy enfrentan los municipios, desde la gestión administrativa hasta la demanda creciente de servicios en áreas sensibles como salud, seguridad, educación y desarrollo social.

“La normativa actual resulta insuficiente para responder a las necesidades de los municipios modernos”, advirtió Leguizamón en los fundamentos de su proyecto, en línea con un diagnóstico que atraviesa a distintos bloques políticos.

“Estamos funcionando con una ley creada en un momento donde no había democracia, en la mitad del siglo XX. Ha habido un cambio profundo social, cultural, económico y tecnológico”, sostuvo De Leo en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM. 

El legislador insistió en que ya no alcanza con reformas parciales: “No resiste modificaciones aisladas, requiere una transformación profunda en línea con la realidad actual de los municipios”.

Ambas iniciativas coinciden en la necesidad de crear una comisión bicameral que ordene el proceso de reforma. En el caso de Leguizamón, el cuerpo estaría integrado por diez legisladores —cinco diputados y cinco senadores—, mientras que el proyecto de De Leo amplía esa representación a catorce miembros, respetando el peso político de cada bloque.

El objetivo es avanzar en una redacción integral de la ley, que permita unificar criterios, modernizar artículos y, sobre todo, garantizar el cumplimiento efectivo del artículo 123 de la Constitución Nacional, que consagra la autonomía municipal.

Entre sus funciones, la comisión podrá convocar a funcionarios, articular con municipios, generar mesas de trabajo en las secciones electorales e incorporar aportes de sectores académicos, empresariales y productivos. El plazo previsto para elaborar un nuevo texto es de un año.

La autonomía municipal, en el centro de la disputa

Detrás de los proyectos legislativos subyace una discusión más profunda: quién tiene el control real sobre los recursos y las decisiones en la provincia. Aunque la autonomía municipal está reconocida desde la reforma constitucional de 1994, su aplicación en Buenos Aires sigue siendo parcial.

Este reclamo no es exclusivo de la Coalición Cívica ni de Hechos-UCR Identidad. El radicalismo viene empujando una reforma más amplia que incluye la modificación de artículos clave del régimen municipal bonaerense. La intención es avanzar hacia un esquema que otorgue mayor capacidad política, administrativa y financiera a los distritos.

Por un lado, impulsa cambios estructurales, como la reforma constitucional. Por otro, promueve medidas concretas que buscan actualizar el funcionamiento institucional en el corto plazo.

Uno de esos movimientos fue el proyecto del diputado Matías Civale, que propone extender el período de sesiones ordinarias de los Concejos Deliberantes, ampliándolo del 1° de febrero al 9 de diciembre. La iniciativa apunta a corregir un esquema que, según sus fundamentos, responde a una Argentina “con limitaciones de transporte y comunicación” que ya no existe.

El planteo es que los municipios hoy funcionan todo el año, con demandas constantes que requieren mayor capacidad de control legislativo y planificación, algo que el calendario actual no permite.

La presión no solo llega desde la Legislatura. Intendentes de distintos puntos de la provincia, especialmente del radicalismo, comenzaron a expresar su preocupación por un escenario que describen como cada vez más asfixiante.

Con menos recursos y más responsabilidades, los jefes comunales advierten que están asumiendo funciones que exceden sus competencias originales, sin contar con herramientas equivalentes para sostenerlas. La discusión sobre la autonomía municipal aparece, así, directamente vinculada a la capacidad de gestión en un contexto económico restrictivo.