Alivio parcial tras el acuerdo en Catastro: ¿cuánto tardará en normalizarse el mercado inmobiliario bonaerense?

La Dirección de Catastro de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) comenzó a retomar su actividad habitual luego de que los trabajadores nucleados en ATE levantaran las retenciones de tareas que desde febrero mantenían frenada buena parte de los trámites inmobiliarios en territorio bonaerense.

El acuerdo alcanzado con las autoridades del organismo permitió destrabar una situación que ya impactaba de lleno sobre escrituras, planos, subdivisiones y desarrollos urbanos.

La medida gremial había reducido al mínimo la validación de estados parcelarios, un trámite indispensable para avanzar con operaciones inmobiliarias. Durante semanas, apenas se aprobaron 18 expedientes diarios para toda la provincia, generando demoras acumuladas en escribanías, inmobiliarias, estudios jurídicos y oficinas técnicas.

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“Se obtuvo una mejora económica que lleva el compromiso de las y los trabajadores de cumplir con metas específicas para cada departamento”, explicó uno de los delegados sindicales que participó de las negociaciones y que también reclamó una jerarquización de las tareas técnicas que realiza el personal de Catastro.

Según pudo reconstruir este medio, el levantamiento de las medidas se concretó el jueves pasado y desde esta semana comenzó una reorganización interna para intentar absorber el volumen de expedientes pendientes. El planteo sindical incluyó además el reconocimiento de capacitaciones profesionales impulsadas por ATE y programas específicos dentro de ARBA.

Un mercado con operaciones demoradas

El conflicto rápidamente dejó de ser un problema administrativo para trasladarse al corazón del mercado inmobiliario bonaerense. Sin estados parcelarios aprobados ni informes catastrales emitidos, miles de operaciones quedaron paralizadas o condicionadas.

“Apenas se destrabó un poco la situación, ya nos llegó un estado parcelario de una operación”, señaló Diego Cazes, director general de LJ Ramos, en referencia a los primeros movimientos tras el acuerdo.

Desde el sector inmobiliario reconocen que el impacto fue profundo. “Hace 60 días que está frenado gran parte del mercado de operaciones”, sostuvo el propio Cazes al describir el alcance de la parálisis.

Entre los trámites afectados aparecieron compraventas, donaciones, subdivisiones, mensuras, desarrollos inmobiliarios, permutas y regularizaciones. Aunque desde entidades profesionales aclararon que los créditos hipotecarios pudieron seguir avanzando, buena parte de las escrituras quedó suspendida por la falta de documentación catastral.

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“Son muchos los casos que se fueron acumulando sin poder concretar la escritura”, advirtió Javier Igarzabal, director de Dic Propiedades, quien explicó que escribanos, inmobiliarias y agrimensores debieron pasar semanas intentando explicarles a los clientes por qué las operaciones no avanzaban.

La situación golpeó especialmente a las operaciones encadenadas, donde la venta de una propiedad depende de la compra de otra. Daniel Salaya, titular de la inmobiliaria homónima, describió uno de los escenarios más repetidos: “Cuando una persona vende una propiedad en Provincia para comprar en la Ciudad, al vendedor de Capital le cuesta entender el problema del comprador que viene de Provincia”.

“Es un tema cruel en el que hay que buscar soluciones para que las familias no se queden en la calle”, agregó.

Reclamos políticos y presión sobre Kicillof

La prolongación del conflicto también abrió un frente político para la administración de Axel Kicillof. Mientras avanzaban las negociaciones internas dentro de ARBA, distintos sectores profesionales y bloques opositores comenzaron a exigir respuestas públicas por la situación de Catastro.

El Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires cuestionó la falta de resolución del conflicto y advirtió que la paralización impedía concluir trabajos ya iniciados. Desde la entidad remarcaron que ingenieros y agrimensores estaban pagando “el costo de la ineficiencia”.

En paralelo, el diputado provincial Andrés De Leo, presidente del bloque de la Coalición Cívica, presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo detalle la cantidad de expedientes demorados y las consecuencias operativas de la crisis.

También avanzaron presentaciones legislativas impulsadas por la diputada libertaria Analía Corvino y la senadora Analía Balaudo, quien apuntó directamente contra la administración provincial.

“Los bonaerenses no pueden escriturar sus casas, pero ese no es el único problema. La Dirección de Catastro paralizó todo trámite que tenga que ver con la parte de hábitat, por lo que cualquier municipio que quiera hacer un desarrollo de viviendas no lo puede hacer porque tiene un área que depende del Gobierno de Kicillof que está totalmente parada”, afirmó Balaudo.

Aunque el conflicto quedó suspendido y las tareas comenzaron a retomarse, en el sector inmobiliario reconocen que la normalización no será inmediata. Maximiliano D’Aria, director de D’Aria Propiedades, estimó que la acumulación de expedientes podría demandar al menos cuatro meses para recuperar los tiempos habituales de operación.

Mientras tanto, muchas inmobiliarias ya comenzaron a extender plazos en los boletos de compraventa para evitar que las operaciones terminen cayéndose por la demora administrativa.