De las aulas a las cárceles: el PRO reclama a Kicillof un sistema para controlar celulares
Tras acompañar la regulación de dispositivos en escuelas secundarias, senadores opositores exigieron reemplazar los teléfonos particulares en los penales por comunicaciones supervisadas. El reclamo reabre un debate atravesado por delitos investigados, proyectos pendientes y decisiones judiciales que condicionan al Ejecutivo bonaerense.
Pamela Orellana
La reciente sanción de una ley que regula el uso de celulares en las escuelas secundarias bonaerenses abrió un nuevo frente de discusión política. El bloque de senadores del PRO respaldó la medida educativa, pero aprovechó ese avance para cuestionar al gobernador Axel Kicillof por la falta de una solución integral para controlar las comunicaciones desde las cárceles provinciales, donde distintas investigaciones detectaron dispositivos presuntamente utilizados para cometer estafas, amenazas y extorsiones.
El planteo fue encabezado por el senador Juan Manuel Rico Zini, quien reclamó trasladar la decisión de establecer límites tecnológicos al ámbito penitenciario. La oposición busca reactivar un proyecto presentado por Pablo Petrecca y Alex Campbell para sustituir los teléfonos particulares de los internos por un sistema institucional supervisado. Sin embargo, la discusión excede las atribuciones del Ejecutivo: el régimen vigente está atravesado por autorizaciones judiciales dictadas durante la pandemia y por el derecho de las personas detenidas a mantener sus comunicaciones.
Nuevas reglas en secundaria y una reglamentación pendiente
El Senado bonaerense otorgó el 7 de octubre sanción definitiva a la norma que regula los teléfonos celulares en establecimientos secundarios públicos y privados. La legislación establece que los dispositivos solo podrán utilizarse durante la jornada educativa cuando exista una finalidad pedagógica fundamentada y autorización de las autoridades escolares.
El objetivo es reducir las distracciones, mejorar la concentración y favorecer la convivencia escolar. La disposición amplía un proceso regulatorio que Buenos Aires inició en primaria y que se incorporó a una agenda de prevención frente a pantallas, violencia y conflictos digitales.
El PRO acompañó la sanción, aunque cuestionó que el Gobierno provincial todavía no haya reglamentado, según denunció, la Ley 15.534, aprobada el 18 de septiembre de 2025 para promover el uso responsable de pantallas en las escuelas primarias.
Esa legislación establece que los alumnos solo pueden utilizar dispositivos digitales por requerimiento o autorización docente. También obliga al Ejecutivo a desarrollar campañas de concientización y materiales informativos sobre los efectos de la exposición a pantallas durante la infancia.
Su artículo 5 fija un plazo de 180 días para la reglamentación, que ya se encuentra vencido. Desde la bancada opositora sostienen que esa demora evidencia dificultades para transformar las normas aprobadas en herramientas efectivas de aplicación.
Rico Zini utilizó ese antecedente para plantear una comparación con la política penitenciaria. Su argumento es que, si la Provincia puede establecer restricciones tecnológicas por razones educativas, también debería avanzar con herramientas que impidan utilizar teléfonos desde las cárceles para organizar actividades delictivas.
El proyecto del PRO para reemplazar celulares particulares
La principal propuesta legislativa del bloque es el expediente E-121/26-27, ingresado al Senado el 1° de abril de 2026. Su autor es Petrecca y cuenta con Campbell y Rico Zini como coautores.
El texto propone crear el Sistema de Comunicación Digital Supervisada (SCDS) dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense, con el objetivo de reemplazar los celulares particulares por mecanismos institucionales que permitan mantener las comunicaciones bajo control.
El esquema contempla contactos registrados y verificados, especialmente para garantizar la vinculación de las personas detenidas con familiares y abogados. La iniciativa busca impedir el acceso irrestricto a internet, redes sociales y aplicaciones que puedan facilitar maniobras delictivas.
Los impulsores sostienen que la modificación no pretende incomunicar a los internos, sino compatibilizar el derecho a mantener vínculos familiares y asistencia jurídica con mayores controles de seguridad.
El expediente fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Acuerdos y Legislación General. Actualmente continúa en estudio, sin despacho ni fecha de tratamiento confirmada.
El reclamo no se limita al PRO. Durante 2026 también presentaron propuestas para restringir los celulares en las cárceles representantes de La Libertad Avanza, el Frente Renovador y Hechos-UCR Identidad, aunque con diferencias sobre los mecanismos de control y las prohibiciones.
Entre ellos aparecen iniciativas de Malena Galmarini, que propone sistemas de comunicación supervisada; Carlos Curestis, quien reclamó mayores restricciones; y Oscar Liberman, impulsor de la denominada Ley Rodrigo.
La diversidad de expedientes muestra que existe interés parlamentario por modificar el régimen, pero ninguna de esas propuestas consiguió convertirse en una solución legislativa de alcance provincial.
El obstáculo judicial que condiciona al Gobierno
El régimen actual tiene su origen en marzo de 2020, cuando una resolución judicial autorizó excepcionalmente el uso de teléfonos celulares en establecimientos penitenciarios bonaerenses durante el aislamiento por COVID-19.
La medida respondió a la suspensión de visitas presenciales y buscó preservar el contacto de las personas detenidas con sus familiares, defensores y otras instituciones. Sin embargo, la habilitación continuó después de finalizadas las restricciones sanitarias.
En ese escenario, el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, sostuvo que las autoridades penitenciarias no pueden modificar unilateralmente el acceso de los internos a los teléfonos porque existen decisiones de los jueces de ejecución que regulan sus condiciones de detención.
El funcionario también diferenció entre internos considerados peligrosos y personas próximas a recuperar su libertad, para quienes las comunicaciones pueden formar parte de sus procesos de reinserción.
La cuestión fue desarrollada previamente en el debate sobre el bloqueo nacional de celulares y los límites judiciales en Buenos Aires, donde también surgieron posiciones contrarias a una prohibición absoluta.
Desde la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García señaló que el acceso regulado a los teléfonos contribuyó a disminuir conflictos dentro de los establecimientos penitenciarios. La Universidad Nacional del Centro también advirtió sobre su importancia para sostener actividades educativas de las personas privadas de libertad.
Esas posiciones introducen una diferencia respecto de la propuesta opositora: el debate no se limita a permitir o prohibir dispositivos, sino también a determinar cómo garantizar comunicaciones legítimas sin facilitar delitos.
Por eso, cualquier modificación general del régimen requeriría articular decisiones legislativas, controles administrativos y disposiciones judiciales vigentes.
Bloqueo nacional, investigaciones y nuevas exigencias
La discusión cobró impulso después de que el Ministerio de Seguridad Nacional, conducido por Alejandra Monteoliva, implementara herramientas para detectar y bloquear dispositivos móviles utilizados en establecimientos penitenciarios federales.
Mediante la Resolución 806/2026, publicada el 25 de agosto, Nación creó un programa que permite a las provincias adherir a mecanismos de identificación y bloqueo de equipos, tarjetas SIM y líneas telefónicas a través de sus códigos IMEI e IMSI.
El procedimiento busca impedir que los teléfonos sigan funcionando mediante el simple reemplazo de chips. Su aplicación en jurisdicciones provinciales requiere la suscripción de convenios y la coordinación de los organismos correspondientes.
Los senadores del PRO reclaman que Buenos Aires avance con esas herramientas y explique cuáles son los controles que actualmente aplica en el Servicio Penitenciario Bonaerense.
Como antecedente reciente, mencionaron procedimientos realizados en septiembre en la Unidad Penitenciaria N° 16 de Junín, donde fueron secuestrados teléfonos que, según las investigaciones, habrían sido utilizados para cometer delitos.
El problema también quedó expuesto en otras causas. Una investigación sobre presuntas extorsiones organizadas desde establecimientos de González Catán derivó en 31 allanamientos y 32 detenciones, mientras que otro procedimiento realizado en la Unidad 39 de Ituzaingó permitió secuestrar cuatro teléfonos y catorce chips.
Los expedientes judiciales muestran los riesgos asociados a la utilización delictiva de las comunicaciones, aunque no permiten atribuir esas conductas a la totalidad de las personas detenidas.
Para el PRO, esos antecedentes justifican acelerar el debate legislativo y adoptar mecanismos tecnológicos que permitan diferenciar comunicaciones autorizadas de actividades ilegales.
Rico Zini sintetizó el planteo opositor con una frase: “La educación necesita reglas claras. La seguridad también”. El senador reclamó que el Ejecutivo explique qué medidas aplica actualmente y que la Legislatura avance sobre los proyectos pendientes.
El escenario deja dos discusiones abiertas para la Provincia. En educación, la aplicación efectiva de las restricciones sobre pantallas; en materia penitenciaria, la posibilidad de reemplazar los teléfonos particulares por sistemas supervisados sin afectar derechos reconocidos judicialmente.
Mientras la nueva regulación escolar inicia su implementación, el proyecto penitenciario del PRO permanece sin despacho y la definición sobre el control de las comunicaciones continúa pendiente entre el Ejecutivo, la Legislatura y la Justicia bonaerense.
Te puede interesar
Diputados: tras la presión opositora, el oficialismo tuvo que restituir los límites de la Ley de Tierras
Mariana Portilla
Legislativas21 de octubre de 2026La Cámara baja incorporó al proyecto de Propiedad Privada dos artículos que dejan sin efecto el punto del DNU 70/23 que había eliminado la regulación y recuperan el tope del 15% para la titularidad extranjera. Como el texto fue modificado, deberá volver al Senado.
Seguridad e interna peronista: el acuerdo por las Taser que dividió los posicionamientos del oficialismo
Pamela Orellana
Legislativas21 de octubre de 2026El Frente Renovador consiguió un dictamen unánime entre los presentes, con el respaldo de libertarios, el PRO y otros bloques. La Cámpora y el MDF de Kicillof no participaron de la votación, en una jornada que dejó expuestas las diferencias dentro de Fuerza Patria. El proyecto para regular el uso de armas menos letales todavía debe llegar al recinto.
Fondos para intendentes: acuerdo por $50.000 millones y una nueva pulseada por la Bicameral
Pamela Orellana
Legislativas21 de octubre de 2026La Cámara baja aprobó flexibilizar el uso de la primera cuota del FEFIM para los 135 municipios. Mientras oficialismo y oposición coinciden en atender las urgencias financieras de las comunas, el radicalismo denuncia incumplimientos del acuerdo de 2025 y exige completar la comisión de seguimiento.
De Leo reclamó abordar las adicciones, las apuestas y el deterioro vial bonaerense
Soledad Castellano
Legislativas21 de octubre de 2026El jefe del bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica exhortó a la Legislatura a trabajar sobre tres problemas que, según sostuvo, atraviesan a los bonaerenses más allá de las diferencias políticas.
Un guiño a los intendentes en medio de la crisis: Diputados habilitó recursos para obras y avanzó con la libre disponibilidad de fondos
Mariana Portilla
Legislativas20 de octubre de 2026La Cámara baja convirtió en ley una iniciativa que permite a los 135 municipios reasignar recursos del Inmobiliario Rural para prevenir inundaciones. Además, acordó destrabar la primera cuota del FEFIM correspondiente a abril.
Sin ley de apuestas, Diputados negocia reformas judiciales, sanitarias y productivas
Pamela Orellana
Legislativas20 de octubre de 2026La Cámara baja sesionará este martes con un temario reducido y negociaciones para incorporar cambios en la Justicia, la salud y la industria. Mientras la regulación del juego online quedó afuera, otras iniciativas con media sanción y el reclamo por los fondos municipales siguen pendientes.
“Cobraban $4,50 de bolsillo”: el Senado avanzó por unanimidad con una ley para proteger a los estatales endeudados
Mariana Portilla
Legislativas19 de octubre de 2026La Comisión de Trabajo dio luz verde al proyecto que limita los descuentos al 30% del salario y garantiza un ingreso mínimo disponible. La iniciativa sumó el respaldo de oficialistas y opositores, contempla la refinanciación de múltiples obligaciones y se incorpora a una agenda legislativa atravesada por el aumento de la morosidad.
Apuestas online en Buenos Aires: Atanasof expuso en Diputados y crece el debate por su regulación
Pamela Orellana
Legislativas19 de octubre de 2026El titular de Lotería y Casinos alertó sobre la magnitud del juego clandestino y la exposición de los jóvenes. Mientras un proyecto de 64 artículos propone controles más estrictos sobre las plataformas, una iniciativa presentada en el Senado plantea directamente prohibir la actividad y abre una nueva discusión legislativa.
Lo más visto
La ONU comenzó a sesionar y crece la expectativa por Cristina Kirchner: qué puede pasar con su condena y una candidatura en 2027
Juan Manuel Villarreal
Política20 de octubre de 2026El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas inició sus reuniones en Ginebra y permanecerá en sesión hasta el 6 de noviembre. La defensa de la expresidenta reclama medidas contra su inhabilitación perpetua, aunque no hay una fecha confirmada para tratar el caso. La expectativa judicial coincide con nuevos movimientos políticos de Sergio Massa y las discusiones internas del peronismo rumbo a 2027.
El conflicto docente bonaerense se amplía: el rechazo salarial llega al frente gremial en plena semana de paros
Pamela Orellana
Política20 de octubre de 2026La FEB rechazó el aumento del 6% acordado por SUTEBA, UDOCBA, AMET y SADOP, y convocó a una huelga de 48 horas. La decisión se suma a las protestas de sectores disidentes, profundiza las diferencias sindicales y abre un nuevo frente de conflicto para el gobierno de Kicillof.
Levantaron el paro de subtes tras la liberación de los metrodelegados, pero la CATT advierte que el conflicto puede escala
Juan Manuel Villarreal
Política20 de octubre de 2026Las seis líneas y el Premetro recuperaron su funcionamiento después de una paralización de más de cinco horas. La liberación de Néstor Segovia, Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia permitió destrabar la medida, aunque la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte ratificó su respaldo a los delegados y advirtió que podría profundizar el plan de lucha.