El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, consideró hoy que aguardaban "condenas más duras" para los efectivos del grupo Albatros de Prefectura que estaban acusados de la muerte del joven Mapuche Rafael Nahuel y que hoy fueron sentenciados a penas que van entre los cuatro y los cinco años por el Tribunal Oral Federal de General Roca.
“Esperábamos más años de condena porque nosotros siempre supimos que fue un asesinato y una cacería”, señaló a Télam Pietragalla Corti, tras conocerse el fallo que condenó a cinco años de prisión a los cinco prefectos implicados..
Pietragalla Corti destacó que en la investigación y en la reconstrucción de los hechos durante el juicio “se demostró que lo que se llevó adelante fue una persecución con armas letales” contra Nahuel.
En ese sentido, el funcionario recordó que “no hubo una orden de perseguir, ni de captura, sino que la única orden judicial que había era de desalojo” de unos terrenos que ocupaban integrantes de una comunidad mapuche.
“Creo que se trató de un operativo que se llevó adelante con una arbitrariedad que terminó con la vida de Rafael e hirió a otras personas. Con lo cual podría haber habido más muertes”, reflexionó el titular de la Secretaría de Derechos Humanos.
Pietragalla Corti afirmó que, en base a ese criterio, la querella que representó al Estado pidió en el juicio "la máxima condena" por la muerte de Nahuel al considerar que se trata de un hecho grave de violencia institucional.
“La condena no nos deja contentos. Pero sí es importante que haya habido una condena. Ahora hay que trabajar sobre ese fallo que dice que estos prefectos llevaron adelante una arbitrariedad que terminó con la vida de Rafael Nahuel. Un delito”, enfatizó.
Pietragalla Corti sostuvo que las estas personas que resultaron condenadas "no pueden volver a actuar como prefectos", lo que implica que la sentencia del Tribunal no habilita "la represión a cualquier costo".
"Cuando quede firme la condena van a tener que cumplir cárcel. Esto demuestra que no se está habilitando la represión a cualquier costo, y las personas tienen que pagar un costo que es perder años de libertad, con todo lo que eso conlleva, y no volver a las fuerzas nunca más con el antecedente que van a tener”, subrayó.
El funcionario dijo que la secretaría de derechos humanos va a apelar el fallo, "aunque mi mandato termine el 10 de diciembre”, y adelantó que “seguirá" desde el lugar que le toque "como defensor de los derechos humanos, acompañando a los organismos de derechos humanos de Bariloche”.
Por último, agregó que desde la Secretaría no llevaron adelante una política contra las fuerzas de seguridad, sino que intentaron que "recapaciten sobre el costo que significa cumplir órdenes -cualquieras sean- porque después son los miembros de las fuerzas los que tienen que rendir cuentas ante la justicia, mientras que los funcionarios van y vienen”, reflexionó.
(Télam)