Congreso de Peru aplaza decision sobre la Justicia denunciada como golpe parlamentario

(Por Gonzalo Ruiz Tovar, especial desde Lima) En medio de rumores y especulaciones, los peruanos tendrán que esperar hasta el miércoles próximo para saber si se concreta el denunciado “golpe” del poder Legislativo contra el Judicial mediante la destitución de todos o algunos de los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
La decisión debió haberse tomado ayer, pero se aplazó a última hora por el pedido de los miembros de la JNJ de que se escuche sus descargos. Pedido que, de paso, les dio a los congresistas tiempo adicional para coordinar cómo encararán un asunto que diversos analistas coinciden en señalar como determinante para la institucionalidad del país.
La nueva fecha elegida por el presidente del Congreso, Alejandro Soto, generó suspicacias, pues la sesión coincidirá con la final del torneo nacional de fútbol entre los dos equipos más populares del país, Alianza Lima y Universitario, lo que presumiblemente eclipsará los demás temas.
Ese día, los siete integrantes de la JNJ responderán en persona ante el pleno las acusaciones de “faltas graves” que les atribuye la Comisión de Justicia del Congreso. Cumplido eso, se votará si se dan o no las destituciones, aunque expertos dan por hecho de antemano que se destituirá al menos a tres.
"Podría desencadenarse un golpe cuando desde el Congreso se interviene y retira a los integrantes de otro órgano del Estado, impidiendo e interfiriendo en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales”, anticipó en declaraciones a la prensa la expresidenta del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma.
“El objetivo (de las fuerzas políticas que dirigen el Congreso) es el control total del aparato estatal y del orden constitucional para perpetuarse en el poder, controlando instituciones básicas como el sistema judicial y el sistema electoral”, añadió Ledesma, al advertir que se avecina un “golpe parlamentario”.
La JNJ, cuyos miembros han dado permanentes señales de independencia, se encarga de nombrar, fiscalizar y eventualmente sancionar a los jueces y fiscales, así como de supervisar a los jefes de las tres instituciones que participan en la preparación y realización de los procesos electorales.
Las acciones del Congreso comenzaron con una iniciativa de la parlamentaria ultraderechista Patricia Chirinos, quien acusó a los integrantes de supuestas faltas, consistentes en filtrar documentación a la prensa, adelantar opiniones y de permitir la presencia de una integrante de más de 75 años pese a que la reglamentación supuestamente lo prohíbe.
Analistas de diversos sectores aseguran que los argumentos de Chirinos no tienen sustento, pues no se configuran en los dos primeros casos.
En el tema de la edad hay controversia, pues la JNJ considera que el techo de 75 años se refiere al momento de la designación y la integrante Inés Tello no tenías aún esa edad cuando asumió en 2019.
Aun así, el informe de Chirinos fue aprobado por la Comisión de Justicia, con especial protagonismo de los partidos de derecha Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza Para el Progreso, del de centroderecha Alianza Para el Progreso y el de izquierda Perú Libre, todos los cuales forman una virtual coalición que maneja la agenda del Legislativo.
Según los críticos del Congreso -que según las encuestas solo tiene respaldo de 7% de la opinión pública, contra 90% de rechazo-, el objetivo de los legisladores es colocar en la JNJ a nuevos integrantes que favorezcan las pretensiones de esas fuerzas políticas mediante la llegada de jueces, fiscales y autoridades electorales manejables.
“Es un paso más de un Congreso marcado por la mediocridad (Â…). Se trata de una suerte de guerra política en la que determinados grupos de poder del Congreso buscan el control del aparato de justicia a través de la junta. Todo lo demás son pretextos”, afirmó el exprocurador anticorrupción José Ugaz en una entrevista con el diario La República.
Para destituir a los integrantes de la JNJ se necesita del voto de al menos 87 de los 130 congresistas. Según evaluaciones de prensa, aún no es seguro que se llegue a esa cifra, porque algunos grupos parlamentarios consideran que sacar a los siete sería devastador para la precaria imagen del Legislativo.
Ante eso, el Congreso podría apuntar a sacar a solo tres integrantes de la JNJ, los más representativos, con lo que trataría de salvar su imagen y de paso solucionar un tema específico: las investigaciones contra la fiscal general, Patricia Benavides, señalada como aliada del gobierno y de las fuerzas que dominan el Parlamento.
Así, los “elegidos” para la destitución, según fuentes anónimas citadas por medios como La República y el semanario Hildebrandt en sus Trece, serían la presidenta de la Junta, Imelda Tumialán, y los dos colegiados que tienen a cargo el caso Benavides: Aldo Vásquez e Inés Tello.
Vásquez y Tello han acumulado importante material contra la fiscal general, señalada entre otras cosas de manipular pesquisas, de plagiar sus tesis académicas y de recibir condecoraciones de investigados, todo lo cual se perdería si se producen las destituciones.
Las versiones periodísticas añaden que los otros cuatro miembros -Henry Ávila, Antonio de la Haza, Guillermo Thornberry y María Zavala- serían “salvados” por los congresistas para dar una imagen de ecuanimidad.
La JNJ fue creada en 2018 ante el desplome por corrupción del Consejo Nacional de la Magistratura, que cumplía esas funciones. La existencia del nuevo organismo fue aprobada por referéndum en 2019. Los miembros son elegidos por un concurso público de méritos a cargo de una comisión ad hoc.
El tema ha atraído también la atención internacional, pues diversos sectores, incluidos portavoces de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos (OEA), han advertido sobre los riesgos de que un poder del Estado intervenga sobre otro. (Télam)