La OEA y la Carta Democratica, nuevos actores en la crisis peruana, pero todavia sin libreto

(Por Gonzalo Ruiz Tovar, desde Lima)
La crisis política en el Perú, derivada entre otros factores de una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, podría tomar un giro con la participación de la Organización de Estados Americanos (OEA), según estiman analistas y sectores involucrados en el tema.
Para el excanciller peruano Diego García Sayán, la decisión de la OEA de activar la Carta Democrática Interamericana y enviar a Lima un “grupo de alto nivel” es “un paso positivo y constructivo” para “promover el diálogo y el fortalecimiento del sistema democrático”.
La Carta, adoptada en 2001 por el organismo regional ante una idea planteada por el Perú que salía del Gobierno autoritario de Alberto Fujimori, no es solo un mecanismo sancionador, sino genera condiciones para un proceso institucional democrático, resaltó García Sayán en el diario limeño La República.
El jurista, quien era canciller en 2001, expresó esperanza de que la participación de la OEA “no reciba una negativa irritada de un sector político (la oposición)”, pues “vemos que la economía desde hace cinco años no crece más de 2% por la crisis política sostenida”.
La aplicación del instrumento fue decidida ayer por la OEA, cuyo Consejo Permanente se reunió por pedido de Castillo, quien denuncia la supuesta puesta en marcha de un “golpe de Estado” maquillado en argumentaciones jurídicas.
Aún no se sabe cuándo llegará la misión ni quiénes la integrarán, pero portavoces de la oposición de derecha, como el congresista Jorge Montoya, ya anticiparon críticas al supuesto intervencionismo, pese a que esos mismos sectores también han recurrido al foro para tratar de que actúe.
La crisis política peruana, que arreció con la llegada al poder del izquierdista Castillo pero que ya había sido permanente en los cinco años previos, arreció este mes con la denuncia constitucional que podría derivar en la caída del mandatario.
La Fiscalía dice tener unas 190 pruebas de que Castillo y miembros de su entorno político, personal y familiar forman una organización que lucra ilegalmente con la ocupación de cargos públicos y el manejo de contratos para obras.
Sin embargo, los señalamientos son por supuestos tráfico de influencias agravado y colusión, figuras por las que no se puede procesar a un jefe de Estado en funciones, ya que la Constitución solo lo permite en cuatro casos: traición a la patria, impedimento de elecciones, cierre ilegal del Congreso e intervención en los organismos electorales.
Para superar el escollo, la Fiscalía cita a la Convención Contra la Corrupción de las Naciones Unidas, pues, al ser un tratado suscripto por el Perú, adquiere, según su interpretación, alcances constitucionales.
Muchos constitucionalistas dudan de esa lectura y otros la descartan. Para el analista y exministro de Defensa Jorge Nieto, si se aceptan los alcances constitucionales de ese convenio debe hacerse con todos, incluso los que les reconocen derechos a determinados grupos y que suelen ser ignorados.
Bajo esa incertidumbre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso tiene plazo hasta la próxima semana para decidir si acepta a trámite la denuncia. Si no lo hace, será archivada, pero si procede se iniciará un proceso que puede conducir a la suspensión de Castillo.
Por lo pronto, el Congreso quiere apoyarse en el Tribunal Constitucional para que dé una orientación, pero los expertos creen que la respuesta podría ser negativa, ya que esa corte, que tiene la palabra final en casos específicos que vinculen a la Carta Magna, no tiene tareas consultivas.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales está compuesta por 25 congresistas, de los que 12 se han mostrado en algún momento a favor de la destitución de Castillo y otros 11 en contra. De los otros dos no hay claridad.
Castillo niega los señalamientos y los reduce a acciones de la derecha radical para desalojarlo de Palacio. El mandatario, un profesor rural de 52 años sin mayores antecedentes en política, ha descartado renunciar, pese a los llamados de varios sectores.
La hipotética suspensión de Castillo, que podría derivar de la denuncia constitucional, implicaría que la jefatura de Estado pasaría a la vicepresidenta, Dina Boluarte, pero, como también está en la mira de la oposición, recaería en el presidente del Congreso, José Williams, de la derecha dura.
En ese escenario, no habría nuevas elecciones, pues en teoría Castillo podría regresar. Eso beneficiaría a los congresistas que quieren sacar al mandatario sin que eso les impida a ellos seguir hasta 2026.
La otra posibilidad que maneja la oposición es la “vacancia” o destitución de Castillo por “incapacidad moral permanente”. En este caso no se requiere de figuras delictivas específicas, pero sí de los votos de al menos 87 de los 130 congresistas, algo que no han podido lograr en dos intentos.
Actualmente está en marcha un tercer intento, pero las cuentas indican que tampoco prosperará, pues Castillo tiene aún el respaldo frente a esa figura de los 42 congresistas de izquierda, a pesar de que algunos de ellos, ahora dispersos es diversas bancadas, ya marcaron distancias.
Si a eso se le suma que al menos seis legisladores de centroderecha tampoco aprueban la vacancia, la moción no pasaría de 82 votos.
Mientras tanto, la población, salvo pequeños grupos que se movilizan, parece lejana del problema. El politólogo Roger Santa Cruz le dijo a Télam que eso se debe al desencanto en general con la política y a que el “botón de alarma” se encendió tantas veces que ahora “la crisis es la normalidad”.
Según las encuestas, Castillo no llega a 30 % de aprobación popular, pero eso le alcanza para triplicar los índices del Congreso. Para la mayoría, según las mediciones, la crisis se resolvería con un “que se vayan todos” que incluya a Ejecutivo y Legislativo mediante nuevas elecciones generales.
Los choques Gobierno-oposición también paralizaron al país en el período 2016-2021, en el que desfilaron por Palacio los presidentes Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino y Francisco Sagasti y se eligieron dos congresos, ambos controlados por fuerzas de derecha.
Kuczynski, de derecha, y su vicepresidente original Vizcarra, de centroderecha, fueron destituidos por el Congreso, mientras que Merino, de derecha, tuvo que renunciar tras apenas una semana por una enérgica reacción popular. Sagasti, de centro, logró capear en los últimos siete meses.
La situación empeoró con la llegada de Castillo, a quien los partidos de derecha dura incluso quisieron desconocerle el triunfo electoral, sin presentar pruebas que sustentaran sus denuncias de “fraude”. (Télam)