La magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala Irma Palencia advirtió hoy que existe riesgo de que se intenten anular los resultados de los comicios presidenciales celebrados en agosto, que le dieron la victoria al socialdemócrata Bernardo Arévalo, quien debería asumir en enero.
"Nos invade la preocupación, cada vez más fuerte, de que el motivo principal de toda esta persecución política -con apariencia de legalidad- (sea) que se integre al TSE nuevos magistrados, persiguiendo posiblemente cambiar los resultados obtenidos en las elecciones generales", indicó en un comunicado, en referencia a los avances de la Fiscalía contra los miembros del tribunal electoral y el partido del presidente electo.
A su vez, aseguró que se encuentra bajo "persecución política" desde que en 2022 se instauraron en el país "narrativas infundadas de un posible fraude electoral" ante los intentos del órgano de modernizarse.
Cuatro días atrás, el Congreso, encabezado por una alianza oficialista, decidió retirarle la inmunidad a Palencia y a tres de sus colegas del tribunal por supuestas anomalías en la compra de un sistema de cómputo este año.
La Fiscalía argumenta que la compra del programa se realizó por un valor de 148 millones de quetzales (18,9 millones de dólares) pese a que había otra oferta menor "que hubiera permitido ahorrar 34 millones", recogió la agencia de noticias Europa Press.
Cuatro magistrados electorales, incluida Palencia, salieron de Guatemala la semana pasada ante la posibilidad de que el Ministerio Público (Fiscalía) solicitara una orden de captura en su contra.
La expresidenta del TSE recalcó hoy que el procedimiento de retirar la inmunidad a cuatro magistrados es ilegal, puesto que nunca fueron notificados "como sujetos parte".
A criterio de Palencia, el proceso con el que se le retiró el antejuicio estuvo lleno de irregularidades.
Según la magistrada, la Fiscalía ejecutó desde julio "varias estrategias sin éxito" para intentar revertir los resultados de las elecciones generales celebradas el 25 de junio y el balotaje del 20 de agosto.
Las tensiones entre la Fiscalía y el TSE se retrotraen a cuando el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el cuestionado Rafael Curruchiche, trató de cancelar la personalidad jurídica de Movimiento Semilla, ganador de elecciones de la mano de Arévalo, por supuestas anomalías en su inscripción, una petición avalada por el juez penal, Fredy Orellana.
La Corte de Constitucionalidad revocó el fallo y permitió a Arévalo competir en una segunda vuelta.
Tras la victoria de Semilla, el fiscal volvió a suspender a la formación a través del encargado del Registro de Ciudadanos, que consideró que el amparo de la Corte no tenía vigencia.
Poco después, el TSE revirtió el fallo, pero la Fiscalía continúa con acciones judiciales que cuestionan el resultado electoral.
El TSE dio por concluido el proceso electoral en octubre, haciendo oficial los resultados de agosto.
Distintos gobiernos y organismos internacionales, como Estados Unidos y la Organización de los Estados Americanos (OEA), condenaron las acciones judiciales de la Fiscalía, encabezada por Consuelo Porras, contra "la voluntad popular expresada en las urnas".
El jueves diversas comunidades indígenas marcharán junto a Arévalo en una manifestación en el centro del país para exigir el respeto a los resultados electorales y a la democracia de Guatemala.
El 1 de septiembre, Arévalo denunció públicamente que Porras, desde la Fiscalía, encabeza un intento de "golpe de Estado" para evitar que tome posesión junto con su compañera de fórmula, la vicepresidenta electa Karin Herrera, el próximo 14 de enero en sustitución del actual mandatario, Alejandro Giammattei. (Télam)
