Un mausoleo al dictador Castello Branco sera retirado 38 años despues del fin de la dictadura

Treinta y ocho años después del fin de la dictadura militar, el estado de Ceará, en el noreste de Brasil, decidió retirar un mausoleo ubicado en la Casa de Gobierno destinado a homenajear al primero de los generales del régimen de facto brasileño, Humberto Castello Branco, fallecido en 1967.
La decisión fue de Elmano de Freitas, el gobernador del Partido de los Trabajadores (PT) del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que logró por primera vez en la era democrática reunir consensos para retirar una mole de concreto modernista en homenaje a Castello Branco, que además de dictador fue el primer cearense en gobernar a Brasil.
La dictadura militar duró de 1964 a 1985 tras un golpe militar que derrocó al presidente laborista Joao Goulart y el Congreso, en forma directa y controlado por el nuevo régimen, eligió a Castello Branco para conducir el país.
Castello Branco -nombre que todavía ostenta una de las principales rutas del estado de San Pablo- falleció en 1967 en un accidente aéreo luego de gobernar el país con un discurso de autoridad fiscal, alineamiento a Estados Unidos e impronta anticomunista.
Brasil tuvo 21 años de dictadura hasta 1985 cuando fue electo por un Congreso dominado por el antiguo régimen José Sarney, que comandó la transición hasta la primeras elecciones en 1990 vencidas por Fernando Collor de Mello en balotaje ante Lula.
El gobernador Freitas es el primero de los cearenses que determina que el Palacio de la Abolición, como se llama la Casa de Gobierno con sede en la ciudad de Fortaleza, no tendrá más el mausoleo del primer dictador, sobre todo porque la época es reivindicada por el expresidente Jair Bolsonaro, defensor de la dictadura y de la tortura a opositores y presos políticos.
Una Ley de 1972 mantiene el lugar como un patrimonio histórico y cultural del estado de Ceará.
"El Palacio de la Abolición no albergará el mausoleo de quienes apoyaron la dictadura. A partir de un momento tan importante de nuestra historia, nuestra propuesta es instalar, en el Palacio de la Abolição, un monumento en honor al movimiento abolicionista, destacando al principal líder de este movimiento en Ceará, el Dragón del Mar", dijo el gobernador Freitas ante la prensa.
Dragón del Mar fue un trabajador portuario de Fortaleza que lideró la movilización contra la esclavitud en el siglo XIX en el estado, cuando encabezó una huelga.
En el mauselo instalado por la dictadura brasileña y que sobrevivió hasta la actualidad están también los restos de Argentina Vianna, la esposa del dictador Castello Branco.
El nuevo destino del espacio será objeto de un proyecto de la Secretaría de Cultura del Estado y los restos de Castelo Branco serán enviados a otro sitio.
En marzo pasado, al cumplirse 59 años del golpe militar de 1964, una carta firmada por representantes de 55 entidades latinoamericanas vinculadas a Reslac (organismo que agrupa a entidades de derechos humanos de 13 países) expresó su apoyo al fin del mausoleo ubicado en la sede del Gobierno en Ceará.
La idea del gobernador es comenzar la remoción del mausoleo el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos y reinaugurar el espacio modernista el 31 de marzo, cuando se cumplan 60 años del golpe que derrocó a Goulart.
La oposición derechista acusó a Freitas de "gobernar para la militancia al faltarle el respeto al patrimonio histórico", según dijo el diputado Sargento Reginauro, de Unión Brasil.
La posición fue defendida por el Partido Liberal de Bolsonaro, que elogió la trayectoria del primer presidente de la dictadura.
Tras la muerte de Castello Branco, el dictador Arthur de Costa e Silva inició la etapa en la cual se legalizó la tortura, la prisión de opositores y la censura mediante el Acta Institucional 5, período que duró hasta 1978, cuando el régimen de facto declaró la Ley de Amnistía para los exiliados y perseguidos políticos pero también la prohibición para iniciar procesos contra los autores de crímenes de lesa humanidad.
Brasil actualmente tiene en vigencia esa Ley de Amnistía y nunca juzgó a los represores o dictadores.
Según la Comisión Nacional de la Verdad formada por la expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016), en Brasil se registraron 434 muertos y desparecidos víctimas de la dictadura, más de 3.000 torturados y cientos de miles de exiliados.
El informe también señaló que el régimen y sus colaboradores pudieron haber asesinado a 8.000 personas, en su mayoría indígenas, durante su política de expansión y cesión de tierras a hacendados en la región de la selva amazónica.
La última dictadura brasileña fue reivindicada por el bolsonarismo que intentó un golpe de Estado el 8 de enero pasado cuando miles de ultraderechistas asaltaron el Palacio del Planalto, el Supremo Tribunal Federal y el Congreso esperando la intervención del Ejército para derrocar a Lula.
La Ley de autoamnistía fue ratificada en 2010 por el Supremo Tribunal Federal (Corte Suprema), que por mayoría logró mantenerla en vigencia como parte del pacto de la transición hacia la democracia.
Después de Castello Branco y Costa e Silva, gobernaron Brasil los dictadores Emilio Garrastazú Médici, Ernesto Geisel y Joao Baptista Figueiredo, quien dirigió la transición y logró que el Congreso eligiera a su sucesor, Tancredo Neves, con Sarney de vice.
Neves falleció siendo presidente electo de una enfermedad intestinal, tras lo cual Sarney comandó el proceso para convocar a elecciones y fundar una nueva república con la Constitución de 1988. (Télam)