La Dippba, una estructura puesta al servicio del espionaje ideologico

La Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba) fue creada en 1956 y jerarquizada por todos los gobiernos militares que se sucedieron hasta 1983 como el organismo de inteligencia más importante que operaba en el territorio bonaerense.
Esta dependencia policial tenía 16 delegaciones esparcidas sobre la provincia y a más de 1.000 agentes que llegaron a elaborar, hasta su disolución, en 1998, cerca de 460.000 fichas sobre la vida de ciudadanos que eran vigilados por sus actividades políticas, sociales y gremiales.
Entre esas fichas se encuentran las que armó sobre los ciudadanos chilenos y de otros países de América Latina que buscaron asilo en la Embajada argentina en Santiago tras el golpe militar que derrocó a Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973.
Durante la última dictadura cívico militar, el entonces coronel Ramón Camps, jefe de la Policía bonaerense, le dio a la Dippba estatuto de dirección general y la colocó directamente bajo su órbita.
Toda la información que la Dippba recolectó en los años del terrorismo de Estado pasó a manos del represor y excomisario Miguel Etchecolatz -condenado hoy en varias causas de lesa humanidad-, y quien se encontraba al frente de la Dirección General de Investigaciones de esa fuerza de seguridad.
En un juicio que se llevó a cabo en 1984 en los tribunales castrenses para investigar las violaciones a los derechos humanos producidas durante la última dictadura, Camps declaró que "todas las operaciones que ordenó en el marco de la lucha contra la subversión se basaron en información suministrada por la Dippba".
En la sentencia del juicio que se realizó por el Circuito Camps, en 2013, el tribunal consideró que se debía avanzar sobre el aparato de inteligencia del Estado, y esa resolución es la que le otorga sustento a este proceso que se abre sobre la Dippba.
En 2000, la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) pasó a administrar el archivo de la Dippba y las desclasificaciones de este archivo de inteligencia permitieron fundamentar pruebas en varios procesos de lesa humanidad y suministrar información a las Comisiones de la Verdad de Brasil.
Incluso documentos referidos a la causa AMIA y confeccionados por agentes de la Dippba fueron analizados por los integrantes de la Unidad Fiscal que investiga el atentado terrorista que sufrió la mutual judía en 1994.
Además, la Dippba realizó seguimientos a dirigentes políticos, militantes sociales, personas que se organizaban para reclamar por casos de gatillo fácil, refugiados y hasta las asociaciones de veteranos de Malvinas fueron objeto de estas actividades de espionaje. (Télam)