La Corte IDH sesiona en Buenos Aires para revisar el cumplimiento de 7 sentencias contra el Estado
La Corte Interamericana de Derechos Humanos inicio hoy en Buenos Aires su 61° periodo de sesiones extraordinarias para revisar el cumplimiento de sentencias contra el Estado argentino, con un acto en el que el presidente de ese tribunal,
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) inició hoy en Buenos Aires su 61° período de sesiones extraordinarias para revisar el cumplimiento de sentencias contra el Estado argentino, con un acto en el que el presidente de ese tribunal, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, consideró al país "pionero" en su adhesión al sistema internacional de defensa de los derechos humanos.
La ceremonia de apertura de las sesiones, que se realizó en el Palacio de Justicia, fue encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, quien destacó los progresos de los mecanismos de protección de los "derechos fundamentales", a los que consideró clave para el "fortalecimiento de las democracias modernas".
El ministro de Justicia, Germán Garavano, exhortó a "seguir avanzando en el fortalecimiento de los derechos humanos sin miradas políticas, partidarias ni ideologizadas" para "construir herramientas que sirvan a cada uno de los habitantes de la Nación".
Garavano ratificó el compromiso de Argentina en la "vigencia de un sistema de justicia independiente", que garantice que los derechos humanos "puedan ser ejercidos por todos los actores", incluso "los más humildes y alejados del sistema".
"Argentina fue históricamente una aliada del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y estamos convencidos de que la CoIDH puede contar con ella para seguir en esa senda", declaró por último Ferrer Mac-Gregor Poisot y consideró al país como un "ejemplo de cumplimiento" de la legislación nacional e internacional en esa materia.
Con todo, el presidente del tribunal interamericano evaluó que existe una "crisis global profunda", apoyada en la iniquidad social, y advirtió que Latinoamérica se perfila como "la sociedad más desigual del mundo con pobreza extrema, diversas formas de discriminación, violencia estructural contra la mujer y crimen organizado", entre otras cuestiones.
"Frente a esta profunda crisis institucional, económica y social es necesario fortalecer el diálogo entre los Estados y la CoIDH, de la mano de la sociedad civil y de las víctimas de las violaciones", expresó Ferrer Mac-Gregor.
Además de Garavano, Rosenkrantz y Ferrer Mac-Gregor Poisot, participaron de la ceremonia -realizada en el histórico Salón de los Derechos Humanos del Palacio- la vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, entre otros funcionarios y referentes del ámbito jurídico.
Esta semana la CoIDH sesionará por segunda vez en el país (la anterior fue en el 2006) en audiencias que se realizarán a puertas cerradas en el hotel Sheraton del barrio porteño de Retiro.
El alto tribunal internacional analizará el cumplimiento de siete sentencias que afectan al Estado argentino y se involucrará, con un viaje a Salta el viernes y sábado próximo, en un reclamo de pueblos originarios por la propiedad de unas 400 mil hectáreas de tierras ancestrales en esa provincia.
A propuesta del Ministerio de Justicia, entre las sentencias vinculadas a Argentina, se examinarán las de los casos "Garrido y Baigorria", "Torres Melladura y otros vs. Argentina", "Furlan y familiares vs. Argentina (1990), "Forneron e hija vs. Arengan" (2000); "Fontevecchia y D'Amico vs. Argentina" (1995), "Argüelles y otros vs. Argentina" (1990), "Bueno Alves vs. Argentina" (1988).
En el ámbito del tribunal de la Organización de los Estados Americanos se tramitan actualmente once casos que involucran a Argentina, que desde 1996 recibió 15 condenas, de las cuales esas siete son las que se examinarán esta semana. (Télam)
La ceremonia de apertura de las sesiones, que se realizó en el Palacio de Justicia, fue encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, quien destacó los progresos de los mecanismos de protección de los "derechos fundamentales", a los que consideró clave para el "fortalecimiento de las democracias modernas".
El ministro de Justicia, Germán Garavano, exhortó a "seguir avanzando en el fortalecimiento de los derechos humanos sin miradas políticas, partidarias ni ideologizadas" para "construir herramientas que sirvan a cada uno de los habitantes de la Nación".
Garavano ratificó el compromiso de Argentina en la "vigencia de un sistema de justicia independiente", que garantice que los derechos humanos "puedan ser ejercidos por todos los actores", incluso "los más humildes y alejados del sistema".
"Argentina fue históricamente una aliada del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y estamos convencidos de que la CoIDH puede contar con ella para seguir en esa senda", declaró por último Ferrer Mac-Gregor Poisot y consideró al país como un "ejemplo de cumplimiento" de la legislación nacional e internacional en esa materia.
Con todo, el presidente del tribunal interamericano evaluó que existe una "crisis global profunda", apoyada en la iniquidad social, y advirtió que Latinoamérica se perfila como "la sociedad más desigual del mundo con pobreza extrema, diversas formas de discriminación, violencia estructural contra la mujer y crimen organizado", entre otras cuestiones.
"Frente a esta profunda crisis institucional, económica y social es necesario fortalecer el diálogo entre los Estados y la CoIDH, de la mano de la sociedad civil y de las víctimas de las violaciones", expresó Ferrer Mac-Gregor.
Además de Garavano, Rosenkrantz y Ferrer Mac-Gregor Poisot, participaron de la ceremonia -realizada en el histórico Salón de los Derechos Humanos del Palacio- la vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, entre otros funcionarios y referentes del ámbito jurídico.
Esta semana la CoIDH sesionará por segunda vez en el país (la anterior fue en el 2006) en audiencias que se realizarán a puertas cerradas en el hotel Sheraton del barrio porteño de Retiro.
El alto tribunal internacional analizará el cumplimiento de siete sentencias que afectan al Estado argentino y se involucrará, con un viaje a Salta el viernes y sábado próximo, en un reclamo de pueblos originarios por la propiedad de unas 400 mil hectáreas de tierras ancestrales en esa provincia.
A propuesta del Ministerio de Justicia, entre las sentencias vinculadas a Argentina, se examinarán las de los casos "Garrido y Baigorria", "Torres Melladura y otros vs. Argentina", "Furlan y familiares vs. Argentina (1990), "Forneron e hija vs. Arengan" (2000); "Fontevecchia y D'Amico vs. Argentina" (1995), "Argüelles y otros vs. Argentina" (1990), "Bueno Alves vs. Argentina" (1988).
En el ámbito del tribunal de la Organización de los Estados Americanos se tramitan actualmente once casos que involucran a Argentina, que desde 1996 recibió 15 condenas, de las cuales esas siete son las que se examinarán esta semana. (Télam)
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