La Legislatura avanzo con una audiencia publica pese a cautelar que ordenaba su suspension

La Legislatura porteña realizó hoy una audiencia pública para tratar un proyecto que prevé la venta de 26 inmuebles de propiedad del Gobierno de la Ciudad, a pesar de la medida cautelar dictada ayer por el Juzgado Contencioso Administrativo 2 que ordenaba su suspensión.
La audiencia, que busca recoger las opiniones de los interesados en un tema de manera no vinculante, es el paso previo para la sanción definitiva de cierto tipo de normas, entre ellas, la enajenación de bienes públicos.
Ayer, a través de la secretaría 4ta, el juez Andrés Gallardo había hecho lugar a una presentación judicial presentada -entre otros actores- por el Observatorio del Derecho a la Ciudad y la Cátedra de Ingeniería Comunitaria suspendiendo la audiencia de hoy y las previstas hasta el 7 de septiembre próximo.
Entre los puntos objetados judicialmente se señala que, al autorizarse la realización de audiencias públicas virtuales, se excluye "a una gran parte de la ciudadanía que no cuenta con dispositivos informáticos" y la Legislatura no facilitó "un lugar al que puedan asistir presencialmente" aquellos que no cuenten con los mismos.
Promediando el encuentro, el abogado patrocinante de la acción judicial, Jonatan Baldiviezo, hizo pública la resolución y pidió a la autoridad presente que suspenda el acto ya que, al estar notificada la procuración de la Ciudad, lo propio debiera haber sucedido con la Legislatura.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y encargado de llevar adelante la reunión, el diputado Claudio Romero (Vamos Juntos), aclaró que no habían llegado notificaciones ni a su nombre ni tampoco había recibido ninguna información en tal sentido por parte del vicepresidente 1ero de la Legislatura, Agustín Forchieri, por lo que continuó con la realización de la audiencia.
Los siguientes oradores, la amplia mayoría en franca oposición con el proyecto del Ejecutivo, hicieron breves intervenciones reclamando la nulidad del acto.
Entre ellos, hizo uso de la palabra la diputada María Rosa Muiños (Frente de Todos) quién aclaró que la resolución judicial afirma haber notificado a la Legislatura a través de dos correos y que, por lo tanto, "la audiencia es nula".
En el mismo sentido opinó su compañera de bancada, Lucía Cámpora, quien afirmó que "después de una hora de audiencia" no es suficiente explicación que "a quien conduce no le haya llegado un llamado" ya que, si la Legislatura "fue notificada formalmente" la audiencia no se puede hacer.
Por su parte, el legislador Javier Andrade, interpeló directamente a Romero y le preguntó si "en nombre de la institucionalidad" no le parecería hacer un intervalo "para hacer una consulta y no dejar un mal antecedente".
Romero aclaró que se realizaron consultas y que la actividad "se encuentra dentro de la legalidad" y aclaró que hasta que "no haya una ley o una notificación en contrario" debía continuar.
"Si esto carece de valor, quédense tranquilos, no tendrá valor. En cuanto me notifiquen, yo voy a suspender. Mientras tanto, esto es un trascendido", aclaró el legislador oficialista.
En tanto, la ex diputada María José Lubertino reclamó que se considere a la audiencia como "nula de nulidad absoluta" y sostuvo que su continuidad "reviste un carácter delictivo".
Romero aclaró finalmente que su responsabilidad era continuar con la reunión y que se atendría a las consecuencias que podrían emanar de esa situación. (Télam)