Diputados del Frente Renovador/Unión por la Patria presentaron hoy un proyecto de ley para modificar el Código Penal, incorporando la figura de “estafa agravada a personas adultas mayores o en situación de vulnerabilidad”, por lo que se podría aumentar la pena hasta los ocho años de prisión.

Actualmente, el delito de ’estafa’ está regulado en el artículo 172 del Código Penal y presenta una pena que inicia con un mes de prisión y llega a los seis años como tope máximo.

“En todo el territorio operan bandas especializadas en abordar adultos mayores con el cuento del tío, los seleccionan cuidadosamente, los estafan y realmente no pasa nada. Hay que revertir esa situación con un claro mensaje desde la ley: los que estafan a nuestros adultos mayores podrán recibir penas de hasta ocho años de prisión efectiva”, sostuvo el diputado nacional Ramiro Gutiérrez, impulsor de la iniciativa.

En los fundamentos del proyecto se indica que la selección de víctimas mediante listados de abonados telefónicos y de tareas de inteligencia criminal, el uso de tecnología para la reiteración de llamadas, el empleo de datos aportados por la propia víctima, el uso de “enganches psicológicos” para dominar la vulnerabilidad, el despliegue de coautores y participes en el territorio, la fungibilidad del dinero estafado y la escasa cuantía de la pena, dan como resultado “una modalidad recurrente, lucrativa y extremadamente impune”.

La estafa para la ley penal argentina es un delito genérico de pena media.

“Argentina adhirió a la Convención de Protección de los Derechos Humanos de los Adultos Mayores, no hay lugar para dudas: estafarlos y dejarlos en la calle debe ser un delito severo”, sostuvo el diputado Gutiérrez.

En los fundamentos del proyecto de ley se tomaron en cuenta no sólo los daños materiales a la víctima sino los psicológicos, como el remordimiento, la culpa, la auto asignación de indefensión por longevidad, la depresión o el abatimiento seguido de muerte que se verifican en los adultos mayores con posterioridad a la estafa.

El proyecto de ley lleva la firma de los massistas Gutiérrez, Mónica Litza, Micaela Moran, Daniel Arroyo, Marcela Passo, Diego Giuliano y Sabrina Selva.

Télam