Belliboni: “Estamos frente a una campaña de criminalización de las organizaciones sociales”
Además, acusó al Gobierno de “estar detrás de todo esto”, que hay "una intencionalidad política" y que la Justicia "es funcional al poder".
El dirigente del Polo Obrero (PO) Eduardo Belliboni aseguró que “la Justicia es funcional al poder”, a la vez que consideró que hay “una campaña de criminalización de las organizaciones sociales" y acusó al Gobierno de “estar detrás de todo esto”.
Belliboni salió al cruce tras conocerse el fallo del juez Sebastián Casanello que lo procesó por administración fraudulenta del dinero entregado por el Estado para el programa Potenciar Trabajo y que, según el fallo, los fondos fueron desviados para fines partidarios.
"Es absolutamente falso. El Polo Obrero puso mucha más de esa plata, que fue parte del Estado para proyectos productivos y capacitación. El dinero está rendido en su totalidad y estuvo absolutamente aprobado. Vamos a apelar, porque no se tuvo en cuenta nada de lo que se presentó y hay prueba que no fue periciada”, dijo en diálogo con radio Splendid.
Además, expresó: "No hay división de poderes en Argentina, la Justicia es funcional al poder y el Gobierno de Javier Milei está detrás de todo esto. Estamos frente a una campaña de criminalización de las organizaciones sociales. Hay una intencionalidad política. Hace tres meses que estamos en una etapa de allanamientos a organizaciones sociales".
“En Argentina hubo 100 allanamientos a todas las organizaciones sociales, de 3 jueces federales, (Ariel) Lijo, Casanello y (Luis) Armella. Parece que el delito en Argentina pasa por los comedores populares y no por los bunker de narcos o la trata. Hace dos meses que hay un secuestro y no hay una sola pista ni allanamiento por el caso Loan, hay una desesperación de todo un pueblo. No pasa absolutamente nada con la Justicia", añadió
El dirigente del Polo Obrero (PO) Eduardo Belliboni fue indagado el pasado 25 de junio en los tribunales federales de Comodoro Py por la causa donde se lo investiga por presunto desvío de fondos del programa Potenciar Trabajo para financiar a su fuerza política.
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