El Gobierno negocia pliegos de jueces clave con senadores

La Casa Rosada avanza con el envío al Senado de 150 pliegos de jueces, fiscales y defensores, buscando cubrir la gran cantidad de vacantes que afectan al sistema judicial. Entre los nombres propuestos destacan los de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema, lo que revela la intención del Ejecutivo de consolidar un nuevo equilibrio de poder en el máximo tribunal.

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de confirmar oficialmente la medida. En una conferencia de prensa, Adorni sostuvo que "esta cifra supera la cantidad que se envió durante los primeros años de los mandatos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri". Asimismo, destacó que el actual Gobierno enfrenta una situación compleja, con el 30% de los juzgados sin jueces y la mitad de las fiscalías sin fiscales.

"Esperamos que el Senado de la Nación tome esta iniciativa con responsabilidad absoluta, ya que los ciudadanos no quieren más impunidad en la República Argentina", enfatizó Adorni, apelando a la importancia de cubrir estos cargos judiciales.

A su lado, el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, detalló que existen 311 vacantes de jueces, 161 de fiscales y 80 de defensores. Además, subrayó la "preocupación" expresada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que ha instado a Argentina a resolver estas vacantes para asegurar una justicia operativa y confiable.

El plan de adjudicación y la exclusión del PRO

Según fuentes del Ejecutivo, los pliegos serán enviados en tandas de 20 al Senado, y los postulantes deberán presentar declaraciones juradas y actualizar sus antecedentes antes de la revisión. Sin embargo, una de las decisiones más significativas ha sido la exclusión del PRO del proceso de negociación, marcando un nuevo distanciamiento con la principal fuerza opositora.

La organización no gubernamental Compromiso Judicial calcula que en el país hay 241 vacantes judiciales, y el proceso de selección involucra varias instancias de evaluación y negociación. Estos pliegos se envían primero al Consejo de la Magistratura, que debe elaborar una terna y remitirla al Presidente, quien selecciona un candidato que luego se somete a la aprobación del Senado, donde solo se requiere una mayoría simple.

La estrategia del gobierno para la Corte Suprema

El trasfondo de esta decisión es el deseo del Gobierno de consolidar una mayoría en la Corte Suprema, que hoy cuenta con cuatro jueces: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, aunque este último se retirará al cumplir 75 años. Esto deja a la Corte con una vacante clave que el oficialismo busca ocupar con figuras afines.

Ariel Lijo, juez federal, y Manuel García Mansilla, académico, son los candidatos para estas vacantes, nombres que han generado revuelo tanto en el ámbito político como judicial. La Casa Rosada está en una carrera contrarreloj, ya que el proceso debe completarse antes del 29 de diciembre, cuando Maqueda deje oficialmente su cargo.

Los desafíos de nombrar jueces en argentina

El mecanismo para designar jueces federales y fiscales en Argentina es un proceso complejo que involucra varias etapas de evaluación y aprobación. Los jueces federales son seleccionados mediante concurso en el Consejo de la Magistratura, organismo compuesto por representantes de diferentes poderes y sectores, incluidos diputados, senadores, jueces, abogados y académicos. Este consejo elabora una terna de candidatos que se envía al Poder Ejecutivo, donde el Presidente elige un nombre y lo envía al Senado para su votación final.

Este proceso, que aparenta ser puramente técnico, está atravesado por intereses políticos, ya que la conformación del Consejo de la Magistratura y las decisiones del Senado reflejan la correlación de fuerzas entre el oficialismo y la oposición. En este sentido, la exclusión del PRO por parte del Gobierno marca un punto de quiebre que anticipa posibles enfrentamientos legislativos en las próximas semanas.