Tensión en Aeroparque: el Gobierno echó a 15 trabajadores de Intercargo
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la desvinculación de 15 empleados de Intercargo tras la medida gremial que paralizó vuelos y generó caos en Aeroparque y Ezeiza. Patricia Bullrich advirtió con medidas drásticas contra el gremio aeronáutico.
El origen del conflicto en Intercargo
El conflicto se desató el miércoles 6 de noviembre, cuando una asamblea de trabajadores de Intercargo, convocada por la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), interrumpió las operaciones en el Aeroparque Jorge Newbery y en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Según informes de la Secretaría de Transporte, la protesta surgió luego del despido de un empleado que habría abandonado su puesto de trabajo, afectando el retiro de equipaje de cientos de pasajeros.
Los gremialistas exigieron la reincorporación inmediata del trabajador, a quien consideraron víctima de un despido arbitrario y sin justificación. Esta acción gremial desencadenó demoras y cancelaciones de vuelos de aerolíneas como Flybondi, JetSMART, Gol, Sky y Latam, afectando a miles de pasajeros que se vieron forzados a esperar o a reprogramar sus vuelos.
"No vamos a permitir estos mecanismos de extorsión"
En respuesta a las medidas gremiales, el ministro de Economía, Luis Caputo, comunicó el jueves la decisión de desvincular a 15 empleados de Intercargo, a quienes acusó de "tomar de rehenes a los pasajeros". A través de un mensaje en su cuenta de X (anteriormente Twitter), Caputo aseguró que “en la Argentina que estamos construyendo, no vamos a permitir estos mecanismos de extorsión”, subrayando la postura del gobierno de tolerancia cero ante acciones gremiales que afecten los servicios públicos.
Caputo y otros funcionarios criticaron duramente la medida sindical, calificándola como un “piquete aéreo” y destacando la necesidad de garantizar la libre operación de los servicios esenciales. Fuentes cercanas al gobierno revelaron que se estaría evaluando una interpretación del protocolo antipiquetes para aplicar medidas que aseguren la continuidad operativa de los aeropuertos.
El rol de Bullrich y las denuncias penales
Mientras los gremialistas desarrollaban la protesta, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, activó un operativo en el que intervino la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para ayudar a los pasajeros afectados. Según explicó, hubo más de diez aviones con alrededor de 1500 personas “secuestradas” que no podían descender debido a la falta de personal de rampa.
"Estamos coordinando para que la PSA pueda asistir a los pasajeros que han sido tomados de rehén por esta runfla de delincuentes", expresó Franco Mogetta, secretario de Transporte, quien acompañó a Bullrich en la gestión del conflicto. Más tarde, Bullrich presentó una denuncia penal contra los miembros de la APA e Intercargo por privación ilegítima de la libertad, extorsión y entorpecimiento del transporte aéreo, una medida inédita en los conflictos gremiales recientes.
La denuncia fue radicada en el juzgado de Julián Ercolini e incluyó el impacto del paro en los vuelos de Aeroparque y Ezeiza, donde, según fuentes judiciales, había más de 2200 pasajeros varados en las pistas.
Vuelos afectados y la reacción de las aerolíneas
El paro sorpresivo dejó una estela de complicaciones para las aerolíneas y sus pasajeros. Flybondi informó que tuvo que cancelar ocho vuelos, afectando a más de 1340 personas, y demorar otros cuatro vuelos que transportaban 649 pasajeros. JetSMART también reportó fuertes inconvenientes, con la cancelación de 18 vuelos —14 nacionales y 4 internacionales—, perjudicando a cerca de 6000 pasajeros. Latam, por su parte, registró demoras en varias de sus operaciones.
Aerolíneas Argentinas, la única empresa que cuenta con su propio servicio de rampa, no se vio afectada por las medidas de Intercargo, una ventaja que evitó que sufriera el impacto directo de la protesta.
Ultimátum a los gremios y amenazas de más despidos
Ante la escalada del conflicto, Patricia Bullrich advirtió sobre posibles sanciones aún más drásticas contra los gremios aeronáuticos. En declaraciones a LN+, la ministra describió la situación como “una tortura” para los pasajeros y afirmó que el gobierno no permitirá que los gremialistas “arruinen la vida de miles de personas” con “asambleas repentinas” que paralicen el transporte aéreo.
En paralelo, el gobierno emitió un ultimátum a los gremios que operan en Aerolíneas Argentinas, especialmente a la APA, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación de Aeronavegantes. Se les exigió presentar un plan de operatividad sin conflictos para garantizar la continuidad de la compañía estatal, con la advertencia de que, de no cumplirse, se activaría un proceso preventivo de crisis que reduciría las posibilidades de los gremios de ejecutar medidas de fuerza.
Privatización y la perspectiva futura
Este conflicto en Intercargo se da en un contexto de creciente presión sobre Aerolíneas Argentinas, ya que la gestión de Javier Milei estudia la posibilidad de privatizar la empresa estatal. Con el antecedente de las medidas de fuerza recientes y el impacto negativo en los pasajeros, la idea de privatización podría encontrar respaldo en sectores que ven con escepticismo el rol de los sindicatos en la compañía.
Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad ha reforzado la presencia policial en los aeropuertos de Aeroparque y Ezeiza, y se ha desplegado la Guardia de Infantería Aeroportuaria como medida preventiva ante posibles conflictos futuros. Con la amenaza de más despidos y un endurecimiento en la postura del gobierno, el desenlace de este enfrentamiento sindical promete ser una prueba clave en la relación del nuevo gobierno con los gremios y en el futuro del sector aeronáutico en Argentina.