"La crisis financiera ya es un problema sanitario": IOMA suma denuncias y crece la presión política
La situación del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) volvió a quedar en el centro de la agenda política bonaerense. A los reclamos de acompañantes terapéuticos, prestadores de discapacidad, afiliados y proyectos legislativos que se acumulan desde hace meses, en los últimos días se agregaron dos nuevos episodios que profundizaron las críticas hacia la obra social que conduce Homero Giles: el pedido de informes presentado por el diputado provincial Andrés De Leo (Coalición Cívica) por la deuda con el Instituto de Rehabilitación Integral IREL de Bahía Blanca y la denuncia pública del Centro de Día Cántaros, de La Plata, que advirtió que atraviesa una situación económica límite por atrasos en los pagos.
Ambos casos reavivaron una discusión que ya excede los reclamos individuales. Mientras la oposición sostiene que existe un problema estructural en el funcionamiento del organismo, desde el Gobierno bonaerense rechazan las acusaciones y aseguran que los pagos se realizan conforme a los plazos administrativos previstos.
Prestadores que dejan de atender y deudas millonarias
Uno de los hechos más recientes tuvo como protagonista al diputado provincial Andrés De Leo, presidente del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados bonaerense.
El legislador presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique la deuda que IOMA mantiene con el Instituto de Rehabilitación Integral IREL, un establecimiento de Bahía Blanca con más de seis décadas de trayectoria que, según denunció, dejó de atender afiliados de la obra social por la falta de pagos.
De Leo sostuvo que el instituto reclama montos adeudados desde octubre de 2025 y citó las declaraciones de la directora de la institución, Melina Chindi, quien aseguró que la deuda ronda los 300 millones de pesos. La directiva advirtió que la situación ya compromete el pago de salarios y el funcionamiento cotidiano del centro, que depende en un 85% de la facturación proveniente de IOMA y PAMI.
En ese contexto, el legislador pidió conocer desde cuándo se interrumpieron las prestaciones, si la medida alcanza únicamente nuevas admisiones o también tratamientos en curso, cuál es el detalle de la deuda acumulada y cuántos afiliados fueron atendidos por el establecimiento durante 2024, 2025 y 2026.
Además, reclamó que el Ejecutivo informe si existen otros centros en la Región Sanitaria I capaces de absorber las prestaciones de rehabilitación ambulatoria, internación, neurología, traumatología y atención pediátrica que brindaba IREL, y solicitó precisiones sobre un eventual plan provincial para cancelar las deudas con prestadores.
"La discontinuidad de las prestaciones transforma una crisis financiera en un problema sanitario concreto", advirtió De Leo al fundamentar la iniciativa.
Cántaros denunció que está "al borde del colapso"
El conflicto también alcanzó a la ciudad de La Plata. El Centro de Día Cántaros, ubicado en Villa Elisa y dedicado a la atención de personas con discapacidad, difundió una carta abierta dirigida al ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, en la que aseguró que la institución atraviesa una situación crítica por la demora en los pagos de IOMA.
Según denunciaron sus autoridades, la obra social mantiene pendiente el pago de prestaciones correspondientes a abril de 2026, diferencias arancelarias de enero, febrero y marzo de este año y otras obligaciones que, sostienen, se arrastran desde 2025.
Desde la institución afirmaron que durante meses continuaron brindando atención a unos 90 concurrentes utilizando recursos propios para sostener salarios, transporte, mantenimiento y funcionamiento general.
En la carta advirtieron que el esfuerzo económico "ya no puede sostenerse" y reclamaron un cronograma de pagos concreto. Incluso anticiparon que, si no recibían respuestas, iniciarían una movilización hacia la sede central de IOMA para visibilizar el conflicto.
Desde el Gobierno provincial rechazaron el planteo realizado por Cántaros. Según explicaron, el establecimiento recibió el 2 de julio un pago por 76,5 millones de pesos correspondiente a prestaciones de abril y el 21 de julio otro desembolso de 7,5 millones por diferencias arancelarias. Además, aseguraron que la facturación correspondiente a mayo sería abonada dentro de los plazos habituales.
Desde la administración bonaerense sostuvieron que las prestaciones se liquidan aproximadamente 60 días después de presentada la facturación debido a auditorías administrativas y señalaron que algunas instituciones también registran dificultades de cobro con otras obras sociales, entre ellas PAMI.
La Legislatura convirtió a IOMA en uno de los principales focos de debate
El creciente malestar por el funcionamiento de IOMA también encontró su correlato en la Legislatura bonaerense, donde durante los últimos meses se multiplicaron las iniciativas impulsadas por bloques de distintos espacios políticos. Más allá de las diferencias sobre cómo resolver el problema, la oposición coincide en un diagnóstico: la obra social atraviesa una situación que requiere respuestas urgentes del Ejecutivo provincial.
En el Senado, la radical Nerina Neumann presentó un proyecto para declarar la emergencia del organismo y un pedido de informes para conocer el estado financiero de IOMA, su ejecución presupuestaria, el plan de contingencia y las medidas previstas para garantizar la continuidad de las prestaciones.
En paralelo, el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Carlos Curestis, propuso intervenir la obra social y declarar la emergencia sanitaria, económica, financiera y operativa, mientras que los senadores radicales Alejandra Lordén, Priscila Minnaard y Valentín Miranda impulsaron la creación de una comisión bicameral de seguimiento y normalización del instituto.
En Diputados, el reclamo también escaló. El jefe del bloque UCR + Cambio Federal, Diego Garciarena, junto a Silvina Vaccarezza, Matías Civale, Andrés De Leo, Alejandro Rabinovich, Fernando Rovello y otros legisladores opositores promovieron la interpelación del presidente de IOMA, Homero Giles, además de acompañar el pedido de una sesión especial para debatir exclusivamente la situación del organismo.
Esa convocatoria reunió 47 firmas de diputados pertenecientes al PRO, la UCR, La Libertad Avanza, la Coalición Cívica, Unión y Libertad y otros bloques, aunque las iniciativas finalmente no prosperaron porque, al no contar con dictamen de comisión, requerían una mayoría especial de dos tercios.
A ese escenario se sumó el Frente de Izquierda. Los diputados Mónica Schlotthauer y Christian "Chipi" Castillo presentaron un proyecto para declarar la emergencia prestacional, económica y financiera de IOMA por 180 días y propusieron una reforma integral del organismo. La iniciativa plantea reforzar su autarquía financiera mediante la transferencia directa de los aportes de los afiliados, conformar un directorio elegido por voto de los trabajadores y elaborar un relevamiento exhaustivo de las deudas con prestadores para establecer un plan de regularización que priorice a los sectores más afectados.
En ese contexto, los nuevos reclamos del Instituto IREL de Bahía Blanca y del Centro de Día Cántaros de La Plata volvieron a alimentar el debate parlamentario y aportaron nuevos argumentos a quienes exigen que el Gobierno provincial explique el estado financiero de la obra social y el cronograma de cancelación de las deudas con prestadores.