IOMA, bajo máxima presión: la oposición amplía el cerco con nuevos proyectos y denuncias

La crisis del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) volvió a escalar en la política bonaerense y ya se convirtió en uno de los principales focos de conflicto para la gestión de Axel Kicillof. Lo que durante meses se expresó a través de reclamos de afiliados, conflictos con prestadores y denuncias por demoras en la atención derivó ahora en una ofensiva legislativa que reúne a casi todo el arco opositor y suma nuevos proyectos para declarar la emergencia de la obra social, modificar su funcionamiento y exigir explicaciones al Gobierno provincial.

El último capítulo de esa avanzada llegó de la mano del Frente de Izquierda de los Trabajadores-Unidad (FIT-U). Los diputados bonaerenses Mónica Schlotthauer y Christian "Chipi" Castillo presentaron un proyecto de ley para declarar la emergencia prestacional, económica y financiera del IOMA durante 180 días, con posibilidad de prórroga, y propusieron una profunda reforma del organismo que preside Homero Giles.

La iniciativa amplía una discusión que ya venían impulsando otros sectores de la oposición y que en las últimas semanas se fortaleció con proyectos del radicalismo, pedidos de informes, reclamos para convocar a una sesión especial en la Cámara de Diputados y duras críticas formuladas por dirigentes de la UCR, entre ellos el senador nacional Maximiliano Abad.

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El proyecto impulsado por Schlotthauer y Castillo sostiene que el Instituto atraviesa una situación crítica marcada por la "caída y ausencia de cobertura prestacional en distintos distritos, el desfinanciamiento, el vaciamiento estructural, la deuda acumulada con prestadores individuales e institucionales y la vulneración del principio de autarquía económica y financiera".

En ese marco, los legisladores proponen declarar la emergencia por seis meses para garantizar la continuidad de tratamientos esenciales, prohibir cobros indebidos y copagos no autorizados e implementar medidas urgentes en los municipios donde la oferta de prestaciones resulta insuficiente.

Sin embargo, la propuesta no se limita a una respuesta coyuntural. También incorpora modificaciones de fondo que apuntan a cambiar la administración y el esquema de financiamiento de la obra social de los trabajadores estatales bonaerenses.

La disputa por el manejo de los recursos

Uno de los principales ejes del proyecto apunta a reforzar la autarquía económica y financiera del IOMA. Para ello, establece que los aportes descontados a los afiliados y las contribuciones patronales del Estado provincial deberán transferirse directamente a las cuentas del Instituto y no podrán ser retenidos ni administrados por ningún organismo del Poder Ejecutivo.

La iniciativa fija como plazo máximo el día 15 de cada mes para concretar esas transferencias y prevé la aplicación automática de intereses resarcitorios en caso de incumplimiento.

En los fundamentos, Schlotthauer y Castillo cuestionaron el manejo histórico de esos recursos por parte de los distintos gobiernos provinciales.

"Todos los gobiernos han favorecido que los aportes de las y los afiliados vayan a una caja de la que pueda disponer libremente el Ejecutivo, en lugar de ser transferidos directa e inmediatamente al Instituto", sostuvieron.

Los diputados también reclamaron que la Provincia informe cuál es la deuda real derivada de aportes no girados al organismo y cuál es el estado de las obligaciones que mantienen los municipios adheridos al sistema.

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Una reforma para cambiar la conducción del Instituto

Otro de los puntos centrales del proyecto propone modificar la estructura del Directorio del IOMA. Actualmente, el organismo está conducido por siete integrantes, de los cuales cuatro son designados por el Poder Ejecutivo bonaerense y los tres restantes representan a distintos sectores estatales.

El Frente de Izquierda plantea reemplazar ese esquema por un Directorio integrado por 24 representantes elegidos mediante voto directo, universal y secreto de los afiliados. Según la iniciativa, 22 integrantes surgirían del padrón general del Instituto y los dos restantes representarían a los trabajadores universitarios incorporados como afiliados voluntarios colectivos.

El proyecto también garantiza representación para docentes, auxiliares de escuelas públicas, trabajadores de la administración central, agentes del sistema sanitario, empleados del propio IOMA y representantes de los poderes Legislativo y Judicial.

Para Schlotthauer y Castillo, la democratización del organismo permitirá garantizar que los recursos "sean efectivamente destinados a la salud de los afiliados y no a los intereses coyunturales del Ejecutivo de turno".

La iniciativa también incorpora además modificaciones al régimen obligatorio de afiliación. Entre otros puntos, establece que legisladores provinciales, jueces, el procurador y el subprocurador general de la Suprema Corte bonaerense deban realizar aportes al IOMA en las mismas condiciones que el resto de los trabajadores estatales.

El proyecto además ordena elaborar un relevamiento integral de la deuda que mantiene el Instituto con prestadores individuales e institucionales, discriminando montos, períodos y distritos, además de poner en marcha un plan de regularización que priorice a los sectores más vulnerables, como acompañantes terapéuticos, transportistas, enfermeros, psicólogos, kinesiólogos y pequeños prestadores independientes.

Pero la propuesta del FIT-U no aparece aislada. En las últimas semanas, la situación del IOMA se transformó en uno de los pocos temas capaces de reunir a prácticamente toda la oposición bonaerense, que comenzó a presentar iniciativas con distintos enfoques pero un diagnóstico común: el organismo atraviesa una crisis que requiere respuestas urgentes.

Días antes, la senadora provincial de la UCR Nerina Neumann presentó un proyecto para declarar la emergencia de la obra social y un pedido de informes al Ejecutivo con el objetivo de conocer el estado financiero del Instituto, la ejecución presupuestaria, el plan de contingencia previsto para este año y las medidas destinadas a garantizar la continuidad de las prestaciones.

La legisladora sostuvo que las denuncias por dificultades en la atención, cortes de servicios, problemas con convenios y deudas con prestadores justifican la adopción de medidas excepcionales. "Hoy IOMA se encuentra en crisis, con deudas millonarias, cortes en la atención y un conflicto que no cede, mientras que su titular, Homero Giles, no da la cara", afirmó al presentar la iniciativa.

Además, puso el foco en una preocupación compartida por numerosos intendentes bonaerenses: la deuda que la obra social mantiene con municipios que atienden afiliados en hospitales públicos. Según advirtió, los atrasos en los pagos impactan directamente sobre las finanzas locales y complican el sostenimiento de los sistemas de salud municipales.

El reclamo escala en la Legislatura

La presión sobre el Ejecutivo bonaerense también se trasladó a la Cámara de Diputados. Semanas atrás, 47 legisladores de distintos bloques opositores solicitaron la convocatoria a una sesión especial para debatir exclusivamente la situación del IOMA y reclamar respuestas sobre el funcionamiento del organismo.

El pedido reunió las firmas de diputados del PRO, la UCR, UCR + Cambio Federal, La Libertad Avanza, la Coalición Cívica, Unión y Libertad y otros espacios, entre ellos dirigentes como Alejandro Rabinovich, Diego Garciarena, Alejandra Lordén, Agustín Romo, Martín Rozas y Andrés De Leo.

En los fundamentos de la solicitud, los legisladores advirtieron que las denuncias por dificultades para acceder a medicamentos, demoras en las autorizaciones, conflictos con prestadores y problemas para garantizar tratamientos justifican un tratamiento específico por parte de la Legislatura.

"No puede resultar indiferente para esta Honorable Cámara que millones de bonaerenses manifiesten sentirse abandonados por una obra social cuya finalidad esencial es garantizar el acceso efectivo a la salud", señalaron.

Si bien el Frente de Izquierda no había firmado ese pedido de sesión especial, sus diputados sí dieron quórum para habilitar el debate parlamentario sobre la crisis del IOMA, un dato que terminó de mostrar que el tema logró reunir a sectores opositores con posiciones políticas muy diferentes.

Abad endureció las críticas contra Kicillof

El conflicto también escaló al plano nacional. En los últimos días, el senador nacional por la provincia de Buenos Aires y presidente de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, responsabilizó directamente al gobernador Axel Kicillof por la situación que atraviesa la obra social.

"IOMA atraviesa una crisis profunda marcada por abandono, ineficiencia y maltrato hacia sus beneficiarios, afectando a médicos, policías y educadores bonaerenses", sostuvo el dirigente radical.

Para Abad, el deterioro del organismo refleja problemas estructurales de la administración provincial y constituye un incumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno.

"El abandono es la palabra clave, la constante, pero el denominador común es el sufrimiento. No solo el sufrimiento por la enfermedad que padecen, sino el sufrimiento por una situación en la cual hay un destrato institucional profundo para con todos estos beneficiarios", afirmó.

En la misma línea, aseguró que "IOMA se encuentra asfixiada por la desaprensión, por la ineficiencia, por la insensibilidad y el maltrato a millones de bonaerenses" y concluyó con una crítica directa al mandatario provincial: "El fracaso de IOMA es el fracaso de una manera de gobernar la provincia. El responsable de la crisis de IOMA en la provincia de Buenos Aires es el gobernador Axel Kicillof".

La respuesta del Gobierno

Frente al incremento de los cuestionamientos, desde el Gobierno bonaerense rechazaron las acusaciones y defendieron la gestión del Instituto.

Días atrás, el ministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak, pidió "responsabilidad" al momento de abordar públicamente la situación del IOMA y salió en respaldo del organismo que conduce Homero Giles, quien se mantiene en el centro de los cuestionamientos impulsados por distintos sectores de la oposición.

Mientras tanto, continúan acumulándose en la Legislatura pedidos para que el titular de la obra social concurra a brindar explicaciones sobre la ejecución presupuestaria, las deudas con prestadores, la cobertura en áreas sensibles como discapacidad y salud mental, el estado de los convenios y los mecanismos de administración de los recursos.