Alberto Fernández, más cerca de declarar por violencia contra Yáñez
La Cámara Federal confirmó al fiscal Ramiro González en la causa contra Alberto Fernández por violencia de género hacia Fabiola Yáñez. ¿Avanza la indagatoria?
La Cámara Federal porteña rechazó este 8 de noviembre la apelación interpuesta por la defensa del expresidente Alberto Fernández, quien buscaba apartar al fiscal Ramiro González de la investigación que lo involucra por presunta violencia de género contra su expareja, Fabiola Yáñez. Esta decisión significa que González continuará al frente de la causa, lo cual acerca a Fernández a una eventual declaración indagatoria, un paso que será evaluado por el juez federal Julián Ercolini.
El fallo de la Cámara y la confirmación del fiscal Ramiro González
El tribunal de apelaciones, en una resolución firmada por el juez Eduardo Farah, estableció que el recurso de la defensa fue “mal concedido”, argumentando que “la resolución del juez que rechaza la recusación del fiscal no resulta recurrible”, salvo excepciones muy específicas, que no aplicaron en este caso.
De acuerdo a Farah, el pedido de la defensa no fue fundamentado de manera suficiente como para justificar un daño irreparable, ya que, si bien la fiscalía posee amplias facultades en la instrucción del proceso, no es equivalente a la imparcialidad que se le exige al juez. Así, González sigue adelante en la investigación, mientras el magistrado evaluará su pedido de indagatoria contra Fernández.
Un dictamen que apunta a años de violencia física, psicológica y económica
El 4 de noviembre, el fiscal Ramiro González había presentado un dictamen en el que solicitaba que Alberto Fernández sea llamado a declarar en calidad de imputado por diversos delitos. Entre los cargos que se le atribuyen están lesiones graves y leves agravadas por haber sido cometidas en contexto de violencia de género y amenazas coactivas. La fiscalía sostiene que Fernández ejerció violencia sistemática hacia Yáñez durante al menos ocho años, incluyendo desde el inicio de su relación.
En este contexto, la querella presentó pruebas que involucran a testigos clave y documentaciones médicas y psicológicas que, según González, comprueban los episodios de violencia física y psicológica. A su vez, las declaraciones testimoniales de allegados a la expareja, junto a registros telefónicos y documentación de clínicas, respaldan la narrativa de un entorno abusivo y reiterado.
Pruebas y testimonios que refuerzan la acusación contra Fernández
Las pruebas recabadas por la fiscalía incluyen declaraciones de personas cercanas a Yáñez, como su madre y hermana, así como también personal de la quinta de Olivos y figuras públicas. Estos testimonios describen la violencia física, fundamentalmente en la modalidad de “golpes a mano abierta”, que habrían sido recurrentes durante el mandato de Fernández, así como episodios de hostigamiento psicológico.
Entre los momentos específicos que la fiscalía menciona están episodios de violencia física, como un golpe en el ojo de Yáñez en 2021 y un zamarreo que provocó un hematoma en el brazo, lesiones que quedaron registradas en imágenes. La evidencia también incluye informes psicológicos que describen el daño emocional, depresión y sentimientos de humillación y desconfianza en Yáñez a raíz de las presuntas agresiones.
Violencia económica y amenazas para evitar la denuncia
Además, el dictamen apunta a presuntos actos de manipulación económica, donde Fernández habría restringido el acceso de Yáñez a recursos económicos, y amenazas verbales para evitar que la ex primera dama presentara denuncias. La fiscalía destaca que, según las pruebas recabadas, esta situación derivó en una coacción que mantuvo a Yáñez en un estado de aislamiento en Madrid, donde habría sido advertida de “hablar lo menos posible” para proteger su imagen pública y su bienestar económico.
De confirmarse la acusación, el expresidente podría enfrentar una pena de hasta 18 años de prisión en un eventual juicio oral. La decisión final sobre la indagatoria de Fernández está ahora en manos del juez Ercolini, quien deberá definir si existen pruebas suficientes para convocar al exmandatario a declarar.
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